El PP duda si llevar al Constitucional el conflicto por la amnistía
Los populares temen un varapalo del tribunal de garantías, de mayoría progresista
Después de meses de in crescendo en la ofensiva contra la ley de amnistía, el PP se plantea por primera vez pisar el freno en una de las vías de la escalada. Se trata de la opción de recurrir ante el Tribunal Constitucional la tramitación de la norma, una posibilidad que se abriría en el caso de que el Congreso conteste negativamente o deje sin responder al conflicto institucional que le va a plantear el Senado hoy por el procedimiento parlamentario de la amnistía. Los populares dejan la puerta abierta a acudir al tribunal de garantías, pero dudan si hacerlo por temor a un varapalo. Fuentes parlamentarias reconocen que creen que el Constitucional, de mayoría progresista, validará la tramitación. Así que, pese a que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, insistió ayer en que la amnistía es “la mayor cacicada desde el franquismo”, el partido medita si recurrir al Constitucional para evitar un nuevo paso en falso.
El pleno del Senado sacará adelante hoy el conflicto de atribuciones entre la Cámara alta y el Congreso solicitado por los populares por la ley de amnistía, a la que califican de “reforma constitucional encubierta”, siguiendo los argumentos de los letrados del Senado. Una vez aprobado el conflicto, la Cámara baja tendrá hasta el 11 de mayo para responder. En caso de hacerlo negativamente o de guardar silencio, como esperan fuentes parlamentarias, el PP —a través de la Mesa del Senado, que preside el Partido Popular— tendrá que decidir si sigue hasta el final y acude posteriormente al Constitucional para que este se pronuncie. Pero el problema es que un pronunciamiento del tribunal de garantías antes de que la norma esté en vigor podría respaldar la medida de gracia de antes de lo esperado por el PP, echando por tierra su estrategia contra la norma.
Para empezar, porque si el Constitucional valida el procedimiento parlamentario de la amnistía, los populares dejarían de poder defender el discurso en el que han fundamentado una medida tan excepcional como el choque entre el Congreso y el Senado. Los populares son conscientes de que la mayoría progresista del tribunal de garantías juega en su contra, y teme un movimiento que al final pudiera aprovechar el Gobierno, como ocurrió con el informe de la Comisión de Venecia, que aunque también incluía críticas, no supuso el varapalo que esperaban a la ley y el Ejecutivo lo aprovechó en su favor. Los populares desconfían del alto tribunal por su mayoría progresista y lo han llegado a calificar como “el cáncer de la democracia”, dijo el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, aunque después tuvo que retractarse de esas palabras.
Pero el PP también recela de dar ese paso porque un primer pronunciamiento del Constitucional complicaría un posterior recurso de inconstitucionalidad contra el texto, que el PP sí confirma que presentará sobre el fondo de la amnistía, una vez termine todo el procedimiento parlamentario. Algunas fuentes parlamentarias populares sostienen que el recurso sobre la forma sería “estéril” una vez el alto tribunal vaya a estudiar el fondo. El PP también teme que un pronunciamiento del Constitucional a favor del procedimiento complique el recurso posterior ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el seno del grupo parlamentario hay “dudas” sobre si la decisión en contra del tribunal de garantías sobre la amnistía podría tirar por tierra su estrategia posterior contra la norma. “Un pronunciamiento en contra podría parecer que avala la ley de amnistía”, reconocen fuentes del PP.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, dejó este martes la puerta abierta y no garantizó que los populares acudan finalmente al Tribunal Constitucional tras plantar el conflicto de atribuciones entre las dos cámaras. “El Congreso tiene un plazo de 30 días para responder. Vamos a ver cómo responde y cómo argumenta su respuesta. Cuando llegue ese momento, ya anunciaremos los pasos a dar por el Partido Popular”, dijo García al respecto en rueda de prensa.
Con todo, en el PP hay debate interno y algunas fuentes son partidarias de acudir al tribunal de garantías incluso a pesar del riesgo de que no les dé la razón, porque renunciar a hacerlo sería difícil de explicar. Otras fuentes tienen dudas de que el Senado esté obligado a ir al Constitucional tras el choque entre las dos Cámaras. El grupo parlamentario debatió ayer qué hacer pero no tomó una decisión final. Las fuentes consultadas dan por hecho que la última palabra no la tendrá el Senado, sino el comité de dirección del PP presidido por Feijóo. Otras fuentes se escudan en que hay que ir “paso a paso”, pese a que todos reconocen que la respuesta del Congreso será negativa o directamente no habrá tal respuesta.
El líder del PP reconoció este lunes que en todo caso, el conflicto de competencias que va a propiciar su partido entre el Senado y el Congreso no tendrá efectos prácticos, ya que ni siquiera va a retrasar la tramitación de la ley de amnistía. “El conflicto de intereses no retrasa la tramitación de la ley porque tenemos dos meses para ello”, explicó Feijóo en una entrevista en la Cadena COPE. “Vamos a ajustarnos a los plazos. No vamos a hacer ninguna ilegalidad en nuestro país. A partir de que la ley se apruebe, el 14 de mayo, la ley volverá al Congreso y el Congreso no atenderá ninguno de los conflictos del Senado, y se aprobará la ley y entrará en vigor, supongo, durante el mes de mayo”, especificó el líder popular. Fuentes del partido admiten que el conflicto entre las Cámaras sirve para “mantener la amnistía en el candelero” con sucesivos debates parlamentarios sobre la norma, y de ahí su estrategia de forzarlo, aunque no tenga efectos prácticos.
Ante el embrollo jurídico, son los socialistas quienes presionan ahora al PP para que acuda al Constitucional. El portavoz del PSOE en la Cámara alta, Juan Espadas, instó este lunes al PP a presentar el recurso. “Si lo hace [el PP], el Tribunal Constitucional va a tener la oportunidad de pronunciarse sobre la forma de la tramitación de ley. Veremos si es un farol, el Partido Popular tendrá letrados que le asesoren”, ironizó Espadas. Mientras, el PP sigue deshojando la margarita.