Oleada de condenas a la intimidación a periodistas
“Las autoridades deberían aplaudir a los medios que exponen comportamientos criminales”, defiende el Instituto Reuters
El Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) se han sumado a la oleada de condenas de asociaciones de periodistas, sindicatos y partidos de la oposición, a la intimidación de periodistas de EL PAÍS y de Eldiario.es que investigan a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que anteayer fue imputado junto a otras cuatro personas por fraude fiscal y falsedad documental.
El Instituto Reuters, centro de investigación con sede en el Reino Unido fundado en 2006, dijo en un tuit en la red social X (antes Twitter) que “un cargo público español amenaza a periodistas de Eldiario.es y EL PAÍS tras una denuncia por corrupción”. En el mensaje, cita al CPJ, una organización independiente y sin fines de lucro con sede en Nueva York que promueve la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a nivel mundial, y al periodista Attila Mong, su representante para Europa, que han declarado que “las autoridades deberían aplaudir a los medios de comunicación que exponen comportamientos criminales, en lugar de demonizar a los periodistas por hacer su trabajo”.
El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia ha publicado un comunicado para reclamar el “cese fulminante” de Miguel Ángel Rodríguez por los “ataque reiterados e intolerables” de las últimas semanas contra periodistas y medios mediante “amenazas, señalamientos y noticias falsas”.
“Lejos de ser una anécdota más de tensión política, todos estos movimientos suponen un ataque intolerable a la libertad de prensa, con un plan de desgaste orquestado que, para evitar la difusión de información nociva o desviar el foco de atención, no dudan en utilizar cualquier medio: intimidación, denuncias y difusión de noticias falsas. El caso es especialmente grave cuando se trata de una administración, como la Comunidad de Madrid”, reza el comunicado.
El Col·legi de Periodistes de Catalunya calificó de “hecho sin precedentes” la “difusión de información falsa a periodistas por parte de un cargo público, con el agravante de hacerlo para perjudicar a compañeros de profesión”. Por ese motivo, el colectivo exigió a los representantes públicos “el máximo compromiso con la defensa del derecho a la información”, lo que “pasa por ejercer sus funciones con la máxima responsabilidad y actuar contra las malas prácticas que se producen en sus instituciones”.
La alianza de periódicos LENA, que agrupa a las cabeceras Le Figaro, Le Soir, Gazeta Wyborcza, Tages Anzeiger, Tribune de Genève, Die Welt y La Repubblica, también ha emitido una nota en la que condena las amenazas a medios de comunicación.