Dos contratos bajo sospecha con procedimientos similares
En Baleares, la compra de material anticovid acabó con una reclamación tres años después de detectar irregularidades. En Madrid, en juicio por estafa
El PP lleva días empeñado en pedir la dimisión de Francina Armengol como presidenta del Congreso a cuenta del contrato de compra de mascarillas a favor de la empresa Soluciones de Gestión, recomendada por Koldo García, el entonces asesor principal del ministro José Luis Ábalos que supuestamente cobró comisiones ilegales por estas gestiones. El PSOE replica que un caso parecido sucedió en el Ayuntamiento de Madrid: la adjudicación multimillonaria a dos intermediarios, Luis Medina y Francisco Luceño, de un contrato de material anticovid que acabó en los tribunales por un delito de estafa. Hay similitudes y diferencias entre ambos episodios de corrupción en torno a la venta de mascarillas en los primeros meses de pandemia. La información que acompaña este análisis se basa en los documentos administrativos y judiciales que existen sobre ambas operaciones.
Compra a dedo por recomendación de asesores y familiares. Baleares compró 1.400.000 mascarillas por 3,7 millones (a 2,5 euros la unidad) a una empresa sin apenas actividad y sin experiencia en el sector, Soluciones de Gestión, controlada por el grupo Cueto (especializado en actividades de comercio internacional). El Gobierno de la socialista Francina Armengol explica que desde el Ministerio de Transportes —supuestamente el asesor Koldo García— les informaron sobre una empresa que vendía mascarillas y que había contratado con Puertos del Estado. Sostienen que nunca supieron que el asesor del ministro cobraba comisiones ilegales a cambio de los contratos que la empresa lograba de las administraciones socialistas.
El 4 de mayo, el director general del Servicio de Salud balear firmó por el trámite de emergencia la contratación a dedo de esa empresa y de otras cuatro firmas: sin concurso y sin condiciones sobre el precio final a pagar.
El 20 de marzo de 2020, el Ayuntamiento de Madrid recibió una oferta de distinto material de protección por parte de Luis Medina y Alberto Luceño, intermediarios sin experiencia en ese sector. Medina ofreció el material al Ayuntamiento de Madrid a través de un familiar del alcalde, José Luis Martínez Almeida, según la Fiscalía Anticorrupción, y acabó vendiéndolo por casi 15 millones que el Ayuntamiento tuvo que adelantar.
Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos, se lo explicó así al fiscal: “Había decenas de llamadas. ¿Quién me puso en contacto con Rafael Medina? Esa parte no la recuerdo, podía haber venido de un concejal, de otro coordinador, a mí me habla tal y lo hago”. El Ayuntamiento contrata el material sin concurso y sin condiciones sobre el precio final a pagar: 6,5 euros por mascarilla; hasta 2 euros por guantes de nitrilo (que Elena Collado redujo a 0,4 euros tras reclamar porque había visto los mismos guantes en un hipermercado mucho más baratos) y 17 euros por cada test rápido (que la coordinadora de presupuestos quiso devolver en parte sin mucho éxito). Como en el caso del Ministerio de Transportes, que hizo la compra a través de un organismo dependiente, Puertos del Estado, el Ayuntamiento de Madrid aprobó la adquisición, de madrugada, en un consejo de administración de su Empresa Mixta de Servicios Funerarios.
Denuncia de irregularidades. El Servicio de Salud balear remitió muestras de todas las mascarillas compradas al Ministerio de Trabajo para que las analizara en sus laboratorios. Así descubrió a primeros de junio de 2020 que las mascarillas compradas en China por Soluciones de Gestión no cumplían las condiciones de calidad de las FPP2. Pese a ello, el subdirector general de Compras firmó a la empresa un certificado de calidad algunos meses después (agosto de 2020). Hasta marzo de 2023, el mismo funcionario no inició los trámites para reclamar la devolución de 2,6 millones de los 3,7 millones que pagaron. En esa reclamación se explicaba que las mascarillas recibidas eran, por su calidad, quirúrgicas y no FFP2. El Ayuntamiento de Madrid, a diferencia de lo que hizo con otra estafa de mascarillas perpetrada
Coordinadora de Presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid
por una consultora de Nueva York a la que denunció en los juzgados, no puso en marcha ningún expediente de reclamación contra Luceño y Medina. Collado recuerda que las mascarillas enviadas por la consultora de Nueva York “eran de mala calidad” y por eso lo pusieron “en manos de la Policía Municipal y acabó en una denuncia”. Collado declaró al fiscal: “De 90 operaciones me ha salido mal esa, bendito sea”. En relación a la mercancía vendida por Luceño y
Medina, la coordinadora municipal de Presupuestos se quejó al advertir en un hipermercado de Madrid que los guantes de nitrilo costaban 0,08 euros mientras el Ayuntamiento había pagado a los intermediarios 2,5 euros. Al final, Luceño aceptó devolver cuatro millones de dólares al Ayuntamiento, pero siguió cobrando por los guantes 0,4 euros, cinco veces más del precio al que se compraban en la ciudad. Collado también contactó con Luceño para devolver 60.000 test de los 250.000 (todos defectuosos, según la Fiscalía) que había recibido con menos sensibilidad de la permitida. “No consta que hasta la fecha”, escribió la Fiscalía dos años después (abril de 2022), “se hayan enviado nuevos reactivos”. Quien destapa la estafa al Ayuntamiento es el Servicio de Blanqueo de Capitales del Banco de España a través de un informe que llega a la Fiscalía Anticorrupción el 23 de julio de 2020.
“Había decenas de llamadas, no recuerdo quién me puso en contacto con Medina” Elena Collado
En ambos casos se contrató a empresas sin experiencia en el sector
El Ayuntamiento de la capital no llevó a cabo ninguna reclamación
Petición de dimisión del PSOE a Almeida y del PP a Armengol. El PSOE pidió la dimisión de Almeida cuando conoció en 2022 que la Fiscalía presentaba querella contra Luceño y Medina. “Ha llegado la hora de que empiece a pensar que lo mejor es largarse a su casa. Nos sigue pareciendo sorprendente que no se enterara de nada”. El PP solicitó el lunes la dimisión de Armengol.
Una reclamación amenazada de caducidad frente a un juicio pendiente por estafa. El Gobierno de Armengol, a través del Servicio de Salud balear, puso en marcha una reclamación en julio de 2023. El PSOE acusa al actual Ejecutivo balear del PP de haber dejado caducar el expediente sin que se puedan reclamar los 2,6 millones; el PP lo niega y sostiene que acudirá a la vía penal si es necesario para recuperar el dinero. En Madrid, la Fiscalía Anticorrupción logró llevar a juicio a Luceño y Medina. Reclama entre 9 y 15 años de cárcel para ambos.