“Se los habrá comido una ballena”
Un acusado en la trama que mercadeó con la información sobre cadáveres pedía dinero a las familias desesperadas
“Les dimos los dirhams, y nos dijeron que hablaríamos con nuestros hijos, pero nadie llamó”. Medjou Dakha, una mujer argelina de 70 años, perdió el contacto con el menor de sus hijos el 7 de octubre de 2020, cuando este se embarcó en una patera con otras 13 personas. Salieron de Arzew, en el noroeste de Argelia y desaparecieron en su camino hacia las costas almerienses. La búsqueda de las familias fue desesperada e infructuosa, hasta que encontraron un hilo del que tirar, el Centro Internacional para la Identificación de Migrantes Desaparecidos (CIPIMD), una ONG española que, desde 2017, se presenta como una alternativa extraoficial para identificar y buscar a los muertos y desaparecidos en el mar. Madres, tíos y cuñados llegaron a pagar a la ONG por información que les llevase hasta sus parientes, pero aún esperan respuestas. “Solo quiero ver a mi hijo antes de morir”, suplica Dakha.
No son los únicos. Durante años, EL PAÍS ha recopilado testimonios de familiares que acudieron a esta ONG y se sintieron estafados. Ahora todo cobra más sentido. Hace un par de semanas, Francisco Clemente, el delegado en Almería del CIPIMD, con más de 150.000 seguidores en redes sociales, fue detenido junto a otras 13 personas por integrar una supuesta trama que mercadeaba con fotos de inmigrantes, vivos y muertos, para que las familias los identificasen. “Contactaban con ellas ofreciéndoles información falsa sobre el paradero de sus allegados a cambio de dinero”, explicó la Guardia Civil.
En una segunda fase del negocio, otros integrantes de la red, relacionados con el mundo funerario, se hacían con los contratos “de forma ilícita” para preparar los cuerpos de los inmigrantes identificados y repatriarlos, según fuentes de la investigación. “Cuando tenían conocimiento de un naufragio, volvían a contactar con la familia para pedirles datos personales de los desaparecidos para realizar una falsa búsqueda de estas personas, acompañar a las familias a interponer denuncia, gestionar las tomas de ADN para la identificación del cuerpo y servicios de traducción. Todo ello con la exigencia de previo pago con el argumento de que era la única forma de proceder para la identificación y repatriación de los cuerpos”, describió la Guardia Civil en su nota de prensa.
La supuesta red ha expuesto cómo la falta de protocolos para buscar e identificar a los inmigrantes desaparecidos en las rutas clandestinas ha convertido su muerte en un negocio. Y cómo en mitad de ese vacío, repleto de obstáculos burocráticos e idiomáticos, unos cuantos aficionados, como Clemente y su ONG, ganaron relevancia. Y lo hicieron, sobre todo, gracias a información privilegiada que solo ellos podían ofrecer a las familias, como las fotos de los cadáveres, material reservado que recibían hasta de la propia Guardia Civil, según declaró Clemente ante el juez.
Las familias de la patera de Arzew acudieron a Clemente, a punto de cumplir 27 años, y a su ONG, por canales distintos. Y ambos les confirmaron en varias ocasiones la llegada de sus hijos a territorio español, según las conversaciones a las que ha tenido acceso EL PAÍS. “Este barco ha llegado sano y salvo. Si no se ha puesto en contacto contigo es porque se encuentra en un centro de devolución donde no tiene acceso a teléfono ni a internet”, afirmó el CIPMD el 22 de diciembre de 2020, en un mensaje de WhatsApp, a Amine Bouchenak, el cuñado de uno de los desaparecidos.
