La propuesta para regularizar a cientos de miles de inmigrantes, pendiente de PP y Junts
El Congreso decidirá si toma en consideración una iniciativa respaldada por 600.000 firmas
El pleno del Congreso vota hoy una iniciativa que retratará a todos los partidos políticos en un asunto sensible y cada vez más crucial en cada cita electoral. Después de casi tres años con el asunto sobre la mesa, ha llegado el momento de decidir si se tomará en consideración la iniciativa legislativa popular (ILP) que pide la regularización de cientos de miles de personas que viven y trabajan sin papeles en España. La propuesta llega al pleno con gran incertidumbre.
En este tiempo, el PSOE se ha movido de la ambigüedad al sí, mientras que el PP, que ya rechazó que fuese el momento de abordar la medida, deja ahora abierto el sentido de su voto. Una vez más, Junts puede ser definitorio. Más allá del sentido sobre el fondo del asunto, que podrá matizarse con las correspondientes enmiendas, la tramitación de la iniciativa permitirá un debate sobre la gestión migratoria en España, un tema escurridizo que espolea la ultraderecha y evita la izquierda. Un asunto que divide a los votantes y del que solo se habla de crisis en crisis.
La iniciativa popular, liderada por los propios inmigrantes a través de la plataforma, Regularización Ya, llega al hemiciclo gracias a casi 612.000 firmas (la ley requiere al menos medio millón) y el apoyo de 906 organizaciones, y une en la misma causa a ayuntamientos, asociaciones de prostitutas o la Conferencia Episcopal, aunque no ha logrado el apoyo de los sindicatos mayoritarios. La propuesta pide que se modifique una disposición transitoria de la ley de extranjería, que ya se usó para otra regularización extraordinaria en el año 2000, con José María Aznar en la presidencia. La demanda es que en el nuevo texto se lea: “Se establecerá, en el plazo de seis meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021”. Los promotores de la iniciativa calculan que la medida beneficiaría a entre 390.000 y 470.000 personas, la mayoría de América Latina.
En democracia, España ha aprobado nueve regularizaciones de extranjeros, cinco impulsadas por el Partido Popular y cuatro por el Partido Socialista. La última fue en 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero facilitó los papeles a 600.000 trabajadores no comunitarios.
A última hora de ayer, los promotores confiaban en que la iniciativa finalmente saldrá adelante. Vox votará en contra, pero el PP, que ya se había mostrado reacio, no ha querido definir aún qué votará. El PSOE, por su parte, ha convertido su ambigüedad, inclinada al no, en un previsible sí, en línea con todos sus socios de Gobierno. Fuentes socialistas han confirmado a EL PAÍS que votarán a favor de la toma en consideración “por respeto” a los miles de proponentes de la sociedad civil, aunque adelantan que enmendarán el contenido de la iniciativa.
Tanto Sumar, como Podemos, ERC, IU, el PNV y EH Bildu también se han posicionado a favor. Incluso Junts, que no ha querido adelantar el sentido de su voto, dejó caer su sí en la última comisión de Migraciones del pasado 12 de marzo. “Nuestro grupo parlamentario es muy consciente de la necesidad de abordar esta regularización, por lo que participaremos con interés en el debate parlamentario de esta iniciativa”, dijo el diputado Josep María Cervera.
Las dudas hasta ayer en las filas del PSOE, que hace años esquiva propuestas de este tipo, causaron inquietud entre los promotores de la iniciativa.