La Fiscalía pide que Aguirre testifique por la caja b del PP de Madrid
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP autonómico, declare como testigo en el juicio sobre la caja b del partido regional. El ministerio público, a cuyo escrito de acusación ha tenido acceso EL PAÍS, considera indispensable escuchar la versión de la exdirigente popular, que permaneció imputada durante tres años por la supuesta contabilidad paralela urdida en el seno de la formación que dirigió, aunque la acusación se archivó finalmente contra ella por falta de pruebas. En la futura vista oral, para la que aún no hay fecha fijada, siete personas se sentarán en el banquillo: entre ellas, Francisco Granados y Beltrán Gutiérrez, quienes ocuparon respectivamente los puestos de secretario general y gerente del PP de Madrid en la era de Aguirre.
Aguirre, que llegó a aglutinar un enorme poder en el PP de Madrid, permaneció imputada tres años en las pesquisas sobre la financiación irregular del partido regional, una línea de investigación abierta dentro del llamado caso Púnica. Su figura se situó en el epicentro de la trama, ya que ella fue una de las grandes beneficiarias de la caja b: los fondos obtenidos se destinaban a sus campañas electorales y se desvió dinero para pagar una campaña de reputación online a su favor. Además, la política encabezó los tres órganos donde anidó la corrupción: Gobierno regional, PP de Madrid y Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid).
Sin embargo, con el respaldo de la Fiscalía, el juez Manuel García-Castellón decidió en 2022 archivar la causa contra Aguirre por falta de pruebas. Los investigadores consideraron que no contaban con indicios suficientes para ir más allá de la imputación y proponer sentarla en el banquillo.
De esta forma, limitaron la responsabilidad de la financiación irregular a Francisco Granados, quien fuera mano derecha de la presidenta y para quien el ministerio público pide casi ocho años de prisión; y a Beltrán Gutiérrez, para el que solicita tres años y medio de reclusión.