Entonces, la ONG animó a las familias a hacer donaciones para seguir ayudándolas y, estas, esperanzadas por ver a sus seres queridos con vida, juntaron 200 euros (más de un salario mínimo en Argelia) que ingresaron a la organización. Pero nada sucedió. Bouchenak, en nombre del resto de familiares, siguió contactando con la ONG y no recibió más que el enlace de una noticia de un diario local sobre la llegada de inmigrantes, aunque en ella no había información sobre los desaparecidos que buscaban. Le acabaron dando largas. El pasado 23 de octubre, Bouchenak decidió viajar de la ciudad francesa de Toulouse a Madrid, junto a su esposa y su suegra, para denunciar la desaparición de su cuñado y otros tres ocupantes de la patera y la actuación de Clemente y la ONG.
La forma de trabajar de Clemente y el CIPIMD era un secreto a voces. Una red de activistas que apoyan a los allegados de los migrantes desaparecidos en el mar pasó años recopilando y documentando casos. “La actuación del CIPIMD revela graves y reiteradas faltas de ética y deontología, que han generado confusión y un profundo sufrimiento entre las familias de los desaparecidos”, se lee en uno de los informes internos que elaboraron. Clemente no ha respondido los requerimientos de EL PAÍS por conocer su versión. Tampoco la ONG entró en detalles, aunque su fundadora, Mª Ángeles Colsa, da a entender que recibe donaciones, pero que “en ningún caso se aceptan prebendas u otros, ni de las familias ni de nadie”. Y subraya la que dice ser su máxima responsable: “El CIPIMD jamás ha aceptado dinero a cambio de información”. Ni una palabra sobre Clemente, que aún figura en la web de la ONG.
Las prácticas de Clemente constan en varias denuncias interpuestas en comisarías del Levante español. Entre ellas está la de una activista argelina que pasó un tiempo colaborando con él en Almería, en septiembre de 2021. La mujer relató a los agentes que descubrió una serie de “ilegalidades” en la supuesta actividad humanitaria de Clemente. El joven, según la denuncia, pasaba horas apostado en el puerto de Almería esperando la llegada de pateras y se ponía de acuerdo con los patrones de las embarcaciones para que, cuando estuviesen a tiro de su cámara de fotos, pusiesen a otros ocupantes a cargo del timón.
Con esas imágenes, supuestamente, libraba a los verdaderos organizadores de ser acusados de favorecimiento de la inmigración irregular e inculpaba a otros viajeros. La maniobra, según la denuncia, servía a Clemente para “coaccionar a las familias para que paguen dinero para sacar a sus familiares de la cárcel”. En uno de esos casos, que ha podido confirmar EL PAÍS con los propios implicados, Clemente llegó a pedir hasta 7.200 euros para liberar a uno de estos encarcelados. Según describe la denuncia, 5.000 euros serían para el juez, 2.000 para el abogado y 200 para él.
Queja al Defensor
Más allá de las actividades supuestamente ilícitas de Clemente, sus formas no eran las más profesionales. La madre de Rami Abu Aoun, un joven sirio de 30 años, que zarpó de Orán en enero de 2022 sin dejar rastro, no cejó en averiguar el paradero de su hijo. En alianza con otros parientes puso una queja en el Defensor del Pueblo y pudo comprobar que ninguno de los ocupantes de aquella patera constaba en la base de datos de la Policía Nacional. Tampoco estaba en la cárcel, como había leído en redes sociales.
Su última opción fue acudir al CIPIMD y aún no se ha recuperado de la conversación con Clemente. “Este barco naufragó en aguas internacionales y no hay supervivientes”, le dijo él sin ninguna prueba. “Puede que hayan recuperado cadáveres, pero no me enviaron el expediente en esta fecha”, añadió. En esa conversación, que la madre recuerda palabra por palabra, esta se mostró incrédula por recibir así la noticia de la muerte de su hijo.
—¿Pero adónde van los cadáveres?, cuestionó.
La traductora, que estaba con Clemente para ayudarle en la comunicación, le respondió: “No sabemos. La ballena se los comió y no tenemos más información”.
La forma de trabajar de Clemente y CIPIMD era un secreto a voces
Sus prácticas constan en varias denuncias interpuestas en el Levante español