Jaque a la violencia policial en Brasil
El ‘caso Gamboa’ sienta en el banquillo a tres policías militares de Salvador de Bahía acusados de matar a sangre fría a tres jóvenes y falsificar pruebas en el Carnaval de 2022
La fiesta del martes de Carnaval de 2022 acabó con tres vecinos muertos de madrugada por disparos de la policía en un barrio pesquero y pobre de Salvador de Bahía que, con sus casitas de colores, es una de las estampas más fotografiadas de la ciudad. La primera versión policial siguió el patrón típico de la guerra contra las drogas: tras una llamada anónima alertando sobre hombres armados, los agentes entran en el barrio de Gamboa, los criminales oponen resistencia, los reciben a tiros y, en el enfrentamiento, tres jóvenes mueren tiroteados. Dos años después, tres policías militares están procesados por homicidio cualificado de los tres vecinos y por fraude procesal.
El de Gamboa es un caso emblemático de la violencia policial en Brasil porque la Fiscalía sostiene que los agentes actuaron como tantas veces denuncian las familias de las víctimas: los mataron a sangre fría, les plantaron armas, manipularon la escena del crimen y amenazaron a los testigos. Aquella noche a Silvana dos Santos, de 43 años, le arrebataron a uno de sus ocho hijos. “Se los llevaron a una casa abandonada. Fui hasta allí y me presenté como la madre de uno de ellos, no dije de cuál. Mi hijo estaba todavía vivo. Lo sé porque lo oí. [Los policías] Me apuntaron con un arma en la cabeza. Grité mucho pero me fui. Los ejecutaron. Si hubiera insistido, quizá yo sería otra víctima y no estaría aquí contando la historia”, relata entre sollozos.
El radical giro del caso, conocido como la matanza de Gamboa, es muy poco habitual en Brasil, un país donde en 2022 más de 6.400 personas —sospechosos o transeúntes— murieron en operaciones policiales, según los últimos datos del Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eso significa que el 13% de las muertes violentas son obra de uniformados.
Bahía, cuya capital es Salvador, tomó hace unos meses el relevo de Río de Janeiro como el Estado donde la policía es más letal; los agentes son responsables de una de cada cuatro muertes violentas en esa región. En todo Brasil, las víctimas son casi siempre hombres jóvenes negros. Los pocos casos de violencia policial que llegan a juicio se alargan durante años y suelen sufrir múltiples vaivenes para acabar en la absolución de los policías o penas leves.
Detalla el escrito de acusación de la Fiscalía que aquel 1 de marzo de 2022 los tres vecinos están de fiesta en Gamboa cuando la policía abre fuego. Dos son alcanzados por disparos y, junto al tercero, llevados por los agentes a una casa abandonada. Las pruebas periciales muestran disparos de subametralladora en el pecho de los tres. Después, los uniformados limpian la sangre (y de paso destruyen pruebas) “usando una escoba y un balde de agua” confiscados a algún vecino con el fin de “eximirse de responsabilidad en el proceso penal”. En un movimiento también habitual, “fingiendo que estaban con vida, [los policías] los llevaron al hospital”, en donde al ingresar certificaron las muertes. El escrito añade que plantan una pistola y un revólver a las víctimas para sostener la tesis del enfrentamiento y “acogerse a la excluyente de ilicitud de la legítima defensa”. Las armas estaban oxidadas e inservibles y las pruebas indicaron que las víctimas no tenían restos de pólvora en las manos.
El abogado Wagner Moreira, de 38 años, coordinador de Ideas Assesoria Popular, se incorporó al caso para ayudar a los vecinos de Gamboa a difundir la contranarrativa frente a la versión oficial, defender sus derechos y presionar a las autoridades competentes. En el primer año, no hubo ni un avance, pero sí alguna visita intimidatoria a la barriada por parte de los policías implicados.
Moreira destaca, en una entrevista, el coraje de las familias y los vecinos. Con ese apoyo, él y su equipo lograron que los fiscales especializados en seguridad pública (agrupados en el Geosp) se fijaran en el caso Gamboa. Una comisión de asuntos internos de la Policía Militar “llegó a la conclusión de que había fuertes indicios de ejecución y de que les plantaron las armas”, recuerda el coordinador de Ideas.
La primera audiencia ha sido aplazada a mayo, según Silvia Dos Santos. Recalca la Fiscalía que el triple crimen fue consecuencia del escaso valor que se da a las vidas de los jóvenes negros de favelas y barriadas. “Fue cometido por un motivo vil, debido a que la policía supuso que todas las víctimas eran delincuentes y que podían reaccionar a la ofensiva para matarlos dada la devaluación de sus vidas, incluso sin que hubiera reacción armada ni resistencia”.
Los agentes ‘plantaron’ armas y manipularon la escena del crimen
En el país, el 13% de las muertes violentas son obra de uniformados