Teledirigir la Escuela Judicial
EL CONSEJO General del Poder Judicial (CGPJ), con el mandato caducado desde hace más de cinco años por el bloqueo del Partido Popular y controlado por una mayoría absoluta de vocales conservadores, ha situado al frente de la Escuela Judicial a la magistrada María Jesús Millán, que ejercerá desde Madrid pese a que el centro de formación de los jueces está en Barcelona. La propia Millán explicó a los miembros de la comisión permanente del Consejo que tendría dificultades para compatibilizar el nuevo cargo con su actual desempeño como jefa del Servicio de Formación Continua, encargado de los cursos que los magistrados reciben a lo largo de su carrera y cuya sede está en el edificio del CGPJ en Madrid.
La otra candidata era Clara Carulla, que tiene su plaza en Barcelona y ha ejercido en los últimos años como jefa de estudios, número dos de la Escuela y mano derecha del anterior director, Jorge Jiménez Martín, lo que garantizaba contacto diario con profesores y alumnos, experiencia suficiente y continuidad en un órgano ajeno a las polémicas del Gobierno de los jueces.
Carulla recibió el apoyo del presidente del CGPJ, el conservador Enrique Guilarte, junto a dos de las tres representantes progresistas de la Comisión Permanente. El voto de la otra vocal progresista junto a los tres vocales conservadores inclinó la balanza a favor de Millán pese a que había manifestado su falta de interés por el puesto.
La derecha judicial consigue así imponer de nuevo su criterio y demostrar su capacidad de control sobre un órgano, el CGPJ, cuya renovación bloquea el Partido Popular desde 2018 pese a los reiterados avisos de la UE. Solo en diciembre pasado aceptó negociar su renovación con la mediación en Bruselas del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que este mes abandona su cargo.
Por su evidente trascendencia pedagógica y simbólica, la Escuela Judicial es clave para la judicatura. Desde su traslado a Barcelona en 1997, la Administración General del Estado está representada en Cataluña de manera ejemplar por ese centro de formación, que ha preparado a casi 4.000 jueces originarios de toda España, más de un 75% de la carrera actualmente en ejercicio. Siempre ha habido, sin embargo, sectores jurídicos y políticos que querían que estuviera en Madrid. Su traslado requeriría una reforma legal que no está en la mano de los vocales del CGPJ, pero la facción conservadora vio en la sustitución de Jiménez Martín una oportunidad para teledirigirla desde la capital.
Hasta ahora, la Escuela había quedado al margen de las batallas partidistas que se libran en el Consejo, convertido muchas veces en ariete contra aquellas decisiones del Ejecutivo y del Legislativo que desagradan a su mayoría conservadora. Ni los profesores ni los alumnos de una institución tan importante para el Estado de derecho merecían verse inmersos en esta espiral de descrédito.