El reto de la salud visual gratuita
Adelante Andalucía promueve una ley para costear al 100% las gafas y lentillas para los menores y dar ayudas en función del nivel de renta para los adultos
Lo primero que hace Salma al levantarse es ir a por sus gafas. Tiene dos años y este otoño el oftalmólogo, tras detectarle estrabismo, comprobó que también tenía hipermetropía y astigmatismo. Llevarlas puestas, como dice su madre, Pepa Fajardo, le ha cambiado la vida: “Anda muy bien y antes se caía mucho, se queda mirándolo todo porque puede verlo nítido…” Un cambio que para su familia es prácticamente inasumible. Las gafas cuestan 288 euros, incluidos los 36 del seguro, lo que supone el 82% del salario de Fajardo. Ese sueldo es el único que entra en su casa, donde viven dos adultos y cuatro niños (su marido está en paro), y que complementan con los 850 euros que perciben gracias al Ingreso Mínimo Vital. Tras semanas tratando de dar con un modo de pagarlas, consiguieron costearlas gracias a un plan de financiación que le ofreció la empresa donde Fajardo trabaja.
Que los productos ópticos no sean un artículo de lujo y que sean accesibles de manera gratuita para todos los menores de edad y para los mayores en función de la renta es la iniciativa que ha empezado a tramitarse en el Parlamento andaluz a través de una propuesta de ley impulsada por Adelante Andalucía. Una iniciativa por la que se ha interesado la ministra de Sanidad, Mónica García, que la semana pasada anunció que a lo largo de esta legislatura tiene la intención de que las gafas y las lentillas se incorporen al Sistema Nacional de Salud para garantizar que los usuarios no tengan que pagarlas de su bolsillo.
La norma pretende que la salud visual sea un derecho universal y que el acceso a gafas y lentillas, que son artículos de primera necesidad, no dependa de la capacidad económica de las familias. “Desde el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas estamos intentando impulsar en todas las comunidades autónomas y en el Sistema Nacional de Salud un plan nacional de salud visual que la integre como uno de los elementos esenciales”, explica Eduardo Morán, presidente del Colegio Nacional de Ópticos, que está de acuerdo en que se destinen partidas presupuestarias a garantizar la salud visual.
El 61% de los españoles utiliza gafas o lentillas, de acuerdo con la Encuesta Europea de Salud de 2022 publicada por el INE. Un porcentaje que, en el caso de las comunidades más pobres como la andaluza —con el menor PIB per cápita de España y la que menos uso de gafas hace—, se reduce hasta siete puntos, evidenciando que el factor socioeconómico influye a la hora de ponerse lentes y hacerse revisiones, tal y como denuncia la formación andaluza de izquierdas. En el caso de los menores, y según los cálculos realizados por la organización Visión y Vida en su informe de 2021 Radiografía de la pobreza visual infantil en España —donde elabora sus propios cálculos, porque el INE solo recoge datos a partir de mayores de 15 años—, el 31% tiene algún problema de salud visual no resuelto. Unos porcentajes que también se agravan en función del grado de pobreza del territorio, lo que llevó a esta entidad a acuñar el término “pobreza visual”.
En el caso de la pobreza infantil, la media en España es del 8,56%, pero en Extremadura sube hasta el 11,52% (la más alta) y en Andalucía (la tercera) llega al 10,53%. “Las tasas de pobreza no paran de crecer y cada vez es más complicado para las familias llegar a fin de mes y más cuando surgen gastos imprevistos como unas gafas. Para muchas supone un artículo de lujo, no porque no lo vean necesario, sino porque tienen que priorizar entre poner un plato de comida en la mesa o unas gafas, y luego eso repercute en el rendimiento escolar”, indica Ana Sánchez, responsable de Incidencia en Andalucía de Save the Children, una ONG que valora la iniciativa de Adelante.
