El caso del alto cargo andaluz de sanidad reabre el debate de las puertas giratorias
Si Miguel Ángel Guzmán —exviceconsejero andaluz de Salud y exgerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS)— se incorporara a la aseguradora Asisa el próximo lunes, como él tenía previsto hacer, incurriría en “incumplimiento de la normativa de incompatibilidad de altos cargos”. Es lo que concluye el informe que ha elaborado la Inspección General de la Junta de Andalucía sobre el fichaje, por parte de la compañía privada, de quien fue número dos de esa consejería. El documento establece, no obstante, que la incompatibilidad termina el próximo 29 de julio y que, a partir de esa fecha, Guzmán sí puede trabajar en la aseguradora sanitaria. ¿El motivo? Que el 29 de julio se cumplen dos años desde su cese como gerente del Servicio Andaluz de Salud, cargo desde el que autorizó 14 contratos con entidades vinculadas a Asisa por más de 43 millones de euros. Los servicios jurídicos no consideran que la incompatibilidad se pueda aplicar al puesto de viceconsejero de Salud del Gobierno regional que Guzmán ocupó desde 2022 y hasta el 27 de diciembre de 2023.
El informe se hizo público ayer. El ex número dos de Salud —que se afilió al PP después de la pandemia—, en conversación con este diario, aseguró que aún no tenía conocimiento del contenido del texto pero ha subrayado que acatará sus conclusiones. “Cumpliré estrictamente la ley, como siempre he hecho”, indicó. La víspera, a última hora, Guzmán había remitido un comunicado en el que informaba de que aplazaba su incorporación a la aseguradora hasta conocer el resultado del informe que estaba preparando la Junta.
Un portavoz de Asisa confirmó que será a partir del 29 de julio cuando se valore de nuevo la contratación del exviceconsejero. “Hasta entonces pueden haber cambiado muchas circunstancias”, apuntó. El caso ha reabierto el debate sobre los límites de la regulación de las puertas giratorias entre la administración y el sector privado.
¿Qué ocurre cuando el cargo público deja la política y decide buscar trabajo en el ámbito privado? “El fenómeno de las puertas giratorias”, observa el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña Carlos Amoedo, “pone en riesgo la imparcialidad del ejercicio de las potestades administrativas por parte de los altos cargos”. De ahí, explica, que en la ley de ámbito nacional y en las distintas leyes autonómicas se haya dispuesto un período común de dos años a partir del cese. Durante esos dos años, el ex alto cargo no puede ser contratado por empresas a las que haya beneficiado directa o indirectamente durante su ejercicio como político. El problema es que esa vinculación no siempre es palmaria: hay que determinarla en cada caso.
¿Qué dicen la ley nacional y las normativas autonómicas? En España, la ley que regula esta cuestión para todos los funcionarios públicos es la 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Afecta a toda la administración pública: Gobierno central, comunidades autónomas y entidades locales. Incluso al personal que presta servicios en empresas donde la participación directa o indirectamente del Estado sea superior al 50%. Esta es la ley que fija que los cargos públicos, al dejar su puesto, tienen que dejar pasar dos años antes de poder fichar por empresas privadas que manejen asuntos en los que el político “haya intervenido”. El mismo límite establece la ley 3/2015 específica sobre los altos cargos.
El catedrático Amoedo advierte de que “la materia se ha complicado por la existencia de regulaciones y de programas de lucha contra la corrupción en cada Administración, que son también relevantes para delimitar correctamente el derecho aplicable a los altos cargos”.
La mayoría de comunidades cuentan con un registro de conflicto de intereses de altos cargos. Sin embargo, en las últimas semanas se han producido bastantes cambios. En Baleares, el Gobierno del PP y Vox ha cerrado la Oficina Anticorrupción por “duplicidad de competencias” y para buscar “una administración moderna y eficiente”. Esta oficina contaba con 4.400 declaraciones de bienes de 1.200 cargos y 9.300 declaraciones de IRPF, que dejarán de estar disponibles.
En la Comunidad Valenciana, también gobernada por el PP y Vox, una proposición de ley presentada el pasado marzo por el Gobierno autonómico prevé reducir las incompatibilidades previstas para los altos cargos, antes y después de ejercer sus funciones públicas. La intención es que la administración sea más ágil y no pierda a los profesionales con más talento, según argumentó el portavoz popular, Miguel Barrachina, informa Ferran Bono.
El pasado martes, Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, anunció un endurecimiento de su normativa. Cada cargo público deberá firmar ahora una “declaración responsable de compatibilidad de su actividad”. La Oficina de Integridad autonómica dispondrá de un mes para estudiar cada caso y, si no cumple la ley, el político deberá abandonar el cargo.
La Junta autoriza el fichaje del ex número dos de Salud por Asisa, aunque solo a partir de agosto, cuando acaba la incompatibilidad