Los inspectores de Hacienda creen que el cupo catalán aumentaría el fraude fiscal
La asociación que reúne al cuerpo de élite del ministerio señala que la propuesta del Govern no tiene cabida ni en la Constitución
La última propuesta en materia fiscal presentada por la Generalitat de Cataluña preocupa a la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, el cuerpo de élite del ministerio que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. El documento, redactado y publicado por el Govern de ERC la semana pasada, plantea una “financiación singular” para Cataluña, lo que daría pie a la cesión y gestión del 100% de los impuestos que se recaudan en la Generalitat a cambio de una aportación negociada para el Estado y las comunidades con menor capacidad fiscal. Algo parecido al actual concierto vasco. Este modelo, advierten los inspectores, es “inconstitucional” y, de salir adelante, “provocaría situaciones de desigualdad, desintegradoras para la ciudadanía española, afectando al deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”.
La asociación presidida por Ana de la Herrán, que reúne a 1.700 inspectores de todo el Estado, presentó ayer un documento en el que se detallan las consecuencias que tendría una independencia fiscal de Cataluña. El texto incide en que este movimiento no está contemplado ni en la Constitución ni en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña. Tampoco en la LOFCA —la actual ley de financiación de las comunidades— ni en otras normas, como la ley de creación de la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Pese a ello, los inspectores temen que, mediante distintas fórmulas, la agencia tributaria catalana pueda convertirse en moneda de cambio en las negociaciones entre el Gobierno central y los partidos soberanistas catalanes. Por eso, exigen al Ejecutivo que no se produzca este fraccionamiento de la AEAT bajo ningún concepto.
La Constitución, apunta De la Herrán, fija que la financiación autonómica se estructura en dos bloques: uno minoritario, del que disfrutan las haciendas forales vascas y navarra, y otro mayoritario, en el que se circunscriben las 15 comunidades de régimen común. Bajo este paraguas, Cataluña, que está en el segundo grupo, no tendría opciones de obtener un trato de favor fiscal. Y los inspectores piden que no se exploren terceras vías como la del consorcio, que cedería competencias a la agencia regional.
La independencia fiscal de la Generalitat, prosiguen los inspectores, supondría en la práctica la desaparición de la AEAT en ese territorio y el inicio de un camino de transformación irreversible que tendría “graves consecuencias en la aplicación de los tributos y en la lucha contra el fraude fiscal”. Es decir, el resultado sería “un paso atrás de gigante” en su función de aplicar el sistema tributario y la conculcación de los principios tributarios fundamentales sobre los cuales se asienta el actual sistema tributario español, fundamentalmente la generalidad, la capacidad económica, la igualdad, la justicia y la eficiencia tributarias.
La propuesta catalana, presentada en el marco del adelanto electoral por la consejera de Economía y Hacienda del Govern, Natàlia Mas, plantea que una vez que se logre la gestión y cesión de la totalidad de los impuestos, la Generalitat y el Estado negocien una aportación económica que iría dirigida a compensar a las autonomías de menor capacidad fiscal.
Esta situación, alerta José María Peláez, portavoz de la asociación de inspectores, rompería de lleno los principios constitucionales de solidaridad y de garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales, regulados ambos en el artículo 158 de la Constitución.
Lo consideran “un paso atrás de gigante” para el sistema tributario
Los funcionarios piden que no se exploren terceras vías como la del consorcio