“Uno de cada tres casos de fracaso escolar se asocia con la mala visión”, explica Elisenda Ibáñez, óptica y coordinadora de Visión y Vida. “Algunas familias no pueden plantearse comprar gafas o cambiarse de lentes porque no tienen dinero. Como sociedad deberíamos darles una respuesta”, añade.
Fajardo, que está a punto de finalizar su contrato en su empresa, paga a plazos las gafas de su hija, después de constatar que no existía ninguna ayuda por ser familia numerosa que le permitiera sufragarlas. Vive con la angustia de que, al ser tan pequeña, la niña las pueda romper o las pierda. Que lleve gafas y un parche —ese sí financiado por la Seguridad Social— es vital para que las dioptrías no aumenten. “El seguro solo me garantiza el 30%, el resto lo tendría que pagar yo y sería volver a empezar de nuevo”, recalca. Sus gafas además son especiales por la acusada falta de visión de Salma y porque deben ser muy flexibles para que pueda manipularlas más fácilmente. Sus problemas en la vista necesitan de una revisión constante y Fajardo también teme que le aumente la graduación y con ello el gasto que implique un cambio de cristales. “Si saliera adelante la ley igual podría tener unas gafas de recambio por si a estas les pasa algo, porque como eso ocurra, se queda sin nada”, señala.
La propuesta de Adelante Andalucía contempla pequeños cambios en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud para garantizar la prestación gratuita de productos ópticos para los menores y aportaciones para los mayores en función de su renta; definir qué productos abarca; y asegurar que los recursos se transfieren a las comunidades.
Tramitación en el Congreso
Aunque la ley se ha presentado en el Parlamento de Andalucía, su tramitación se haría en el Congreso de los Diputados en virtud de la competencia que otorga a esa Cámara el artículo 106 del Estatuto de Autonomía y el 87 de la Constitución. Fajardo, de 32 años, también podría beneficiarse personalmente si la norma saliera adelante. Usa gafas, pero por su trabajo en una charcutería, necesita lentillas.
La Junta saluda la medida por “suponer una mejora significativa en la calidad de vida de los andaluces”, señala un interlocutor de la Consejería de Salud, pero, tras recordar la infrafinanciación de la comunidad, la condiciona a que venga acompañada de una partida presupuestaria por parte del Ministerio de Sanidad. La inversión no parece tan elevada. La formación andalucista la cifra en unos 710 millones de euros: unos 260 millones para los menores (50 en Andalucía) y unos 450 (90 en Andalucía) para los mayores de edad en riesgo de pobreza. “El coste es perfectamente asumible si tenemos en cuenta que España recibirá 500 millones de euros de los fondos europeos de garantía infantil”, sostiene Ibáñez.
La gratuidad de las gafas es solo parte de la solución para garantizar una salud visual adecuada y de calidad. Aquí entra en juego el plan nacional al que aludía Morán y que pasa por revisiones periódicas. “La salud visual no debe depender de un pediatra, tiene que haber pautas en la Seguridad Social y lo mismo que hay un programa de vacunación también deberían pautarse las revisiones visuales. Una debería ser obligatoria antes de entrar en la educación primaria, que es cuando los niños van a empezar a leer, dibujar…”, sostiene Ibáñez. Un 20% de la población no se cambia de gafas hasta pasados cinco años cuando las recomendaciones oftalmológicas aconsejan sustituirlas cada uno o dos años.
Cuando Fajardo empezó a notar que su hija bizqueaba fue a su pediatra, que no le vio nada en particular. Consultó a una segunda que la derivó al oftalmólogo y dos meses después le dieron cita —“porque la tramitaron como urgente, porque si no, hubiera tardado cuatro o cinco meses”, precisa— y le detectaron la hipermetropía y el astigmatismo. “Cuanto antes se atiende a estos problemas antes de atajan”, abunda la presidenta del Colegio Oficial de Ópticos y Optometristas de Andalucía, Blanca Fernández.
Se calcula en unos 710 millones lo que se necesitaría en todo el Estado
Uno de cada tres casos de fracaso escolar se asocia a la mala visión