Culpables de homicidio en EE UU por la matanza cometida por su hijo Las asociaciones que defienden el control de armas celebran la decisión
La condena al matrimonio que le regaló al adolescente el arma con la que perpetró una masacre en Míchigan sienta un precedente que preocupa a los expertos
El campo de tiro Accurate, en Jackson (Míchigan), es un negocio familiar donde los menores son bienvenidos; la ley federal estadounidense les prohíbe poseer armas, pero no practicar con una en un lugar como ese. El 27 de noviembre de 2021, Ethan Crumbley, entonces de 15 años, entró con su madre, Jennifer, en una de las galerías de tiro. Era el fin de semana de Acción de Gracias, y querían probar la pistola Sig Sauer SP2022 de 9mm que el padre, James, le acababa de comprar al chico. Fue su regalo de Navidad por adelantado.
Madre e hijo gastaron solo la mitad de las 100 balas que les vendieron aquella mañana. Tres días después, el muchacho metió la pistola y la munición restante, ocultas en su mochila, en su instituto en Oxford, al norte de Detroit, mató a cuatro de sus compañeros, cuatro estudiantes de entre 14 y 17 años, e hirió a otras siete personas. Hoy, la familia al completo está en la cárcel. Ethan, sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los padres, a la espera de conocer su pena: fueron hallados culpables en dos juicios separados de cuatro delitos de homicidio imprudente, uno por cada una de las víctimas. Les pueden caer hasta 15 años de cárcel a cada uno.
La condena a Jennifer y James Crumbley ha merecido el calificativo de “histórica” en EE UU. Sienta un precedente que podría abrir una nueva era en la responsabilidad de los progenitores en el daño causado por sus hijos porque les atribuye el mismo delito. También ha dado pie a un interesante debate jurídico, que enfrenta la urgencia de encontrar maneras de mitigar los efectos de la epidemia de la violencia armada con un argumento que resume bien una máxima clásica entre los abogados en este país: “Los casos difíciles dan lugar a malas leyes”. Dicho de otra manera: ¿hasta dónde es buena idea asumir la jurisprudencia que surge de un ejemplo con tantas excepcionalidades como el de la matanza del instituto de Oxford?
Esas particularidades quedaron patentes durante los juicios. En ellos, la fiscal demócrata Jennifer McDonald, exprofesora y madre de cinco hijos, cumplió su promesa personal, hecha a los pocos días de la tragedia, de responsabilizar a los Crumbley. Probó que los padres desatendieron las señales de que Ethan estaba sufriendo problemas de salud mental: envió textos de auxilio a su madre en los que advertía de que sentía “presencias” cuando estaba solo en la casa familiar. Jennifer, a la que pintaron como a una mujer abstraída en una aventura extramatrimonial y en el cuidado de sus dos caballos, respondía a esos textos con bromas y sarcasmos.
El matrimonio no solo no lo llevó al médico (tal vez porque no lo cubría el seguro), sino que el padre le compró la pistola, de la que el muchacho alardeó en Instagram con una foto y una frase: “Acabo de agenciarme esta preciosidad”. Al lunes siguiente, un profesor lo sorprendió mirando en clase anuncios de munición, y la dirección del instituto avisó a los padres. En el sumario, consta el intercambio de mensajes que siguió entre madre e hijo y que acaba con ella escribiendo: “LOL [carcajadas]. No estoy enfadada contigo, pero que la próxima vez no te cojan”.
Aunque lo más grave llegó el día de autos. El chico dibujó en su cuaderno de ejercicios escolares a un hombre herido de un disparo, una bala con la frase “sangre por todas partes” y una pistola. Al lado, puso: “Los pensamientos no paran. Ayudadme”. El colegio convocó a los Crumbley a una reunión en la que estos decidieron que no merecía la pena llevarse al muchacho a casa; tampoco revisaron su mochila ni advirtieron del regalo de Navidad. Al rato, este entró en el baño, sacó la pistola y disparó a quien se fue encontrando en los pasillos.
