Las reglas fiscales amenazan las metas sociales y ecológicas, según los sindicatos
Un estudio avisa de que 18 países de la UE no podrán ejecutar las inversiones necesarias si deben hacer ajustes
Las nuevas reglas fiscales europeas buscan que los Estados miembros vuelvan a la senda de control del gasto público tras la montaña de deuda generada por las crisis sistémicas, primero, y la pandemia de covid-19 como colofón. Pero el acuerdo político alcanzado en febrero entre el Consejo y el Parlamento Europeo, tras intensas negociaciones, y que deberá ser ratificado a lo largo de este mes, hará que numerosos países, entre ellos España, no sean capaces de cumplir sus objetivos climáticos y sociales, advierte un estudio de la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC).
“Las reglas propuestas van a poner una camisa de fuerza a los Estados miembros y les impedirán hacer las inversiones mínimas necesarias para lograr los objetivos climáticos y sociales de la propia UE”, denuncia la secretaria general de ETUC, Esther Lynch. El estudio de la confederación sindical, realizado por el laboratorio de ideas New Economics Foundation, concluye que con las nuevas reglas fiscales, un total de 18 países, entre ellos España, Italia, Francia o hasta Alemania, uno de los países que más ha pujado por endurecer los ajustes en el acuerdo, no podrán gastar lo necesario para cumplir sus objetivos de inversión en infraestructura social como hospitales, escuelas o planes de vivienda. En el caso español, el estudio destaca que, según las nuevas reglas, en 2027 se requerirá un recorte del 0,1% en el gasto social, cuando el mínimo necesario para cumplir los objetivos es una inversión del 0,6% más.
Si se añaden las necesidades para cumplir la transición ecológica, en total la brecha de inversión social y verde será en 2027 de al menos 26.400 millones de euros en España, que llegará a los 80.600 millones en Alemania, casi 67.000 millones en Italia y más de 53.000 en Francia, destaca ETUC, que ha usado para sus cálculos los datos de Eurostat de 2021, dado que son las últimas cifras completas de todos los países.
Según el estudio, solo tres países podrán permitirse cumplir los objetivos tanto sociales como climáticos bajo las nuevas condiciones fiscales: Dinamarca, Suecia e Irlanda. “Los políticos deberían rechazar la estrategia de priorizar una reducción arbitraria de deuda y ratios de déficit sobre desafíos urgentes sociales, climáticos y de empleo”, subraya el informe. “Este tipo de recortes hacen a Europa más pobre, dañan el tejido social de la UE, su capacidad productiva y su capacidad de invertir en una economía más fuerte y resiliente”, agrega.
El informe recuerda que la propia Comisión Europea ha estimado que la inversión europea en infraestructura social se queda ya corta en 192.000 millones de euros anuales. De acuerdo con esta evaluación, la UE debería incrementar cada año sus
El informe de la ETUC sostiene que este tipo de recortes hacen “a Europa más pobre”
inversiones en 120.000 millones en salud, 57.000 millones en vivienda asequible y otros 15.000 millones más en educación. “Este informe deja claras las consecuencias: adoptar las reglas fiscales propuestas significará menos hospitales, casas y viviendas asequibles en momentos en que la presión aumenta en los tres sectores”, señala Lynch.
Para la ETUC, las primeras muestras de las implicaciones de la nueva senda fiscal ya se están produciendo: Francia ha anunciado un recorte de 1.400 millones de euros en su presupuesto de transición verde; el Gobierno finlandés, recortes sociales; y Alemania ha dado un tijeretazo a su presupuesto que afecta también a inversiones verdes, enumera el estudio. No son advertencias nuevas. De hecho, la ETUC decidió encargar un análisis de las cifras después de que varias organizaciones medioambientales alertaran el año pasado de que las nuevas reglas fiscales impedirán cumplir objetivos climáticos. En una carta enviada en noviembre al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (España ostentaba ese semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE y agilizó las negociaciones para lograr un acuerdo), cinco ONG ya alertaban de los riesgos.
“Esta combinación de limitaciones arbitrarias del gasto público y sistemas fiscales anticuados e injustos obstaculiza el progreso, agrava la desigualdad y ahoga la acción climática y ambiental”, dijo al respecto Carlos García Paret, portavoz de Greenpeace. “Las nuevas reglas son insuficientes para cumplir las metas sociales y climáticas de la UE”, corrobora ahora el nuevo informe, que estima que, para permitir que todos los Estados miembros cumplan sus necesidades de inversión pública social y verde, se necesitarán entre 300.000 y 420.000 millones adicionales al año, entre un 2,1% y un 2,9% del PIB de la UE. Para ello, propone que se consideren reglas fiscales “más flexibles”, una fiscalidad progresiva nueva o la creación de un fondo de inversión europeo a largo plazo.
“Cubrir la brecha de inversión climática y social no es responsabilidad única de los gobiernos, ya que la brecha también incluye al sector privado. No obstante, la inversión pública es esencial para la infraestructura social, servicios públicos y una transición justa”, recuerda la ETUC.