Responder con rapidez y con transparencia

Una pregunta fácil de enunciar, pero no de responder. Vivimos en un Estado democrático de derecho, y cabría esperar que las normas y leyes escritas ayudaran a hacerlo, y ayudan, pero no resuelven. Mucho menos ponen fin a una polémica como la que se ha desatado en torno al último caso de corrupción, el caso Koldo. Si incluso la responsabilidad penal derivada de códigos y leyes, y aplicada por los jueces, independientes, está sujeta a interpretación, como lo están las propias leyes, qué no va a decirse, discutirse y arrojarse unos a otros a la cara cuando hablamos de responsabilidad política. Porque en este caso, aunque conocemos los mecanismos por los cuales gobiernos y políticos deberían rendir cuentas, horizontal y verticalmente, en un sistema democrático, lo de la responsabilidad “política” siempre va más allá, porque remite a la siempre compleja relación entre ética y política.

Max Weber escribió en La política como vocación, en 1919, en momentos extremadamente convulsos de la recién nacida República democrática de Weimar, acerca de la ética de la convicción, la de los políticos apasionados que actúan primando sus ideales, y la ética de la responsabilidad, la de quienes lo hacen ajustándose a la realidad complicada y a las consecuencias de sus actos. No era su intención contraponer una a la otra, sino convertirlas en complementarias, junto a la mesura, la tercera de las virtudes que definirían a un “político de vocación”: el que vive para la política y no de la política.

¿Nos ayuda Weber a responder a la pregunta inicial? Sí, pero podemos añadir otros nombres, convertidos en clásicos por la cantidad de veces que los citamos: Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, autores de Cómo mueren las democracias. En su preocupación por la fragilidad actual de las democracias explican la importancia de dos normas no escritas, porque no es suficiente la declaración de lealtad a la Constitución: la tolerancia mutua, es decir, aceptar al adversario como competidor, siempre que respete las reglas constitucionales; y la contención institucional, es decir, evitar acciones que, si bien respetan la letra de la ley escrita, vulneran su espíritu. La defensa de la democracia, escriben en algún momento, es un “trabajo extenuante”, algo en lo que también ha insistido últimamente Timothy Snyder cuando dice que la democracia no es algo que esté ahí fuera, ajena a nosotros porque nos viene dada. No deberíamos tomarla como un sustantivo sino como un verbo, como algo “que se hace” a diario y cuya supervivencia no está garantizada, porque es responsabilidad de todos.

¿Hace falta un viaje tan largo para responder a la pregunta? A mí sí me ha hecho falta, y lo que sigue es mi opinión. No hablo de quienes como miembros de una trama acaben teniendo que asumir responsabilidades penales, sino de la responsabilidad

“política” de quienes toleraron o no vieron lo que estaba ocurriendo, cuando deberían haberlo hecho. Un “político de vocación”, como lo llamó Weber, sabe cómo asumir esa responsabilidad y cuándo debe cesar en su cargo, sin tener que esperar a la finalización de un sumario. Este Partido Socialista hizo de la lucha contra la corrupción su seña de identidad cuando llegó al poder, precisamente cuando se dilucidaba un caso de corrupción. Ahora no vale el “y tú más”, por mucho que esté cargado de razones, sino que es imprescindible responder con rapidez y con transparencia.

Pero la ética y la responsabilidad política también atañen a quienes han visto en este caso una nueva oportunidad para ajustar cuentas con un adversario al que niegan legitimidad de manera reiterada, disparando siempre cuanto más arriba mejor, para cobrarse una pieza mayor, aunque no haya fundamento para ello. Lo hacen saltándose cualquier contención verbal o institucional, y sin que cuente en su haber una asunción de responsabilidades como la que están demandando. Ahora me refiero al Partido Popular, porque para la buena salud de una democracia y para restablecer la confianza de los ciudadanos, tan importante es lo que hace, o no hace, el Gobierno, como lo que hace, o no hace, la oposición.