El Ejecutivo golpista de Malí cancela la actividad de los partidos políticos
La decisión de la Junta militar llega tras la masiva exigencia de elecciones
El Gobierno de Malí, bajo el mando del coronel Assimi Goïta, aprobó este miércoles un decreto que establece “la suspensión hasta nueva orden y en todo el territorio nacional de las actividades de los partidos políticos y de las asociaciones de carácter político”. El Ejecutivo justifica dicha decisión por razones de seguridad y “de orden público” y la adopta apenas diez días después de que más de 80 partidos y colectivos de la sociedad civil reclamaran la celebración de elecciones presidenciales “en el plazo más breve posible”, algo que las autoridades malienses, que llegaron al poder mediante un golpe de Estado en 2020, rechazan de plano.
El decreto fue anunciado a la opinión pública en rueda de prensa por el ministro de Administración Territorial y portavoz del Gobierno, el coronel Abdoulaye Maïga, quien acusó a la clase política de “debates estériles” y de llevar a cabo “acciones de subversión”. Por todo ello, añadió, en un momento de desafíos en materia de seguridad por la actividad de grupos armados yihadistas e independentistas tuaregs, es necesario instaurar “un clima de serenidad” a la espera de la apertura de un “diálogo nacional”.
Los militares malienses llegaron al poder aupados por una gran movilización popular que se vio incluso reforzada por sus victorias militares con el apoyo de Rusia, su nuevo aliado internacional, como la toma de Kidal el pasado noviembre de manos de los rebeldes tuaregs. Sin embargo, el incumplimiento de su promesa de organizar unas elecciones libres y transparentes, cuyo plazo expiró el pasado 26 de marzo, y el recorte generalizado de derechos y libertades han comenzado a erosionar este sostén y cada vez más voces se elevan para reclamar unos comicios.
Uno de los opositores más peligrosos para la junta militar es el influyente imam salafista Mahmoud Dicko, uno de los artífices de la movilización popular que en agosto de 2020 provocó la caída del entonces presidente Ibrahim Boubacar Keita y la subida al poder de los militares. Sin embargo, hoy su ruptura con Goïta es total. Tanto Dicko, que vive en Argelia desde diciembre, como sus seguidores se han lanzado desde a una campaña de denuncia de “la corrupción, el nepotismo y el mal gobierno” de la junta militar que ha “confiscado” el poder. En respuesta, el Gobierno ilegalizó el pasado 6 de marzo a la Coordinadora de Movimientos, Asociaciones y Simpatizantes de Dicko (CMAS), mientras que la actividad del colectivo Sinergia de Acción por Malí, formado por unos 30 partidos bajo el manto del imam, fue prohibida en Bamako. Pero no están solos y a los más de 80 partidos que exigen elecciones se han unido jueces y fiscales.
La situación en los países vecinos no es mucho mejor. En Burkina Faso son moneda corriente las detenciones de activistas de derechos humanos y miembros de partidos políticos críticos con el poder. En Níger, el depuesto presidente Mohamed Bazoum continúa retenido por los militares y, en ambos países, la actividad de colectivos de la sociedad civil y periodistas es sometida a un fuerte control.