El fiscal general consulta a toda la carrera sobre la instrucción penal
La institución considera necesario reformar su Estatuto orgánico para ganar autonomía
En medio de la guerra declarada por el sector conservador de la Fiscalía al fiscal general del Estado a cuenta de la ley de amnistía a los encausados del procés, Álvaro García Ortiz pretende aunar a toda la carrera para impulsar una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que dote de mayor “autonomía” a esta institución. Se trata de una reforma necesaria, según coinciden todos los sectores de la Fiscalía, para poder asumir las competencias que les otorgará la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), un proyecto estancado desde hace años pero que el Gobierno quiere desatascar en los próximos meses y que implicará dejar en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales. García Ortiz se reunió ayer con las tres asociaciones de fiscales y les encargó que sean ellas las que asuman la elaboración del nuevo Estatuto y que se pida la opinión de toda la carrera, según señalan fuentes de las Fiscalía y de las asociaciones.
La reunión del miércoles fue propuesta por García Ortiz después de que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, confirmara que el Gobierno pretende aprobar en los próximos meses la nueva LECrim, una de las reformas legales de mayor envergadura diseñadas en los últimos años y que implicará un vuelco en el proceso penal. El proyecto para que los fiscales asumieran la instrucción penal se puso en marcha hace casi 15 años, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y el PP también se ha mostrado favorable, pero el proyecto se ha ido retrasando. Ya con Pedro Sánchez en La Moncloa, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto en noviembre de 2020, y, en febrero de 2021, encargó al Consejo Fiscal y al Consejo general del Poder Judicial (CGPJ) los informes preceptivos para poder seguir tramitando la norma.
El principal órgano asesor del fiscal general aprobó por unanimidad cinco meses después un documento de más de 700 páginas en el que apoyaba la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de dejar la instrucción penal en manos de los fiscales, una reivindicación histórica de la carrera, pero cuestionó aspectos clave de la norma que, en opinión de este órgano, pueden hacer fracasar el nuevo modelo de proceso penal.
Más descentralización
Uno de los reparos que pusieron los fiscales es que las nuevas funciones que la LECrim atribuirá al ministerio público exigen una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para lograr “un avance en los espacios de autonomía, especialización, transversalidad y descentralización” y promover “la confianza de la ciudadanía en la institución”.
La reforma del Estatuto que regula el funcionamiento de la carrera está previsto en la nueva LECrim, pero el Gobierno no concreta en qué se traducirán esos cambios. Esta es la tarea que ha encargado García Ortiz a las tres asociaciones, la Asociación de Fiscales (la mayoritaria, de tendencia conservadora), la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Independiente de Fiscales.
La intención de la Fiscalía, señalan fuentes de la institución, es que en el proceso de redacción del nuevo Estatuto participen “todos los fiscales”. “Solo desde el profundo conocimiento de la carrera fiscal y de sus estructuras se pueden hacer al legislador propuestas con garantías para un nuevo Estatuto Orgánico que responda a la futura LECrim”, señalan estas fuentes. Ambas partes volverán a reunirse el próximo 7 de mayo.