Radiografía de la vivienda en Euskadi: la tormenta perfecta
La escalada de precios expulsa a la clase media del mercado inmobiliario y dispara las solicitudes de VPO
Desde el 20 de marzo no puede entrar, pero cada mañana, Julián Gurrutxaga, de 73 años, acude a su antiguo caserío en Astigarraga para dar de comer a sus gallinas. “Nadie me había avisado. Cambiaron la cerradura y solo me dejaron coger un neceser, me quedé con lo puesto”, recuerda. Rosa García, presidenta de Stop Desahucios de Gipuzkoa, expone el caso en la reunión semanal de la plataforma en un local de San Sebastián: “La sobrina de Julián pidió un préstamo a un usurero que encontró por internet, con unas condiciones leoninas, y el caserío como aval. Al no poder pagar, se inició una demanda de ejecución hipotecaria. En el desahucio se produjeron muchas irregularidades y todo está recurrido”. Durante tres horas, 20 personas con problemas para pagar sus viviendas escuchan a Rosa, de 75 años, citar de carrerilla normas estatales y autonómicas. Licenciada en Ciencias Políticas, lleva más de una década ayudando a vecinos vulnerables. “La subida del euríbor, la renta antigua, fondos buitre que acechan viviendas de protección oficial, usureros... Tenemos de todo. La vivienda sigue siendo el gran problema y la situación en Gipuzkoa es especialmente grave”.
Mario Yoldi, director de Planificación de Vivienda del Gobierno vasco, explica: “El alquiler nunca había sido tan caro aquí. Y cuando el mercado se dispara, aunque los salarios mejoren, la clase media tiene dificultades para acceder a una casa y se produce un trasvase al sistema público. En un año bueno entregamos 5.000 viviendas de protección, pero tenemos 86.000 peticiones detrás de las cuales hay unas 150.000 personas. Y somos una comunidad de 2,1 millones de habitantes”. Yoldi expone los datos de inversión pública: “El Gobierno vasco gasta el 1,1% de su PIB en política de vivienda. Una de cada tres viviendas de protección en España se hace en Euskadi y cerca de 35.500 hogares reciben una prestación al alquiler”. Y añade: “Es insuficiente. Viena, que tiene un modelo de éxito, lleva aplicándolo 100 años. Nosotros, 21. Hay que hacer mucho más”.
Euskadi obtuvo las competencias en la materia en 1981. En 2015, con el voto en contra del PNV y el PP, el Parlamento vasco aprobó la ley autonómica de vivienda (impulsada por los socialistas y rechazada por Iñigo Urkullu), que recoge el derecho subjetivo de los ciudadanos a una casa digna si carecen de recursos económicos. El candidato peneuvista a lehendakari, Imanol Pradales, la defiende ahora en los debates electorales frente a la ley estatal, que el Gobierno vasco ha recurrido al Constitucional al considerar que invade sus competencias, lo que ha provocado roces en el bipartito, ya que esta consejería depende de su socio, el PSE. El conflicto es ampliamente abordado en la reunión de Stop Desahucios. “La ley vasca”, explica Rosa, “es muy progresista en muchos aspectos, pero se ha quedado anticuada porque, al contrario que la estatal (2023) no aborda el problema de las zonas tensionadas. Y el PNV es como el perro del hortelano: ni come, ni deja comer porque está impugnado artículos de esa norma que son esenciales para limitar los precios abusivos del alquiler, que ahora mismo son el motivo fundamental de las demandas de desahucio por impago. Mientras no se declare un municipio como zona tensionada, una vez que finaliza el contrato de alquiler, el inquilino no puede solicitar una prórroga de tres años con el precio que ya tenía”. Es lo que le ocurre a Miguel Ángel Medrano, de 81 años, residente en Irun. “Mi casa ahora está en manos de un fondo buitre. Si el 24 de julio no me dan una prórroga, no podré pagar los precios de ahora”. Rosa le da ánimos: “Pudiste con la operación de corazón y vas a poder con esto. Necesitamos que los 41 municipios vascos que cumplen los requisitos para ser declarados zonas tensionadas envíen la documentación al Ministerio. Es la vía para congelar la escalada en el alquiler”.
Stop Desahucios también reclama que se introduzca “un corrector” en el código de buenas prácticas bancarias para ayudar a familias vulnerables que no pueden pagar la cuota de sus préstamos e impedir los desahucios porque la subida del euríbor lo ha dejado prácticamente sin efecto.
Pisos turísticos
Euskadi comparte con otros territorios los problemas derivados de la proliferación de pisos turísticos —tiene 5.000 registrados, la mitad de ellos en San Sebastián—, que se suma a una escasez de casas en alquiler, en muchos casos, en mal estado. “Tenemos el parque de vivienda más antiguo de España”, explica Yoldi. “El año pasado, el valor económico de la rehabilitación de edificios fue del 60% y la obra nueva, el 40%”. Arantxa Zubillaga, de 67 años, tiene un contrato de renta antigua en San Sebastián. “Hace unos meses, casi se nos cae el techo de la cocina encima y empezó a llover dentro de casa porque el propietario no ha invertido un euro en mantenimiento. Nos hacen la vida imposible para que nos larguemos. En ese edificio éramos 11 con contratos de renta antigua y solo quedamos dos”. Rosa García añade: “Suelen ser casas grandes y ahora el negocio está en el subarriendo de habitaciones. En esa zona pueden sacar hasta 500 euros por cuarto”.
Desde 2003, las viviendas protegidas que se construyen conservan esa calificación, pero las anteriores pueden pasar al mercado libre. Es lo que preocupa a las familias que residen en 520 VPO del barrio del Antiguo. “Accedimos a esa vivienda hace 26 años”, explica Josetxo Cañada, “y a los 30 vuelven al libre mercado. Los fondos buitre se frotan las manos”.
La administración trata de captar casas también incentivando y penalizando (la estrategia de “palo y zanahoria”, comenta Yoldi) con un canon a los que las tienen vacías, pero el ritmo de todas las políticas de vivienda es inferior a la escalada de precios. Afecta a mayores con problemas para pagar su hipoteca o alguiler y a jóvenes que aspiran a salir de casa de sus padres. Maddi Galdos, de 25 años, técnica de vivienda del Consejo de la Juventud de Euskadi, explica: “Si retrasas la emancipación, todo se retrasa, también tu proyecto de vida y la tasa de natalidad lo demuestra”. En España es de 6,8 nacimientos por cada 1.000 habitantes y en Euskadi, de 6,1.
El mercado de la vivienda se ha convertido en uno de los principales productores de desigualdad, un método de transferencia de renta de los que menos recursos tienen a los que más; de los más jóvenes a los mayores, y donde parece más rentable alquilar una vivienda o local, el rentismo, que emprender un negocio.