El PP rechaza contratar a universitarios pese a la jubilación de profesores

El Gobierno paga el 81% de las plazas durante seis años, pero los populares no quieren asumir el coste después

Las comunidades gobernadas por el Partido Popular se resisten a contratar a más profesores ayudante doctor porque pasados seis años —cuando el Estado dejase de sufragar el 81% de esas plazas extra— tendrían que asumir entre las 17 regiones el sueldo de un total de 4.200 investigadores que hoy están en condiciones precarias. Sin embargo, los datos del Sistema Universitario Estatal desmontan esta razón de los populares (también reprochan al Gobierno haber negociado “por la espalda” con los rectores), pues en 2022 había ya a las puertas de la jubilación 22.153 profesores titulares y catedráticos con entre 59 y 70 años y los funcionarios seguirán retirándose en masa. No será, pues, un esfuerzo económico extra con tantas bajas.

Los populares presionan para que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades pague el 100% del Programa de incorporación del talento docente, aunque las competencias universitarias están transferidas y el Estado no tendría por qué sufragar un euro. La ministra Diana Morant habla de “corresponsabilidad”. Del total de futuras vacantes, 15.271 son profesores que trabajan en universidades de autonomías en manos del PP.

Es decir, dentro de siete años —el programa se pone en marcha el curso académico que viene— cuando los profesores ayudante doctor entren en la estructura como laborales, al menos 22.153 investigadores se habrán retirado o estarán a punto, aunque la cifra seguirá creciendo porque la Universidad pública está muy envejecida. Si el sistema público tiene 111.600 profesores entre todas las categorías, estos hipotéticos ayudantes representarían menos de un 4%.

Pese a todo, en la reunión del miércoles de la Conferencia General de Política Universitaria las comunidades del PP rechazaron el plan de contratación de nuevos docentes. El consejero de Murcia, Juan María Vázquez (PP), por ejemplo, reclamó a la ministra que “el Gobierno central financie el 100% del coste de las plazas de profesor ayudante doctor durante los primeros seis años, ya que las comunidades autónomas lo haremos los 34 años siguientes”. La Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena sumaban el curso pasado 697 investigadores que superan los 60 años. Según el documento que se ha hecho llegar a las autonomías, el Gobierno sufragaría 116 y la Región de Murcia debería asumir otro 20%. Coalición Canaria, que gobierna con el PP el archipiélago, está abierto a la cofinanciación. El Ejecutivo reserva para ellos 113 plazas.

Si los consejeros del PP no quieren que sus universidades se hundan por falta de personal fijo, tendrán que incorporar a nuevos científicos —profesores titulares laborales o funcionarios— que luego podrán optar a catedráticos al sistema, porque la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en marzo de 2023, es clara: “El profesorado funcionario será mayoritario, computado en equivalencias a tiempo completo, sobre el total de personal docente e investigador de la Universidad”.

Un reparto de 900 millones

Esa frase de la LOSU es hoy una quimera. Los profesores temporales rozan el 50% en las universidades públicas, cuando la tasa no debe superar el 8% en el sector público, según se ha pactado con Bruselas. El programa contempla que en esos seis años los ayudantes, ya doctorados, se acrediten como titulares gracias a la labor científica de ese periodo. Además, la nueva norma obliga a que los profesores asociados, para reducir esta temporalidad salvaje, se conviertan en indefinidos con dedicación parcial con derechos de antigüedad y complementos salariales.

Si las comunidades del PP no aflojan, se arriesgan a quedarse fuera del reparto de 900 millones de euros (el sueldo de cada profesor ayudante supondrá una inversión de unos 45.000 euros al año), porque Morant, dispuesta al principio a financiar a 1.300 ayudantes, difícilmente va a subir su oferta. Los 3.400 ayudantes que sufragaría el Estado (las comunidades asumirían otros 800) duplican la oferta que hacen cada curso las universidades.

Y, a su vez, los populares perderían una solución al problema de buscar profesores que cubran las clases que, con la nueva ley universitaria, ya no pueden impartirlas los profesores asociados —principales beneficiados del programa del ministerio con los profesores sustitutos—, que reducen su carga lectiva de 180 horas a 120. El consejero andaluz y expresidente de los rectores, José Carlos Gómez Villamandos (PP), afirmaba el pasado curso en una entrevista que la rebaja a la docencia de 1.300 profesores les iba a provocar que se quedasen sin cubrir 78.000 horas de clase.

Firmar el pacto parece, según los datos, muy beneficioso para las autonomías. Por ejemplo, Asturias, gobernada por los socialistas, recibirá 1,28 millones de euros con los que pagarán 34 plazas; otras 14 serán financiadas por el Principado. Cuando acaben sus contratos los ayudantes, en 2031, habrá allí centenares de vacantes. El curso pasado 485 profesores de la Universidad de Oviedo contaban con 485 docentes con más de 59 años. El Ejecutivo contratará —si pagan en torno a un 20% más de profesores— a 28 en Baleares, 54 en Extremadura, cuatro en La Rioja o 100 en Galicia.

El Gobierno ha reservado 29 puestos para la Universidad de Cantabria, donde 269 profesores tienen más de 60 años. El Ejecutivo cántabro se aviene ahora a negociar, y ha pedido una reunión bilateral con el ministerio. El Gobierno de Aragón (PP y VOX), también más receptivo que otras autonomías, “estudiará” asimismo la propuesta. El Estado está dispuesto a sufragar 94 plazas en la Universidad de Zaragoza, donde 739 científicos están en la década de los 60.

Más combativo se muestra el Ejecutivo de Castilla y León, también de PP y Vox, donde en 2031 al menos se habrán jubilado 1.503 profesores. Del cupo pagado por el Estado, les corresponden 269 puestos. “Es algo que se quedará en los sistemas universitarios de forma estructural”, se quejó su consejera Rocío Lucas tras la conferencia, repitiendo el mantra de la cobertura 100% sufragada por el Estado.

Si renuncian a la cofinanciación, las comunidades no verán un euro

Coalición Canaria, que gobierna con los populares, se desmarca y participa

Distintos cálculos

“A la Comunidad Valenciana le corresponden unas 700 plazas, un total de 29,3 millones de euros cada año”, explica el Gobierno valenciano en una nota de prensa. Estos cálculos de este Ejecutivo controlado también por el PP están muy lejos de los del Gobierno, que calcula el reparto en proporción a los profesores asociados de cada universidad. El ministerio está dispuesto a sufragar 429 plazas con un coste de 373 millones, la Generalitat se tiene que hacer cargo de otro 20% para recibir la partida estatal. En 2023, en las cinco universidades públicas de esa comunidad había 2.408 profesores con 60 años o más.

Las comunidades autónomas con más profesores se llevan la mayor proporción de la tarta, liderados por Cataluña (705) —con un número de profesores temporales desmedido—, seguido de Madrid (658) y Andalucía (467). Este mes las comunidades tienen que aceptar o no la oferta de la ministra Morant y ya van tarde, porque las universidades suelen empezar a planificar el siguiente curso en marzo. A la Universidad del País Vasco irán 121 ayudantes con sueldo del ministerio —el acuerdo se cerró la semana pasada—, 46 a la Universidad Pública de Navarra y 96 a la de Castilla-La Mancha.

El ministerio pretende que las universidades también colaboren, no solo reciban profesores, y deben de comprometerse a mejorar sus parámetros de calidad. Por ejemplo, con más defensa de tesis en inglés, medidas para resultar más atractivas al alumnado (están perdiendo matrículas en favor de las privadas) o la obtención de más recursos para investigar en concursos competitivos.