El ‘caso Ayuso’ y el derecho a la información
El señalamiento de periodistas para difamar su trabajo afecta de lleno a un principio de la Constitución
Una docena de artículos, incluidos dos editoriales, recogían esta semana en este diario cómo la Comunidad de Madrid ha señalado a dos periodistas de EL PAÍS, y a los de El diario.es, con bulos que difaman su trabajo. El periodismo, como herramienta fundamental que sustenta la democracia, cuando pregunta al cargo político es para poner bajo la lupa los detalles de su gestión, no al revés. Pero esta cobertura afecta de lleno al derecho a la información de los lectores, que es un derecho fundamental que protege la Constitución en su artículo 20. Por eso, es obligado el análisis.
Hechos. Dos reporteros acudieron el martes a la calle donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para verificar una información ramificada del presunto fraude fiscal cometido por su pareja, Alberto González Amador, imputado por este delito y otro de falsedad en documento mercantil. Trataban de averiguar si en el piso donde viven se ha hecho una obra ilegal. Para ello, preguntaron a unas siete personas en la vía pública, donde permanecieron menos de una hora, según el relato de ambos. Un policía del servicio de vigilancia de Ayuso les pidió que se identificasen y así lo hicieron.
Horas después, el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, señaló a los dos reporteros en un chat de periodistas con nombre, foto, apellidos y un infundio sin pruebas: “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluidas niñas menores de edad”. En el mensaje, que él admitió haber mandado, añadió, sin probarlo, que “periodistas encapuchados” de El diario.es habían intentado entrar a la vivienda, un hecho desmentido por este medio.
Esa misma noche, varias publicaciones se hicieron hecho eco de las falsedades, sin la mínima comprobación de preguntar a los reporteros su versión. Al día siguiente, el locutor de esRadio Federico Jiménez Losantos dio un paso más y animó a la violencia contra ellos. Tanto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como la presidenta de Madrid han justificado y respaldado el hostigamiento de Rodríguez a la prensa. “Derivan de conversaciones privadas”, dijo el primero. “No se puede intimidar a una persona en su propiedad privada”, ratificó ella, también sin pruebas.
Derechos. Preguntar no es un delito. En cambio, forma parte del derecho a comunicar y recibir información que recoge la Constitución, que establece como límites “el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”. Pero no basta con que alguien invoque la violación de estos otros derechos para que decaiga el de la información, sino que se debe explicar cómo se ha atacado o invadido la esfera personal. Preguntar a ciudadanos en la calle difícilmente puede entrar en ese supuesto.
Confusión. Desde la antigüedad, la calumnia forma parte de la vida política. Llega hasta este siglo de la mano, entre otros muchos, de Donald Trump, que se valió de la desinformación para ganar unas elecciones, y se ha extendido como una plaga por la esfera internacional. Por eso, es fácil detectar la estrategia de confusión: primero se difunden noticias falsas y luego se dice que todas las noticias son falsas.
Amedrentar. Señalar a periodistas tiene el objetivo obvio de amedrentarlos. Además, el efecto muy peligroso de expandir la autocensura. En la práctica, intimida a los medios más pequeños, que por miedo a represalias (como retirar la publicidad institucional o negar información) optan por rebajar la fiscalización del poder público. Y, sobre todo, es una advertencia velada a las fuentes, a las que se les indica con nombre y apellidos con qué periodistas no hablar. Y así, funcionarios, empleados de empresas públicas o vecinos de un edificio dejan de contestar a las preguntas planteadas en el ejercicio del derecho a la información. Baja la calidad de la información y, por tanto, interfiere en este derecho. De nuevo, el artículo 20 de la Constitución.
La atención. Con este infundio, Rodríguez ha desviado el foco del caso Ayuso: si la presidenta se benefició del presunto fraude fiscal de su pareja. A su vez, ella usa el victimismo, fórmula con la que elude responder a las críticas. Y así dejan de ser los periodistas quienes interpelan, porque los interrogantes se tildan de ataques personales.
Que los reporteros hagan preguntas forma parte de un derecho de los ciudadanos tan básico como votar. Sobre el piso de la presidenta, del PP, o sobre el caso Koldo, que afecta al PSOE. Sobre todo lo que afecte a la gestión de los poderes públicos. Los periodistas preguntan para cumplir con el derecho a la información. Cuando esta labor se cuestiona o se impide, se ataca a la democracia y son los lectores, los ciudadanos, los perjudicados.