Los conservadores del Consejo Fiscal desoyen al fiscal general y dictaminan sobre la amnistía
Álvaro García insiste en que el órgano asesor no es competente para pronunciarse sobre leyes del Parlamento
Los vocales de la conservadora Asociación de Fiscales (AF) presentes en el Consejo Fiscal han elaborado y difundido un “borrador” de informe contra la proposición de ley orgánica de amnistía al procés que pretenden que se vote en dicho organismo, pese a la oposición del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El sector conservador de la carrera reimpulsa así la ofensiva lanzada por el PP desde el Senado, donde el partido de Alberto Núñez Feijóo cuenta con mayoría absoluta. La Cámara Alta ha reclamado varias veces a la Fiscalía que se confeccione ese informe, pero el máximo representante del ministerio público ha reiterado en dos ocasiones que el Consejo Fiscal “carece de competencias” para ello.
El lunes, Álvaro García Ortiz volvió a rechazar la petición del Senado. El fiscal general envió una carta al presidente de la Cámara alta, Pedro Rollán, para comunicárselo. “Reitero a V. E. [vuestra excelencia] la inviabilidad de que el Consejo Fiscal, órgano de asistencia y asesoramiento del fiscal general del Estado, emita informe en relación con la referida proposición de ley orgánica […] El citado órgano incardinado dentro de la estructura del Ministerio Fiscal carece de competencia para informar proposiciones de ley que se hallen en tramitación en sede parlamentaria”, decía García Ortiz en su misiva, a la que tuvo acceso EL PAÍS.
Pese a conocer ese posicionamiento de la cúpula del ministerio público, el sector conservador de la carrera fiscal contraatacó ayer. La AF emitió un comunicado donde anuncia la confección de dicho borrador — además de difundir su contenido íntegro— y su presentación para que se incluya en el orden del día del pleno del Consejo Fiscal, previsto para el 25 de abril. Los seis representantes de la Asociación de Fiscales quieren que se designe a un vocal de este organismo para que elabore una ponencia sobre la ley de amnistía; que se le entregue, además, este “borrador” de informe para que lo tenga en cuenta. Y que, después, se debata y se vote.
A los pocos minutos de que la asociación conservadora diera el paso, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se sumaba a la arremetida. “El Consejo Fiscal, también. Pese a la obstrucción del Fiscal General condenado, los fiscales que no dependen de [Pedro] Sánchez señalan que la amnistía es inconstitucional y contraria a derecho. Igual que todas las asociaciones de jueces. La impunidad no es democracia: es una cacicada”, cargó la popular en un mensaje en X (la red social antes conocida como Twitter), publicado ayer.
El PP quiere mantener la tensión por la tramitación de la amnistía, que considera que acarrea un enorme desgaste para el Gobierno y sus socios. Los populares han encontrado un importante apoyo en el sector conservador del Poder Judicial, que también se ha sumado a las críticas contra la normativa pactada con los partidos independentistas para conseguir la investidura de Sánchez. En esta línea, el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha espoleado la ofensiva y reclamó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía que confeccionasen sendos informes sobre la nueva ley. La primera institución, dominada por los conservadores, lo hizo sin problemas y aprobó en marzo un documento muy crítico.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado rechazó hacer lo mismo. García Ortiz explicó a la Cámara alta que el Consejo Fiscal —el órgano donde el PP quería que se elaborase el informe y donde hay seis vocales de la AF, de un total de 12 miembros— “carece de competencias” para ello y, por tanto, no iba a pedírselo. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé que el Consejo Fiscal informe sobre proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del ministerio público. Pero este dictamen no se contempla para las proposiciones de ley, que es la forma en la que se está tramitando la amnistía.
El fiscal general sí admitía que “la leal colaboración institucional” permitiría al ministerio público como institución hacer este informe —no al Consejo Fiscal—, pero añadía que esa cooperación “no es posible” en este caso porque supondría “alterar el normal funcionamiento de la institución” e “invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía”, ya que corresponderá a los fiscales que lleven causas relacionadas con el procés posicionarse sobre la amnistía cuando esta llegue a los tribunales.
Los vocales de la Asociación de Fiscales no comparten ese criterio. Al igual que el PP, este sector se agarra al artículo 10 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece de forma genérica que la Fiscalía “colaborará con las Cortes Generales a requerimiento de estas y siempre que no exista obstáculo legal”. “Sin que tal obstáculo exista en el presente caso”, sostienen los miembros de la conservadora AF, abiertamente enfrentados desde hace tiempo con el fiscal general del Estado. En su borrador de informe sobre la amnistía, que ocupa 160 páginas, este sector de la carrera subraya que la entrada en vigor de esta ley supone “la quiebra” del Estado de derecho.