El Ejército cesa al capitán imputado por la muerte de dos soldados
El Ejército ha cesado en su destino al capitán Ignacio Zúñiga, jefe de la compañía a la que pertenecían los dos militares que se ahogaron el 21 de diciembre en un embalse de la base de Cerro Muriano (Córdoba) mientras realizaban maniobras. El oficial, destinado en el Regimiento de Infantería La Reina número 2, de la Brigada Guzmán el Bueno X, queda en situación de servicio activo pendiente de asignación de destino en Córdoba, según la resolución que publicó ayer el Boletín Oficial de Defensa
(BOD).
El capitán Zúñiga es el militar de mayor empleo de los tres imputados por dos delitos contra la eficacia del servicio con resultado de muerte (homicidio imprudente) por el Juzgado Togado Militar 21, con sede en Sevilla. Junto a él también han sido imputados un teniente y un sargento. Los tres mandos supuestamente no tomaron las medidas necesarias para preservar la seguridad de los militares: la denominada línea de vida no era más que una cuerda tendida de orilla a orilla de la balsa artificial que se hundió cuando los soldados se agarraron a ella al empezar a ahogarse en un embalse en el que no hacían pie y las mochilas no reunían las condiciones de flotabilidad necesarias.
Al día siguiente del accidente, Zúñiga ya fue apartado del mando de la compañía, pero siguió destinado en el regimiento, por lo que acudía diariamente al cuartel y estaba en contacto con los testigos. La viuda del cabo Miguél Ángel Andújar, de 34 años, uno de los dos fallecidos, solicitó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que fuera suspendido de empleo, una petición planteada también por los padres del soldado Carlos León, de 24 años, el otro fallecido.
El juez militar ha pedido a las partes que se pronuncien sobre la elevación del caso a los juzgados togados centrales, al apreciar indicios de responsabilidad en mandos por encima del capitán que estarían fuera de su competencia. Al mismo tiempo, ha planteado la posibilidad de acusar de un delito de revelación de secretos al letrado Luis Romero, uno de los acusadores particulares, a quien reprocha haber informado sobre la investigación a la prensa, a pesar de que el sumario no es secreto.