El macropolígono fantasma que dividió a Cigales
Castilla y León gastó más de 54 millones en un parque empresarial en Valladolid que quebró. La mayoría de los agricultores que cedieron sus terrenos en 2006 aún esperan para cobrar lo expropiado
Los cuervos graznan sobre este cementerio de asfalto y adoquines. Los conejos corretean sin importarles los pasos de cebra, porque ni coches ni humanos transitan sobre ellos. Hay hasta aparcamiento para personas con discapacidad. Las farolas no dan luz sino sombra a los hierbajos entre baldosas propias de cualquier urbanización. Sobre ellas reposan pájaros escudriñando un descampado de 3,5 millones de metros cuadrados concebidos como un macropolígono industrial entre Cigales (5.286 habitantes), Cabezón de Pisuerga (3.823) y Corcos del Valle (218), en la provincia de Valladolid. La Junta de Castilla y León (PP) invirtió 53,4 millones de euros para el parque empresarial más grande de la comunidad. El coste anual de la seguridad pasa de 150.000 euros.
La idea brotó en 2006 y dio esperanzas a estos pueblos por las grandes sumas prometidas por las expropiaciones de terreno agrario, además del empleo asociado. Llegó la crisis financiera, quebraron las empresas y solo algunos propietarios cobraron por sus parcelas. Muchos perdieron terrenos fértiles y solo ganaron discursos: crecieron las rencillas incluso entre familias. Algunos siguen sin hablarse.
El plan autonómico junto a la autovía A-62, entre Valladolid y Palencia, sembró ilusiones hasta en las tierras más yermas de los pueblos afectados. Una irónica sonrisa aflora en Alberto Camazón, de 86 años, que, mientras pasea por el centro de Cigales, rememora: “Todo iba a ser ladrillo y nos íbamos a convertir en Nueva York, pero estalló la burbuja y se lo llevó por delante”. El hombre agradece la conversación y suelta carrete mientras de fondo unas cumbias amenizan el trabajo de unos obreros en una acera, actividad que no se verá en ese polígono fantasma.
“Solo sirvió para incomodar a todas las familias”, exclama, agarrando firmemente del brazo al visitante. Caja Segovia sí abonó los suelos, pero la empresa Fincagest, una de las principales implicadas, colapsó y nunca soltó el dinero, causando quemazones aún latentes. Casi la mitad de los propietarios se quedó sin esos suelos donde plantaban trigo, cebada y el siempre rentable regadío y tampoco lograron nada a cambio.
“Mi hermana, de 96 años, tenía unas tierras y ni se acuerda; mi hermano tiene 92 y cuando lo recuerda se le revuelven las tripas y me pregunta ¿A mí me cogieron tierras, no?”, evoca Camazón. “Si hubieran pagado a todos sería la virgen de la Gloria”, lamenta, sin que aquellas manifestaciones, con tractoradas pioneras reprimidas por la Guardia Civil cuando se lanzaban sobre la autovía, sirvieran para nada. “Si encuentras algún comprador…”, se despide el anciano, resignado por la oportunidad perdida. Muchos de los agraviados, añade, están en el cementerio.
Las expropiaciones afectaron a unos 180 labradores y el pago pendiente rondó los 12 millones de euros. “La crisis económica general y la situación financiera en particular” de la empresa pública implicada, ADE, “forzó la paralización de los trabajos e hizo replantearse el desarrollo de las actuaciones”, indica un documento de la Junta.
187 parcelas
La Consejería de Economía y Hacienda, responsable del macroparque “polígono industrial Área de Actividades Canal de Castilla”, firmó en 2022 el compromiso de 615.354 euros en cuatro años para la seguridad de ese espacio, definido como “zona empresarial en fase de desarrollo” y que preveía “la puesta a disposición de 187 parcelas industriales en sus 3.515.274 metros cuadrados” en un “eje estratégico para el desarrollo industrial de la comunidad” por su cercanía a Valladolid, Palencia y Burgos. Los recientes reparcelamientos y obras de acondicionamiento tampoco han atraído inversores.
Tanta palabra pomposa despierta ironías en los bares de Cigales, cómo no, con el autóctono vino clarete triunfando en las copas, como lo hiciese entre 1810 y 1813, cuando los ejércitos de Napoleón Bonaparte eligieron la gran iglesia de Santiago como cobijo para sus ejércitos. El templo se apodó “la catedral del vino” y dice la leyenda que el apodo de Pepe Botella se acuñó por el gusto del corso por el caldo de Cigales.
Aún se paladea el vino en las barras con alusiones sarcásticas a otro viejo emperador, este malquerido, de Castilla y León: Tomás Villanueva. El poderoso político fallecido era el consejero de Economía cuando el macropolígono entró en la política autonómica, nombre también ligado a la actualmente juzgada causa de la Perla Negra por sobrecostes de 20 millones de euros en la compra de un edificio público en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).
“¡Villanueva se murió de un disgusto!”, exclama un lugareño en un bar, pidiendo anonimato, porque él tampoco cobró por sus terrenos y ya se ha hartado de pelear. Otro compañero bromea: “¡Se murió golpeado por la pala de un aerogenerador!”. Villanueva también aparecía en la llamada trama Eólica, donde se investigan, aún sin juicio, tratos de favor de la Junta para la concesión de licencias de parques eólicos.
El exvicepresidente de Castilla y León murió por causas naturales en 2017 a los 64 años, salpicado por esos casos y al día siguiente de que Hacienda le investigara 83 cuentas bancarias. Los agricultores comentan con cansancio cómo “no se han limado las asperezas en todos estos años”, después de los “destrozos entre familias, con primos o vecinos que ya ni se hablan porque unos cobraron y otros no”.
Cada hectárea costaba 5.000 euros en 2006 y se compraron a 34.000, señalan, un negocio goloso pero con trampa, según reveló el paso del tiempo. Incluso el Ayuntamiento de Cigales declina posicionarse sobre el delicado tema. “El que cobró se lavó las manos”, critican los perjudicados, sin sentir el respaldo de los agraciados. Los años han pasado sin misericordia por los agricultores y uno de ellos comenta que su padre, dueño de esos suelos, ha muerto recientemente. Sus herederos andan debatiendo cómo administrar los bienes, entre ellos ese legado maldito: “A ver el pufo a quien le cae”.
La crisis paralizó el proyecto industrial más grande de la comunidad autónoma
Vendieron sus tierras 180 personas y quedan pendientes de pagar 12 millones