Las implicaciones del cierre de Telegram
El auto del juez Pedraz por la denuncia de Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus dificulta el acceso de ocho millones y medio de personas al servicio de mensajería
Telegram es objeto de disputa judicial, en un debate en la intersección entre privacidad, libertad de expresión y derechos de autor. Los más de ocho millones y medio de usuarios que tiene la aplicación en España podrían ver bloqueado su acceso, en una medida que se ha tomado a petición de Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus. Los grupos de comunicación han denunciado a la aplicación porque, en algunos de sus canales, se comparte contenido protegido por derechos de autor. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, dictó ayer un auto para que, en el plazo de tres horas desde su recepción, las operadoras suspendan los recursos asociados a Telegram.
“Es como si se decidiera cerrar completamente una provincia porque dentro del territorio se produjese un caso de narcotráfico o un robo”, declaraba ayer el presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática de España, Fernando Suárez. Pero el caso tiene más matices. Siguiendo con el símil, es como si el dirigente de esa provincia se negara a colaborar con la policía para garantizar el anonimato y la libertad de toda la población, incluyendo a los delincuentes. Y esta actitud pone encima de la mesa un debate que trasciende lo jurídico.
Telegram es una aplicación de mensajería instantánea, lanzada en 2013 y dirigida por el empresario de origen ruso Pavel Durov. Desde sus inicios, destacó como alternativa a WhatsApp por la libertad y la privacidad del usuario, negándose a compartir información con las autoridades, como sí hace la aplicación de Meta. Esto convirtió a Telegram en la vía de comunicación usada por la disidencia en regímenes autoritarios como Rusia o Irán, donde se ha utilizado para organizar protestas. Pero también ha provocado que florezcan, al abrigo del anonimato, canales de contenido sensible: venta de drogas, actividades de extrema derecha, desinformación, difusión de contenidos violentos, pornografía infantil o terrorismo. Sin ir más lejos, el Estado Islámico reivindicó el atentado de Moscú de este viernes en su canal de Telegram.
Si WhatsApp fuera internet, Telegram sería la dark web, un lugar anárquico y anónimo, con todo lo que ello conlleva. “La diferencia es que es más sencilla, más fácil de usar y está mucho más democratizada”, explica el experto en ciberseguridad Rafel López, que acepta la comparación, aunque con matices. También, y precisamente por eso, es mucho más popular. Más de 900 millones de personas usan Telegram. Su interfaz es similar a la de WhatsApp. Sus tripas, también. “Pero en WhatsApp hay puertas traseras para que entren las agencias de inteligencia. En Telegram no”.
Lo que pretende hacer la justicia del país es solicitar a las operadoras españolas a que prohíban el acceso. “Eso tecnológicamente se puede hacer, pero no es eficaz”, apunta el experto. “Telegram tiene ya medidas para impedir que un operador nacional bloquee su servicio”, añade. La propia aplicación incorpora un servicio de proxy para fingir que la conexión se hace desde otro país.
Es lo que sucede en lugares como China, Cuba, Pakistán, Irán y Tailandia, donde su uso está prohibido, pero muchos usuarios lo burlan sistemáticamente. También sucedió en Brasil, donde un juez suspendió el pasado mes de abril el servicio de la aplicación por negarse la empresa a colaborar en una investigación contra grupos neonazis. “Todas las grandes aplicaciones de redes sociales son blanco fácil de críticas debido a los contenidos que albergan”, declaró entonces Durov en su canal de Telegram. “No recuerdo ninguna gran plataforma social cuya moderación haya sido elogiada sistemáticamente por los medios tradicionales”, añadió. En cualquier caso, el empresario aseguraba que con el tiempo resolverían cualquier desafío respetando “la eficiencia, innovación, la privacidad y la libertad de expresión”.
“Una cosa es que Telegram haya surgido como una herramienta para luchar contra regímenes autoritarios”, señala Borja Adsuara Varela, experto en derecho digital. “Pero otra cosa es que se niegue a colaborar con un juez en un estado democrático, porque entonces estamos ante un pulso del Estado de derecho frente a los nuevos señales feudales”.
Adsuara cree que lo importante aquí no es tanto el fondo de la denuncia. “Este debate es viejo, ya lo tuvimos en los años noventa con las redes P2P, que se intentaron cerrar”, explica. Entonces los jueces resolvieron que compartir contenidos entre particulares no es delito si no hay ánimo de lucro. Compartir canciones en eMule en los primeros dosmiles es tan legal como subir series a Telegram en la actualidad. Siempre que no cobres por ello.
El problema, señala el experto, es que hay una gran empresa que se niega a colaborar con la justicia. Y esta ha decidido echarle un pulso. “Sería impensable que lo hiciera una empresa española o europea, que un juez pidiera datos para una investigación y se los denegaran. Metían en prisión al CEO por obstrucción a la justicia”.
La denuncia de Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus se centra en los derechos de autor, pero es un aspecto procesal, la falta de colaboración de la aplicación con regímenes democráticos, lo que ha suscitado un debate más profundo. Todos los expertos consultados coinciden en señalar lo desproporcionado de las medidas y la poca efectividad de las mismas. Destacan lo sorprendente de que no se hayan tomado con investigaciones mucho más serias y relevantes para la sociedad. Pero señalan que en este pulso jurídico se debate algo más que la piratería de un par de series o partidos de fútbol. Se trata de dirimir si queremos un internet más anónimo, o con menos impunidad.
Los grupos de comunicación alegan que se vulneran los derechos de autor
“Es como clausurar una provincia porque ha habido un robo”, afirma un experto