Cuando a primera hora de la tarde las alarmas empezaron a saltar en los móviles de la tranquila comunidad de Oxford, Jennifer escribió a su hijo: “Ethan, no lo hagas”. El padre, por su parte, corrió a comprobar lo que se temía, que el arma no estuviera donde la había guardado sin llave, y llamó a la policía para advertir de que el tirador, en ese momento aún activo, era su hijo. Después, los investigadores descubrieron que la 9mm venía de fábrica con un candado que nunca salió de la bolsa de plástico. En las horas siguientes, el matrimonio vació sus cuentas y abandonó el pueblo, para evitarse, dijeron después, el acoso de los medios y la ira de sus vecinos. La policía los encontró cuatro días después en Detroit. Y ese fue otro de los argumentos de la acusación: ¿qué clase de personas abandonan a un hijo en un momento así?
Ante el demoledor relato, la opinión pública y las asociaciones a favor del control de armas han recibido los veredictos de culpabilidad como una buena noticia. “Los padres y los propietarios de armas tienen la responsabilidad de prevenir el acceso de los menores, y eso es lo que subrayan estas sentencias”, opina Nick Suplina, vicepresidente de Everytown for Gun Safety. Barden confía también en que el caso de Ethan contribuya a cambiar las cosas. En Míchigan ya lo ha hecho: el Estado ha aprobado una ley que no existía en el momento de la matanza y que obliga a los adultos a guardar sus pistolas bajo llave.
Moralmente culpables
En el campo del derecho, la celebración no ha sido tan unánime. Hay acuerdo en que la Fiscalía presentó argumentos convincentes para considerar a los Crumbley moralmente culpables, pero también dudas sobre la contradicción de que decidiera procesar a Ethan como un adulto para poder aplicarle la pena máxima y que después hiciera responsables a Jennifer y a James. Pero por encima de lo demás, preocupa el alcance en la aplicación del precedente recién sentado.
“Lo primero que enseñas a tus alumnos de derecho penal es que cuando un agente responsable
Míchigan ahora obliga a los adultos a guardar sus pistolas bajo llave
Especialistas en derecho temen efectos negativos para las minorías
actúa, tú no puedes ser responsable. También, que a veces la ley cambia. Y esta es una de esas veces”, aclara Ekow N. Yankah, profesor de la Universidad de Míchigan, experto en filosofía del derecho. “Hay que reconocerle a la fiscal que convenció a 24 ciudadanos, 12 por cada uno de los jurados populares, de que eran responsables no de lo que hizo su hijo sino de lo que hicieron ellos. O, lo que es más importante, de lo que no hicieron. Si soy completamente sincero, si yo hubiese sido uno de esos jurados creo que habría votado lo mismo”.
Técnicamente, la decisión crea un precedente que solo cabe aplicar en Míchigan, pero nada impide que un abogado en Indiana u Ohio argumente a partir de él. “Los precedentes crean leyes, y si disponen de uno, los fiscales lo usan”, advierte Yankah. “Conceder a estos más poderes para procesar a más personas no es buena idea, especialmente en Estados Unidos, donde se calcula que un 95% de los casos nunca llegan a juicio, porque los acusados se declaran culpables”. “Supongamos”, continúa el experto, “que a un padre que no sospechaba que su hijo estaba a punto de hacer algo terrible le dicen: ‘Si aceptas tres años de cárcel, no te llevo a juicio. Si no, te podrían caer 15’. Es muy probable que muchos firmen un pacto así por miedo”. Evan Bernick, profesor de Derecho de la universidad del Norte de Illinois, no duda de que “la próxima vez que se produzca un tiroteo masivo en una escuela será difícil que el fiscal, que en este país son cargos electos, no quiera echar mano de ese ejemplo ante la indignación de la comunidad que representa”. “Pero una cosa es que se circunscriba a las matanzas con armas de fuego y otra muy distinta, que se extienda a cualquier tipo penal doloso”, añade.
Ambos expertos pusieron ejemplos parecidos para ilustrar sus temores. Si un niño se mete en una banda y asesina a alguien: ¿podría condenarse a la madre o el padre por no haber estado atentos a su deriva? Una respuesta afirmativa a esa pregunta, se teme Bernick, no solo contribuiría a la crisis de encarcelación masiva de Estados Unidos; también afectaría especialmente a las minorías, “más concretamente a la población negra”.
