José Luis Escrivá Ministro de Transformación Digital y Función Pública “El Estado tiene que atraer perfiles tecnológicos”
El ministro adelanta una oferta de empleo público “importante” para este año
José Luis Escrivá (Albacete, 1960) estrenó el membrete del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a finales del año pasado. Todo se le presenta nuevo a este economista que pasó de la Autoridad Fiscal al Gobierno de Pedro Sánchez en enero de 2020 para hacerse cargo de la cartera de Seguridad Social a pocas semanas del confinamiento. Ya entonces, con los problemas del trabajo en remoto, tuvo que asumir que la Administración está muy lejos de los nuevos tiempos. Consolidar ese paso adelante digital será su gran empeño de legislatura junto a la idea de situar a España al frente de los avances tecnológicos. De momento, cuenta con una nueva sociedad pública que gestionará en menos de tres años en torno a 20.000 millones de euros en inversiones de fondos europeos.
Pregunta. El Gobierno ha puesto en marcha la nueva Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como SEPI digital. En su acuerdo del Consejo de Ministros quedaba claro que se trata de un vehículo para gestionar los fondos europeos del PERTE Chip, el NextTech o el Hub Audivisual. ¿Se prevé algo más?
Respuesta. Lo iremos viendo. En el mundo actual, la Administración General del Estado tiene que dotarse de una sociedad pública empresarial muy especializada en este ámbito. Iremos viendo cuáles son las acciones concretas que tiene que desarrollar el Estado a través de una entidad de estas características para reforzar su papel en la transformación digital.
P. Usted dijo que tendría sentido que la participación en Telefónica se acogiera al paraguas de esta sociedad. Al final no será así. ¿Qué sucede en el caso de otras participaciones públicas tecnológicas?
R. La SETT no se creó para la entrada del Estado en Telefónica. Ya hay un acuerdo del Consejo de Ministros que mandata a la SEPI. La SETT es un instrumento que tendrá el Estado a su disposición y habrá que ver caso por caso.
P. En la negociación en Bruselas para la fusión entre Orange y MásMóvil, ¿qué planteamiento defendió España y cuánto de lo que defendía se ha mantenido?
R. Nuestro planteamiento partía de que creemos que la competencia en nuestro mercado es suficiente y que los remedies [compensaciones para respetar la competencia] debían ser mínimos. A partir de ahí, nuestra posición se centró en defender dos argumentos. En primer lugar, nos parecía que no había que pasar de 60 gigahercios de transferencia de espectro de la sociedad conjunta. Y segundo, que la resolución de la Comisión estableciera explícitamente que las decisiones sobre el espectro son soberanía nacional. Ambas se han recogido en la resolución.
P. Uno de los grandes beneficiados de esta fusión es Digi, la empresa de origen rumano que está creciendo muy rápido en España y que levanta algunas suspicacias en el sector. ¿Vigilan su evolución?
R. Estamos exigiendo en determinados ámbitos regulatorios que las empresas inviertan en las nuevas tecnologías de conectividad fija. España ha logrado un 100% de conectividad en todo el territorio y vamos muy por delante de otros
“Con Telefónica buscamos preservar nuestros intereses nacionales”
“El Gobierno vigila la entrada de fondos en las redes de telecomunicaciones”
países europeos. Por ello, la obligación del Gobierno es asegurar que las empresas tengan capacidad para sostener la inversión y que exista un nivel de competencia elevado.
P. Una de las consecuencias de la fusión Orange-MásMóvil y de la compra de Vodafone es la venta de redes al fondo australiano Mcquarie. ¿No le preocupa al Gobierno?
R. El Gobierno está monitorizando muy estrechamente estos procesos porque las redes son importantes y deben tener un nivel adecuado de mantenimiento.
P. Ahora que se usa tanto la palabra estratégica...
R. Sí, pueden calificarse de activos claramente estratégicos.
P. ¿Ese razonamiento explica el regreso del Estado a Telefónica?
R. También aquí hay elementos de seguridad nacional muy singulares que justifican esta operación. Además, es una tendencia internacional. Cada vez se le da más valor a la seguridad estratégica, pero también a la económica.
P. ¿Cuáles son los límites entre la vigilancia y control del Estado y la libertad de las empresas?
R. Los que establece nuestro marco jurídico. Las telecomunicaciones, como muchos otros, son un sector regulado y sujeto a armonización comunitaria, y esto no entra en ningún caso en conflicto con la libertad de empresa, que debe ejercerse dentro de las condiciones que esas regulaciones establecen. En el caso de la entrada en Telefónica, vamos en la línea de otros países como Alemania, Francia o Italia para preservar nuestras capacidades estratégicas.
P. ¿En qué punto está el modelo fundacional de lenguaje en español anunciado por el presidente del Gobierno?
R. El modelo ya tiene nombre: AlIA. Lo está desarrollando el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona con el apoyo de la red Ilenia [que integra cuatro grandes centros de investigación en el campo de la inteligencia artificial (IA)], a la que se unen otros laboratorios para complementar con corpus documentales lingüísticos en catalán, valenciano, gallego y euskera. Suscribimos un memorando de participación con Microsoft para, entre otras cosas, impulsar la IA de forma responsable, pero sin efectos específicos en este modelo. Y el pasado viernes anunciamos un acuerdo con IBM, que nos ayudará en la arquitectura de sistemas.
P. ¿Qué busca el Gobierno con un modelo de lenguaje propio?
R. La AlIA abrirá las puertas a una nueva generación de productos tecnológicos enriquecidos con el vasto patrimonio lingüístico del castellano y las lenguas cooficiales de España. Facilitará servicios avanzados en tecnologías del lenguaje, como asistentes inteligentes y sistemas de diálogo, que operen con nuestras lenguas.
P. Una de las principales misiones de su ministerio es la modernización de la función pública. ¿Cómo lo abordará?
R. La Administración puede ser pionera y marcar criterio en ámbitos de las nuevas tecnologías y en inteligencia artificial para ayudar a los funcionarios a desarrollar mejor su trabajo.
P. ¿Busca este modelo atraer al sector público ciertos perfiles?
R. El Estado tiene que ser competitivo para atraer profesionales porque las necesidades irán en aumento. Es el caso de los trabajos en temas tecnológicos de referencia (digitalización, IA, ingeniería de sistemas y telecomunicaciones). Son todos nichos muy importantes y estamos decididos a crearlos en el ámbito de las TIC, de forma piloto, pero que se podría extender a otros ámbitos de forma que el acceso a la Administración se haga a través de un proceso de prácticas continuadas basadas en la excelencia.
P. Con la prórroga de los Presupuestos, ¿se prevé una oferta pública igual que la de 2023?
R. No va a interferir con la oferta pública de empleo, como no ha ocurrido con otras prórrogas.
P. ¿Entonces va a ser similar a la de 2023, que ya fue récord?
R. Sí, estamos trabajando en ella y puede ser muy importante.