El Gobierno pide anular la sentencia que apartó a Magdalena Valerio del Consejo de Estado
El Ejecutivo suma su propia solicitud al recurso de amparo de la exministra
El Gobierno ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para pedir que se anule la sentencia del Supremo que apartó de su cargo a la expresidenta del Consejo de Estado Magdalena Valerio, al estimar que no cumplía el requisito de gozar de reconocido prestigio como jurista. El Ejecutivo considera que la Fundación Hay Derecho, que impugnó la designación de Valerio, carecía de legitimación para recurrir su nombramiento. El recurso del Gobierno se suma así la solicitud de amparo formulada por la propia Valerio, quien también ha acudido al Constitucional, planteando que el Supremo no es competente para cuestionar su prestigio jurídico.
La impugnación del Gobierno se ciñe al cuestionamiento del papel desempeñado por la Fundación Hay Derecho como parte legitimada para conseguir la anulación de la designación de Valerio, que antes de acceder a la presidencia del máximo órgano consultivo del Gobierno en 2022 fue ministra de Seguridad Social entre 2018 y 2020. La Abogacía del Estado estima que la indebida personación de dicha fundación dejó a Valerio “en indefensión”, vulnerando con ello la Constitución. Por ello, solicita que el Constitucional “declare la nulidad” de la sentencia del Supremo
y aclare en su fallo la doctrina sobre quiénes y en qué condiciones pueden cuestionar ante los tribunales decisiones como los nombramientos que haga el Gobierno. Tras la anulación de la designación de Valerio, el Ejecutivo ha nombrado para este puesto a la exvicepresidenta Carmen Calvo.
La tesis de Magdalena Valerio va más lejos y subraya que su designación recibió el aval del Congreso en un informe que solo podría cuestionarse ante el propio Constitucional. También advierte de que su caso constituye un peligroso precedente. “Si se reconoce legitimación a la Fundación Hay Derecho o a cualquier otra fundación o asociación de las miles que hay constituidas en España y que alegue defender el Estado de derecho para recurrir el nombramiento por el Consejo de Ministros de la presidencia del Consejo de Estado —razona el recurso—, ¿cómo discutir a dichas entidades privadas la legitimación para recurrir los nombramientos de vicepresidentes, ministros y altos cargos o cualesquiera otros actos políticos discrecionales de las Administraciones Públicas?”
Tanto la Abogacía del Estado como Magdalena Valerio consideran que en este caso es evidente la relevancia constitucional. El recurso de Valerio subraya que la noción de prestigio jurídico constituye un “concepto jurídico indeterminado” y que la “naturaleza política” del cargo para el que fue propuesta y designada explica la “prevalencia” de “la experiencia del candidato en asuntos de Estado”, que ella misma habría cumplido en su condición de exdiputada y exministra de Trabajo.