El PP intenta diferenciar sus casos de los que afectan a los socialistas
Los populares usan un listón flexible para compras controvertidas en administraciones del PP y uno rígido para las del PSOE
El PP ha lanzado una ofensiva sin cuartel contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol (PSOE), de quien exige su dimisión por un contrato del Gobierno de Baleares que ella presidía de compra de mascarillas a favor de la empresa Soluciones de Gestión, recomendada por Koldo García, el entonces asesor principal del que era ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que supuestamente cobró comisiones ilegales por estas gestiones. Los populares insisten en que Armengol debe asumir responsabilidades políticas por un caso que presenta similitudes con otro episodio de corrupción en la venta de mascarillas en la pandemia que afectó al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP) y, de forma más tangencial, con el relacionado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP). El PP sostiene que las diferencias son “obvias y clarísimas” entre unos y otros casos, aunque el listón que aplica para juzgarlos es flexible para las administraciones populares y rígido para las del PSOE.
Los populares se han afanado en tratar de diferenciar el episodio en el Ayuntamiento de la capital del que afecta al Gobierno de Baleares, aunque ambos presentan paralelismos (y también diferencias). En ambos casos, las administraciones compraron a dedo por recomendación de asesores y familiares. Baleares compró 1.400.000 mascarillas por 3,7 millones de euros (a 2,5 euros la unidad) a una empresa sin apenas actividad y sin experiencia en el sector, Soluciones de Gestión, recomendada por el exasesor de Ábalos. El Ayuntamiento de Madrid compró por su parte distinto material de protección a Luis Medina y Alberto Luceño, intermediarios sin experiencia en ese sector. Medina ofreció el material al Ayuntamiento de Madrid a través de un familiar del alcalde, según la Fiscalía Anticorrupción, y acabó vendiéndolo por casi 15 millones de euros que el Ayuntamiento tuvo que adelantar (a 6,5 euros la unidad de mascarilla, un sobrecoste mayor que el de Baleares).
El Gobierno de Armengol mandó analizar el material y descubrió en 2020 que las mascarillas no cumplían las condiciones de calidad que había requerido, pero no reclamó a la empresa la devolución del dinero hasta marzo de 2023. El Gobierno de Almeida no inició ningún expediente de reclamación a la empresa de Medina y Luceño tras recibir también mercancía de inferior calidad a la comprometida. El caso acabó en los tribunales con Anticorrupción acusando de un delito de estafa al Ayuntamiento a los dos intermediarios, una causa en la que el Consistorio se ha personado.
Pese a esas similitudes, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, defendió ayer la actuación del Gobierno de Madrid mientras no dio tregua a Armengol. Al igual que ha hecho Armengol, Almeida se declaró una víctima de la estafa de los dos empresarios que se lucraron durante la pandemia.
El episodio de Armengol también recuerda, en la música, al del hermano de Ayuso, quien cobró durante la pandemia una comisión de 234.000 euros por la venta de mascarillas al Gobierno de la Comunidad de Madrid en una adjudicación a dedo a una empresa sin relación con el sector sanitario. El caso, no obstante, no tuvo recorrido judicial porque la Fiscalía no vio delito, si bien presenta problemas éticos. Tellado también defendió ayer la actuación del Gobierno de Ayuso. “Sobre ese asunto han recaído dos sentencias firmes, dos autos judiciales, que archivaron esa investigación. Hoy lo que sabemos es que aquí hay un caso de corrupción clara reconocido por el propio PSOE en el momento que le han exigido la dimisión inmediata al señor Ábalos. Por lo tanto, creo que estamos ante circunstancias radicalmente distintas”, subrayó.
Hubo presunta compra a dedo en organismos en manos de ambos partidos
El episodio balear recuerda al del hermano de Isabel Díaz Ayuso