En su influyente libro Lejos del árbol (2012), el psiquiatra y escritor Andrew Solomon reflexionaba partiendo de un famoso dicho inglés sobre la paternidad y la transmisión genética (“La manzana no cae lejos del árbol”) sobre la crianza de hijos con problemas. En uno de los pasajes más célebres de ese monumental ensayo daba voz por primera vez a los Klebold, que un día de 1999 despertaron horrorizados porque su hijo de 17 años, Dylan, se había convertido en un “monstruo”, autor, junto a un amigo, de la matanza de Columbine. Asesinaron a 12 alumnos y un profesor de su instituto antes de suicidarse. En el libro, Sue Klebold dice: “Sé que habría sido mejor que Dylan nunca hubiera nacido. Pero también creo que no habría sido mejor para mí”.
En un correo electrónico, Solomon consideró esta semana la condena a los Crumbley como “parte de una estrategia de acusar a todos menos a la Asociación Nacional del Rifle”. “Allá donde la posesión de armas no está permitida, casi nunca hay tiroteos en las escuelas. [Los Crumbley] Participan de una violencia netamente americana. Si procesaran a todos los que tienen un arma al alcance de los menores y a todos cuyos adolescentes se han quejado de problemas de salud mental y no han recibido tratamiento, habría que encerrar al 15% de los padres estadounidenses”, considera.
El recuerdo de Columbine no es gratuito. Los asesinos eran menores, y aquella masacre, la más grave de la historia educativa de EE UU hasta la fecha, inauguró la era moderna de los tiroteos masivos, especialmente en las escuelas.
Demandas civiles
Entre 2000, el año siguiente de Columbine, y 2022 se registraron 1.375 incidentes de ese tipo, según datos del Departamento de Educación. En el último lustro se produjeron más que en todos los años anteriores juntos, en parte, porque los números explotaron tras la pandemia.
Después de cada una de esas tragedias, lo habitual es que siga una lluvia de demandas civiles contra los colegios, y contra los padres de los asesinos, pero hasta ahora nunca se había logrado llevar a ninguno de ellos a juicio. A la pregunta de a qué casos considera que el precedente de los Crumbley se podría aplicar retrospectivamente, Yankah citó otra matanza de infame recuerdo: la del desfile del 4 de Julio de 2022 en Highland Park (Illinois), en la que un joven de 19 años asesinó a siete personas escogidas al azar. Su padre se declaró culpable para evitar un proceso penal por haber firmado la autorización que su hijo necesitaba para comprar el arma que usó. A los padres de los asesinos de Columbine les salva, advierte Yankah, que los muchachos planearon la matanza durante meses. “En un comportamiento tan deliberado es casi imposible implicar a nadie que no participara directamente”, explica.
Sue Klebold decidió contar su historia en un libro inquietante titulado A Mother’s Reckoning: Living in the Aftermath of Tragedy (El ajuste de cuentas de una madre: vivir con las secuelas de una tragedia). En él, Klebold, que esta semana no contestó a la solicitud de una entrevista, reproduce una carta que le envió el padre de un alumno de Columbine, una de las víctimas de Dylan: “Estaba tan enfadado, angustiado y lleno de odio que quería matar a cientos de sus compañeros de clase. ¡Cientos! ¿Cómo diablos no pudiste ver que tu hijo llevaba TANTO odio dentro? ¿Cómo llegaste a perderle tanto la pista? ¿¡¿Cómo pudo pasar eso?!?”.
La respuesta podría estar en un informe de 2015 del FBI que da pistas para prevenir tragedias como las del instituto de Oxford. “En muchas circunstancias”, se puede leer, “los padres disponen de la mejor información”, pero “prefieren no ver las señales de alerta o las minimizan”. Perdida entre sus 129 páginas, hay una frase que parece escrita con los Crumbley en mente: “Las familias irresponsables y caóticas suelen ser las que menos se preocupan por el acceso [de los menores] a las armas de fuego”.