La Fiscalía chilena acusa a Venezuela de organizar el asesinato del opositor Ojeda
El cadáver del exmilitar fue hallado 10 días después de ser secuestrado en febrero
La tensión entre los gobiernos de Chile y Venezuela va en aumento por el caso Ronald Ojeda, exteniente opositor al Gobierno de Nicolás Maduro y refugiado político en Chile desde 2018, que fue secuestrado el 21 de febrero y hallado enterrado bajo cemento dentro de una maleta 10 días después.
El fiscal chileno Héctor Barros apuntó en la noche del jueves que los hechos se organizaron desde Venezuela y que tuvieron un móvil político. En una entrevista concedida al canal Chilevisión, a Barros se le preguntó si tenía la convicción de que el móvil del homicidio era político: “Hasta el momento, no tengo otro antecedente que nos demuestre, que nos indique, hacia otro lado”, respondió.
“En este caso hemos descartado todas las tesis que tengan que ver con la participación de él [Ojeda] en la comisión de algún ilícito. Por lo tanto, la única tesis que queda vigente es la que usted indica”, aseguró el fiscal, que coordina en Santiago de Chile el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). “Sostenemos que esto se organizó, se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela”, agregó Barros.
Después de la intervención de Barros, el Gobierno de Gabriel Boric exigió ayer a Venezuela que extradite a dos sospechosos autores de los delitos. La ministra del Interior, Carolina Tohá, advirtió al régimen de Caracas de que “los ojos del mundo” van a estar puestos en su comportamiento, informa Antonia Laborde.
“Ambos países tenemos un tratado vigente de extradición, desde 1962, y si bien la actual Constitución venezolana no contempla la extradición de nacionales, este tratado no ha sido desahuciado, ni por Venezuela, ni por Chile”, ha planteado Tohá. “Chile tiene todo el derecho a exigir su cumplimiento y a pedir que en el caso de estos criminales, una vez aprehendidos, se les permita venir y enfrentar la justicia en nuestro país en virtud del delito que cometieron en nuestra tierra”, agregó la ministra.
En marzo, tras la audiencia ante un tribunal de garantía del hasta ahora único detenido en el caso, un joven venezolano de 17 años, el fiscal vinculó la ejecución al Tren de Aragua, una banda que surgió en Venezuela y que opera desde 2022 en varias regiones de Chile. Pero siempre había sido una incógnita quién ordenó el crimen y se sospechó –sobre todo desde el entorno de la familia de Ojeda y de sectores disidentes venezolanos– de una operación del Gobierno de Maduro.
Una investigación, publicada a comienzos de abril por Noticias Caracol (de Radio Caracol de Colombia), informó sobre “la cacería de opositores por parte del régimen de Maduro en Colombia y Chile”. Una práctica que “no respeta fronteras”, agregaron, y que se inició tras “una supuesta conspiración para derrocar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela”, orquestada en diciembre. “¿Usted cree que [el asesinato de Ojeda] puede haber sido organizado desde Venezuela, por organismos de contrainteligencia, concretamente por la Dirección General de Contrainteligencia Militar?”, preguntaron a Barros en Chilevisión. “No lo sé”, dijo el fiscal chileno a cargo de esclarecer la muerte de Ojeda, un hecho con una enorme repercusión mediática en el país sudamericano. “Hacemos un trabajo acorde a los antecedentes que vamos reuniendo en la carpeta investigativa. Ahora, hay un grado de organización, de ejecución de este delito, que nosotros no habíamos visto. El Tren de Aragua jamás actuó haciendo una escena como la que hicieron en este caso, disfrazados de policías, donde además se tomaron el trabajo de enterrarlo a 1,40 metros de profundidad y cementar el lugar. Eso el Tren de Aragua no lo ha hecho jamás”.
Ronald Ojeda, de 32 años, fue secuestrado la madrugada del 21 de febrero de su departamento, en el municipio de Independencia, donde vivía con su esposa y su hijo pequeño. Lo hicieron tres sujetos con las caras tapadas y con falsos uniformes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), que lo sacaron en ropa interior. Todo quedó registrado en un vídeo del edificio. Tras una intensa y frustrada búsqueda por parte de las autoridades, su cadáver apareció 10 días después, enterrado, en un asentamiento irregular del municipio de Maipú, en la zona poniente de Santiago de Chile.
Barros destacó que el hombre que aparece en los vídeos cogiendo del cuello a Ojeda tiene, a su juicio, una formación especial. “Dado que esos vídeos han salido públicamente, solo puedo decir que yo he llegado al menos a la conclusión de que la persona que traslada a la víctima, efectivamente es una persona que tiene preparación y que tiene una condición distinta a los demás partícipes”, sostuvo el fiscal, aunque también afirmó que no sabía si se podría tratar de un militar. “Lo que puedo asegurar es que es una persona extranjera”.
Las declaraciones del fiscal se producían después de que el Gobierno chileno recibiera en La Moneda el viernes pasado a la viuda de Ojeda, Josmarghy Castillo. Es un gesto que la Administración chilena no había realizado hasta ahora, porque no eran evidentes las razones detrás del asesinato. “Recibimos una invitación del subsecretario Monsalve”, dijo al vespertino La Segunda el abogado de la viuda, Juan Carlos Manríquez, al confirmar la cita.
El Gobierno de Boric exige la extradición de dos presuntos implicados
Los investigadores vinculan la ejecución a una banda criminal de origen venezolano
Ficción mediática
Por su parte, el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, señaló el lunes pasado que el Tren de Aragua era “una ficción mediática internacional”. Tras las palabras de Gil, Boric llamó el jueves a consultas al embajador de Chile en Venezuela, el socialista Jaime Gazmuri, precisamente en las horas en que las declaraciones de la Fiscalía chilena apuntaban al móvil político tras el asesinato de Ojeda.
“Las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela, que desconocen la existencia del Tren de Aragua, un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica, son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto para quienes han sido víctimas de esta organización y para sus familias, y lo tomamos como un insulto también a los Estados que han sido víctimas del Tren de Aragua”, señalo Boric. Y agregó que no solo demuestran “una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino también una negativa a abordar de manera efectiva los problemas trasnacionales del crimen organizado”.
Chile restituyó a su embajador en Venezuela en mayo de 2023, tras cinco años de ausencia. Las afirmaciones de Barros sobre el móvil político tensan todavía más la relación diplomática entre ambos países. En la oposición y en sectores del oficialismo chileno se preguntan si fue una buena opción reanudar la relación, dado lo compleja que ha sido la misión en Caracas, encabezada por el experimentado socialista chileno Jaime Gazmuri.