Las familias de los fallecidos en residencias en la pandemia piden al Congreso que investigue
Dos plataformas llevan a la Cámara baja el informe que concluyó que en Madrid podrían haberse evitado 4.000 muertes
La lucha de los familiares de quienes murieron en residencias en la pandemia sigue cuatro años después. Cinco mujeres lo atestiguan, tres de ellas son hijas de víctimas. Están frente al Congreso de los Diputados. Cinco para representar a los 7.291 que fallecieron en esos centros en la Comunidad de Madrid sin ser derivados a hospitales, en marzo y abril de 2020. No solo murieron por la pandemia, sino por cualquier causa, pero sin la atención médica adecuada, recalcan. Esa es la cifra que se lee en la chapa que llevan en los abrigos. Entre marzo y junio, fallecieron en el país cerca de 20.000 ancianos en esos centros con covid o síntomas compatibles. También los representan a ellos. Porque estas mujeres, integrantes de las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, acudieron ayer a la Cámara baja para volver a pedir una comisión de investigación sobre lo sucedido. Y para registrar el informe que elaboró una comisión ciudadana y que concluyó que en Madrid podrían haberse evitado 4.000 muertes.
“No paramos y no vamos a parar”, cuenta Carmen López. Esta mujer perdió a su madre, que vivía en una residencia madrileña, en mayo de 2020. “Pasó tres días agonizando [en el centro]. Finalmente, conseguí que la derivaran atendiendo al criterio clínico de si caminaba. La doctora se equivocó y dijo que sí”, relata. Se refiere a los protocolos aprobados en marzo de 2020 por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que restringían la derivación hospitalaria de personas con gran dependencia o discapacidad. “Murió por esos protocolos. Si la hubieran derivado al principio...”, lamenta.
Integrantes de las dos plataformas, formadas por familiares, trabajadores y residentes, han entregado a la Fiscalía madrileña y a la General del Estado el informe que la comisión ciudadana elaboró en Madrid. También han protagonizado actos concurridos. No fue así ayer, cuando estas cinco integrantes se acercaron al Congreso para entregar una copia del estudio para cada portavoz de los grupos y para la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. “No vamos a cerrar este duelo mientras no haya justicia”, dice López. “Queremos que lean el informe y que se inicie una comisión de investigación para analizar las decisiones de cada comunidad y sus consecuencias”, añade. Cuatro años después de aquella primera ola no ha habido ninguna a nivel nacional. Y, de forma oficial, tan solo ha habido un grupo de trabajo que, a puerta cerrada, analizó en el Parlament de Cataluña lo ocurrido, cuyo informe apuntó a deficiencias en el sistema, pero evitó señalar culpables y cuyas conclusiones causaron decepción entre las asociaciones de familiares.
María Jesús Valero se define como “familiar de un padre que dejaron morir por los protocolos del Gobierno de Ayuso”. En el certificado de defunción constaba en un margen: posible covid. “¿Qué pretendemos? Luchar por lo que ocurrió, pero también estoy en lo que está ocurriendo”, afirma. “Los cuidados indignos, con falta de personal, con recortes presupuestarios”, continúa. Irene Rodríguez quiere “que la sociedad reaccione”. Cuenta que a su madre “la pandemia se la llevó por delante”. “Cuando la vi, tres meses después, ni la reconocía. Era hueso y piel”, dice. “La derivaron al hospital y pude verla. Su última frase, porque no me dejaron estar más con ella, fue: ‘No te vayas”. Falleció sola “con sospecha de covid”, asegura. Era julio de 2020. Junto a estas tres mujeres, Carmen Ruiz y Teresa Alvarado son ciudadanas que decidieron involucrarse en la causa para luchar contra la “injusticia”, dice la segunda. La primera expone: “La ciudadanía tiene la obligación moral de saber lo que ocurrió”.
“Mi madre murió por no derivarla antes al hospital”, lamenta una mujer
“La ciudadanía tiene la obligación moral de saber qué sucedió”, afirma otra