Una de las científicas que más dinero genera no cobra por sus inventos
La burocracia impide que Giovanna Roncador se lleve un porcentaje de los beneficios de su trabajo contra el cáncer
La bióloga Giovanna Roncador vive una situación “surrealista”. Es una de las científicas que más dinero genera en España gracias a sus invenciones, pero no recibe ni un euro. Roncador, nacida en la ciudad italiana de Trento hace 57 años, trabaja en una de las mejores instituciones especializadas en cáncer del mundo, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en Madrid. Ella dirige la Unidad de Anticuerpos Monoclonales, unas moléculas que se diseñan en el laboratorio para unirse de manera específica a determinadas células y poder, por ejemplo, diagnosticar linfomas. La venta de estos anticuerpos genera cerca de un millón de euros al año en derechos de explotación para el CNIO, pero la institución, una fundación pública adscrita al Ministerio de Ciencia, no reparte los beneficios con los inventores desde 2020 por un embrollo burocrático kafkiano.
“Es una situación muy frustrante. ¿Por qué no se premia a los que trabajan bien?”, lamenta la bióloga. Roncador diseñaba anticuerpos en la Universidad de Oxford (Reino Unido) cuando la ficharon en 2000 para fundar el nuevo centro de referencia contra el cáncer en España. Su mayor éxito fue desarrollar un anticuerpo específicamente dirigido a un subtipo de glóbulos blancos, lo que ha permitido revelar nuevos mecanismos de la respuesta inmunitaria. Su equipo lo diseñó junto a su colega Alison Banham, de la Universidad de Oxford. La británica cobra sus beneficios de explotación desde 2004, pero Roncador solo los recibió entre 2014, cuando el patronato del CNIO por fin aprobó una normativa de reparto, y 2019, cuando el Ministerio de Hacienda paralizó los pagos.
La bióloga pone un ejemplo. Si una empresa gana 100.000 euros al año vendiendo uno de sus anticuerpos, el CNIO recibe unos 15.000. Tras descontar gastos y el porcentaje para la institución española, menos de 6.000 euros llegarían a los inventores. En el caso de su anticuerpo más exitoso, casi la mitad iría a Oxford y, de los aproximadamente 3.000 euros restantes, Giovanna Roncador recibiría el 65% (unos 1.900 euros anuales); su mano derecha, la bióloga Lorena Maestre, el 28% (unos 800 euros); y el jefe de la Unidad de Producción de Proteínas, Jorge Martínez Torrecuadrada, el 7% (unos 200 euros). Roncador y Maestre demandaron al CNIO ante un juzgado de lo social de Madrid en 2022, para evitar la caducidad de sus derechos. La investigadora calcula que la venta de 65 de sus anticuerpos ha producido más de 8,5 millones de euros de ingresos netos en las arcas públicas del CNIO desde 2004.
La institución empezó a repartir beneficios con sus inventores en 2014, pero dejó de hacerlo con los ingresos de 2020 y los años posteriores. Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado —el órgano de control del sector público— recomendó entonces “la suspensión inmediata” del sistema de reparto. “Es un concepto normativo el de regalías que no existe en nuestra legislación y carece de desarrollo reglamentario”, defendieron los auditores, adscritos a Hacienda.
Medio centenar de investigadores del CNIO escribieron el 12 de diciembre de 2022 al Ministerio de Ciencia para comunicar que consideraban “inaceptable” tener que recurrir a los tribunales para cobrar un porcentaje por sus invenciones. El ministerio respondió que la nueva Ley de la Ciencia, reformada en junio de 2022, ya establece que los investigadores del sector público estatal se llevarán “al menos un tercio” de los beneficios generados por la explotación de sus inventos. “Estoy dando el impulso necesario para agilizar al máximo estos últimos trámites”, respondió la entonces secretaria general de Investigación, Raquel Yotti, el 27 de diciembre de 2022.
Casi un año después, el CNIO envió una propuesta oficial de un nuevo sistema de reparto en noviembre, a la Intervención General de la Administración del Estado.
El dato 8,5 son los millones de ingresos que ha generado la venta de los 65 anticuerpos creados por Roncador a las arcas públicas del CNIO.