“Soy gitano y abogado”: el pueblo romaní viste la toga para desbaratar el mito.
Cada vez son más los jóvenes de esta etnia que deciden estudiar leyes y derribar estereotipos
Manuel Reyes (51 años, Córdoba) es abogado. También gitano, de padre y madre. Ha sido uno de los pocos jueces y fiscales (de sustitución) de su etnia que ha llegado a ejercer en el país, tal como cuenta en conversación telefónica con este medio. Al ser preguntado por cómo ha vivido el estigma contra su pueblo en su vida profesional le vienen a la mente algunos episodios. Una vez, recuerda, un procurador dijo en su juzgado que los políticos “eran todos unos gitanos” y que mejor “andarse con ojo con ellos”. “Su señoría es gitano”, le dijo. El procurador corrió a disculparse, apurado.
La exclusión social y los estereotipos racistas han atizado a un pueblo históricamente marginado —la Fundación Secretariado Gitano registró 532 episodios de rechazo en 2022—. Quizás esa es la razón por la que cada vez más jóvenes gitanos eligen vestir la toga, el sentimiento de que ha llegado la hora de desbaratar la fábula que coloca siempre al gitano en el banquillo.
Tres abogados romaníes ejercientes así lo creen. Reyes, que actualmente comanda su propio bufete, Iudex Union Abogados, comenzó su carrera en la firma Montero Aramburu. Nunca se colgó un cartel en la oficina que dijese que era gitano, pero reconoce que cuando la conversación surgía “a mis compañeros les costaba creerlo”. Nunca vivió discriminación en el bufete; sí la percibió, en cambio, en su etapa como juez y fiscal. Aunque él no era la víctima. “Tenía claro que a la hora de juzgar debía elegir la opción menos gravosa”; sin embargo, reparó en que algunos jueces y fiscales se olvidaban de este principio cuando el acusado era romaní.
Un informe del año 2020 de la organización Rights International pone nombre a este fenómeno. Se le conoce como sesgo inconsciente antigitano, y se trata de una mochila de estereotipos que, voluntaria o involuntariamente, condiciona las decisiones de los jueces, lo que se detecta en todos los tribunales de la Unión Europea. De forma que, ante unos hechos similares, si el acusado es gitano la probabilidad de que se le imponga una prisión provisional es mayor por los “estereotipos grupales históricos”.
Para la abogada y sindicalista Pastora Filigrana (43 años, Sevilla) el peso del mito es evidente. “No hay pruebas porque no hay registros claros de quiénes somos los gitanos”, pero “tampoco hay dudas de que se dan más prisiones e identificaciones cuando lo eres”. De padres mestizos y origen humilde, Filigrana fue la primera en su familia en ir a la Universidad. Con 23 años empezó su carrera asesorando en una asociación en el barrio marginal de las Tres Mil Viviendas de Sevilla, donde descubrió que su vocación era defender a minorías. En 2021, por ejemplo, defendió a las temporeras marroquíes de la fresa en Huelva, trabajadoras sin contrato y sometidas a abusos, como denunció entonces. Hoy ejerce en Abogadas Sociedad Cooperativa Andaluza, un grupo de letradas especializadas en asuntos sociales.
Como Filigrana, muchos abogados gitanos optan por el activismo. Es una forma de lucha, explica, pero también un método de supervivencia para evitar ambientes laborales que puedan ser más hostiles. Filigrana lamenta que hay muchos jóvenes que descartan estudiar por un cúmulo de factores. “Existe segregación educativa y un sistema que orienta a los gitanos hacia la FP”. Lo que, unido al bajo nivel de renta de las familias y a la exclusión, dificulta “la llegada de gitanos a la Universidad”.
Éxito en Barcelona
Josefa Salazar Salazar (43 años, Zafra, Badajoz) recuerda el calvario que vivieron sus padres para encontrar un piso de alquiler temporal cuando decidieron hacer obra en su casa. La razón eran los apellidos: los caseros los rechazaban en cuanto los asociaban con los gitanos de la región. Tuvieron que pedir ayuda a un amigo de la familia, no gitano, que les sirvió de enlace para conseguir una vivienda.
Josefa ahora es abogada. Es socia fundadora y directora legal de Abogados para tus Deudas, un despacho especializado en segunda oportunidad de Barcelona. Junto a su marido, Cristian, gitano, economista y rumano, y otros socios comandan una empresa que en 2021 consiguió una financiación de 1,3 millones de euros y hasta la fecha ha logrado el perdón de 60 millones de euros en deudas. “Mi madre siempre quiso que fuese abogada para que nadie pudiese machacarme, que siempre tuviese claro cuáles son mis derechos”, cuenta.
Salazar siguió el consejo de su madre a pies juntillas. Ahora tiene 16 trabajadores a su cargo, aunque recuerda que el fantasma del racismo siempre estuvo presente. “Una vez, en clase de Derecho Penal, el profesor puso de ejemplo de delincuente a una persona de etnia gitana para explicar un concepto y me tocó levantar la mano y explicar por qué este tipo de comentarios son racistas. He escuchado a clientes decir: ‘Con estos gitanos hay que tener cuidado’ porque desconocían que yo lo era. A veces salto y digo que soy gitana y les explico por qué decir esto está mal. Otras reconozco que decido no decir nada porque aceptamos que hay personas que no cambiarán”, lamenta.
Como directora de una empresa, aboga por la visibilidad, aunque reconoce que no siempre es fácil. “No llevo una identificación que diga ‘soy gitana’, pero en cuanto surge la ocasión lo digo con orgullo”. Y anima a las nuevas generaciones a que no escondan su identidad, sus rasgos o su acento. “Hay que concienciar de que también hay gitanas jefas”.
Josefa Salazar: “He escuchado a clientes decir: ‘Con estos gitanos hay que tener cuidado’ porque ignoraban que yo lo era”