Abogados y procuradores batallan por una pensión digna
Casi 80.000 profesionales ahorran a través de mutualidades en lugar de con la Seguridad Social
Los abogados y los procuradores de España están en pie de guerra. El colectivo lleva una racha complicada: por la huelga de los funcionarios de Justicia, que mermó sus ingresos en 2023; porque el turno de oficio lo cobran tarde y mal; y ahora también porque el dinero que van a percibir al jubilarse no les permite a muchos de ellos vivir dignamente.
El colectivo ha convocado el sábado su tercera gran manifestación para reclamar al Gobierno que ponga ya en marcha un mecanismo para garantizarles unas pensiones decentes. “Hay compañeros que tras 40 años aportando se ven con 300 euros al mes al jubilarse, lo que es intolerable”, explica Antonio Villaluenga, abogado penalista y uno de los portavoces de la plataforma J2 (Jodidos [sic]), que está canalizando las protestas. En febrero movilizaron a casi 10.000 personas en Madrid.
El origen del conflicto viene de lejos y está ligado al hecho de que la mayoría de los abogados y procuradores sean trabajadores autónomos. En los años cuarenta del siglo pasado, cuando aún no existía la Seguridad Social, se crearon mutuas gremiales para organizar fondos que permitieran dar una asistencia social a los trabajadores. Había mutuas de panaderos, de curas, de notarios, de ingenieros, y también de profesionales del Derecho. Incluso se creó una mutua para las empleadas domésticas.
Cuando se formó la Seguridad Social en 1963, muchas de aquellas mutuas profesionales se integraron en el sistema público, pero la de procuradores y la de abogados decidieron seguir como mutualidades independientes. De hecho, hasta 1995 estos profesionales no tenían otra opción más que darse de alta en las mutuas, ya que no cabía la posibilidad de cotizar en la Seguridad Social como trabajadores autónomos.
Aunque ahora ya se puede elegir, todavía sigue habiendo 60.000 abogados que no cotizan a la Seguridad Social (en su caso al régimen alternativo para trabajadores autónomos, RETA), sino que hacen aportaciones mensuales a la Mutualidad de la Abogacía, que ha adoptado el nombre comercial de La Mutualidad. Por su parte, la Mutualidad de los Procuradores cuenta con otras 5.000 personas en una situación similar.
A partir de 1996, el modelo cambió y se permitió que estos trabajadores por cuenta propia pudieran elegir si ahorrar a través de su mutualidad profesional o cotizar para la Seguridad Social. El punto de inflexión llegó en 2005, cuando la Mutualidad de la Abogacía aprobó el paso de un sistema colectivo y solidario, a un sistema de capitalización individual. “Antes sí que se llegaba a hablar de que el abogado podría jubilarse con 600 euros al mes, pero con el aumento de la esperanza de vida, los bajos tipos de interés y las escasas aportaciones vimos que era cada vez más difícil que la Mutualidad pudiera garantizar esas cifras a todos, por lo que optamos por evolucionar hacia un sistema individual”, ha comentado en varias ocasiones Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de La Mutualidad, una organización que ya gestiona más de 10.200 millones de euros de ahorros de sus mutualistas y clientes. La transformación se aprobó en los órganos de gobierno y se informó a todo el colectivo.
En el caso de la Mutualidad de los Procuradores, el cambio fue incluso anterior. “A partir del 2000 teníamos un sistema de capitalización individual”, recuerda Luis Sánchez, presidente de esta organización. “El problema es que se venía de épocas de tipos de interés muy altos, pero desde hace más de una década era más que evidente que si se hacían aportaciones muy bajas, se tendría una renta muy pequeña”.
El problema con este sistema mixto es que seguía habiendo mucha inercia. Los abogados y procuradores veteranos siempre habían aportado por la mutualidad, y las nuevas generaciones siguieron haciéndolo, aunque el contexto económico y el modelo empresarial había cambiado. Isabel Jiménez Amor, colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, asegura: “Cuando me di de alta en la Mutualidad, en 2009, me prometían una pensión de entre 1.200 y 1.500 euros si pagabas las cuotas que te decían, y que eran inferiores a las de la Seguridad Social, pero ahora lo que nos va a corresponder es mucho menos”.
En la manifestación del 13 de abril, la principal demanda de abogados y procuradores es que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ponga en marcha una pasarela que permita a quienes lo deseen convertir sus aportaciones a la mutualidad en años de cotización pública. La ministra, Elma Saiz, anunció hace un mes que quieren crear esta herramienta, aunque solo para aquellos mutualistas que empezaran a aportar a sus mutualidades antes de 1996. Además, han puesto la condición de que solo podrán utilizarla los profesionales “en situación de vulnerabilidad”.
Los afectados han criticado con dureza esta propuesta, por quedarse muy corta. “Deberían permitir que cualquier mutualista pudiera utilizar la pasarela. Si ponen tantas restricciones, no van a permitir utilizarla a casi nadie”, dice Nuria Cachafeiro, presidenta de la Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía (ANAMA). Los afectados recuerdan también que con los notarios y los curas se crearon pasarelas muy favorables.
“Tras 40 años cotizando quedarían 300 euros al mes”, dice un portavoz
Los afectados consideran muy corta la propuesta de la ministra Elma Saiz