Fin a los visados injustos
Facilitar la residencia española a cambio de inversiones favorecía la especulación inmobiliaria y el agravio con el resto de inmigrantes
EL PRESIDENTE del Gobierno anunció ayer el fin de los llamados visados de oro, un instrumento que permitía obtener la residencia española mediante una inversión mínima en vivienda de 500.000 euros. La medida, que debe aprobar hoy el Consejo de Ministros, pretende reducir la especulación en el mercado de la vivienda, sumido en fuertes subidas de precios en muchas de las grandes ciudades españolas, donde una gran parte de la población tiene serias dificultades para acceder a un lugar digno en el que vivir. Se trata sin duda de una medida insuficiente para atajar la especulación inmobiliaria que sufren urbes como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia, pero su eliminación resulta imprescindible para avanzar en la solución.
A raíz de la invasión rusa de Ucrania en 2022, la Comisión Europea recomendó a los Estados miembros que acabaran con esta práctica por razones de seguridad y por los riesgos que conlleva en términos de corrupción, blanqueo de capitales y evasión fiscal. Los visados de oro se pusieron en marcha en un total de 13 países europeos en los años posteriores a la crisis financiera de 2008 con el objetivo de atraer inversiones y capital a unas economías maltrechas por la recesión y la crisis bancaria. En España fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que impulsó en 2013 la medida, que entre otros supuestos también permitía obtener la residencia mediante una inversión de dos millones de euros en deuda pública o de un millón en proyectos de emprendimiento empresarial. Hace tiempo que la economía española dejó de necesitar este tipo de estímulos para el mercado inmobiliario, y ya en la anterior legislatura uno de los socios del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, insistía en su derogación. El año pasado Irlanda y Portugal suprimieron estos visados de privilegio por el nocivo impacto que tenía sobre sus mercados inmobiliarios.
Junto al componente económico, la Comisión también ha criticado con dureza el mecanismo por atentar contra los valores europeos y forzar los límites de la legalidad. Obtener el derecho a vivir, trabajar y estudiar en un país de la UE puede ser un proceso largo e intrincado, pero hasta ahora ese camino era muy diferente para quienes tenían dinero para comprar su derecho a residir en territorio español y, por extensión, en el europeo.
Bruselas recomendó suprimirlos por atentar contra los valores de la UE y para evitar el blanqueo de capitales
Los últimos datos oficiales revelan que entre 2013 y 2022 la concesión de visados de oro por todo tipo de inversiones superó los 11.400. De ellos, el 93,9% (unos 10.800) se concedieron por compras de vivienda u otro tipo de inmuebles. Aunque se trata de una cifra menor comparada con los permisos de residencia concedidos por razones de reagrupamiento familiar o arraigo —la principal vía de acceso en el caso de España—, resultaba un trato discriminatorio para quienes —según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones— tienen que esperar una media de 2,8 años para obtener el permiso para residir y trabajar en España.