Ocho claves sobre los trabajos de Begoña Gómez
Juristas niegan el conflicto de intereses o el tráfico de influencias que el PP denuncia por las relaciones de la esposa del presidente. Sí admiten un problema “de imagen”
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el foco del debate político desde hace semanas a cuenta de las embestidas del Partido Popular. La formación de Alberto Núñez Feijóo lidera una ofensiva contra el matrimonio, al que acusa de conflicto de intereses y tráfico de influencias en los préstamos y ayudas públicas concedidos por el Ejecutivo central a tres empresas que han tenido algún vínculo con los centros de estudios donde ha trabajado Gómez. “La mujer del presidente tendrá que dar cuentas de sus actividades empresariales y económicas que consigue posteriormente a ser la mujer del presidente. Pero el problema es el conflicto de intereses de su marido”, dijo Feijóo a principios de abril. Esta es una reconstrucción de los hechos conocidos, divididos en ocho claves.
Primera. Verano de 2018. Apoyos solidarios. El 8 de julio de 2018 EL PAÍS publicó un reportaje donde contaba los dos últimos actos públicos de Begoña Gómez antes de mudarse a la Moncloa: una fiesta destinada a recaudar fondos para un proyecto solidario en Tanzania y un concierto en el Auditorio Nacional para apoyar a una organización privada sin ánimo de lucro que buscaba mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual. Los dos eventos se enmarcaban dentro de la especialidad de Gómez, con un título en Marketing por la universidad privada ESIC y experta en captación de fondos, un perfil profesional que comenzó a ser muy demandado hace dos décadas por las entidades del tercer sector: las ONG, museos y asociaciones no lucrativas de todo tipo.
A eso se dedicaba Gómez desde su puesto de directora de consultoría en el Grupo Inmark. Fuentes socialistas indicaron entonces que Gómez sopesaba abandonar su trabajo —se pidió una excedencia después— para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses con la llegada de Sánchez a La Moncloa. Sin embargo, ella misma avanzó lo que podría ser su nueva vida durante el primer acto solidario al que asistió como esposa del presidente: “Seguir trabajando y mantener la vida que he hecho siempre. Creo que puedo ayudar y dar visibilidad a cuestiones solidarias”. Un mes después fichó por la Universidad privada IE University (IE) para dirigir un nuevo centro para la innovación en el continente africano: África Center. Al IE han estado vinculados expertos en economía de los principales partidos, Jordi Sevilla (PSOE), el exministro Luis de Guindos (PP) o Luis Garicano (Ciudadanos).
La esposa de Sánchez dirigió Africa Center entre agosto de 2018 y junio de 2022. Una portavoz del IE cuenta que se la fichó porque “su perfil encajaba en la posición”. También explica que el contrato de Gómez incluía cláusulas de incompatibilidad: “El objetivo era proteger a las partes y asegurar que no existiese ninguna práctica que contemplase aprovechar la posición familiar de Gómez para generar un beneficio económico”, dice esta portavoz. “Impedía la contratación con empresas públicas o con aquellas participadas directa o indirectamente por la Administración pública”.
IE confirma un acuerdo de colaboración entre la empresa española Wakalua y el Africa Center en 2020. Aquí es, precisamente, donde ha puesto la lupa el PP a raíz de una publicación de El Confidencial que vinculaba el trabajo de Gómez en Africa Center con la empresa Wakalua y el rescate a Air Europa en plena pandemia por el Gobierno central.
Segunda. Wakalua, enero de 2019. Wakalua nace en enero de 2019. Según la nota de prensa, se trata un “hub de innovación empresarial impulsado por la Organización Mundial de Turismo”, una especie de centro de operaciones que pretendía aglutinar a entidades del sector turístico. Wakalua pertenece al Grupo Globalia, propietario también de la aerolínea Air Europa y de Halcón Viajes, entre otras.
Meses después, en septiembre de 2019, tuvo lugar en San Petersburgo (Rusia) la 23ª reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo (OMT), con más de 1.000 participantes y 124 países convocados. Aquí coinciden por primera vez Begoña Gómez y el que entonces era consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo.
Wakalua y la IE University alcanzaron el 17 enero de 2020 un acuerdo de patrocinio para financiar dos becas promovidas por el Africa Center, el centro que codirigía Gómez. Un portavoz de Globalia explica que el acuerdo contemplaba un pago de 40.000 euros, de los que 25.000 se destinaban a dos becas para los ganadores de un concurso y otros 15.000 euros para organización de eventos y la cobertura de vuelos. Pero ese acuerdo, según este portavoz, solo fue efectivo durante “unos meses”. Wakalua pagó dos billetes de ida y vuelta para un viaje en turista a Londres por 1.716 euros, para la propia Gómez y la presidenta del África Center, Felicia Appeteng, a un evento que organizó IE University y que contó con el patrocinio de la Organización Mundial de Turismo. “Después”, explica este portavoz de Globalia, “la llegada de la pandemia interrumpió todas las actividades y no se llevó a efecto ninguno de los acuerdos”. Y afirma: “Wakalua no pagó ninguna otra cantidad al Africa Center ni a la Fundación IE”.
Gómez visitó meses más tarde la sede de Globalia en Madrid en dos ocasiones, según fuentes de la compañía: el 24 de junio de 2020 y el 16 de julio del mismo año, donde Hidalgo explicó a Gómez un proyecto para comprar pueblos abandonados y crear complejos hoteleros para luchar contra la España vaciada. El proyecto no se llevó a cabo. Begoña Gómez, según la compañía, fue a la reunión en calidad de representante de las instituciones educativas en las que trabajaba, al estar vinculada a IE University.
Tercera. Rescate a Air Europa. La pandemia y el confinamiento frenaron en seco el transporte aéreo en el mundo. Sin turismo, Air Europa, que pertenece a Globalia —14.000 empleos directos— fue rescatada por el Gobierno de Sánchez en noviembre de 2020 con 475 millones de euros a devolver en seis años. Este préstamo siguió los mismos cauces que los concedidos a otras compañías aéreas rescatadas de urgencia por la crisis del coronavirus. La operación fue autorizada por el Consejo de Ministros el martes 3 de noviembre de 2020. El PP considera que Sánchez debió inhibirse por los vínculos entre Wakalua, que depende de Globalia, y Gómez, que presidió un centro de estudios de IE University (Africa Center) y firmó un acuerdo con Wakalua. Los populares denunciaron estos hechos ante la Oficina Pública de Conflicto de Intereses, creada en 2006 y dirigida desde 2007 por Flor María López Laguna, quien contestó que Gómez “no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en estas entidades”. Desestimó el caso.
El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, con el que se rescató Air Europa, fue creado en julio de 2020 para paliar el impacto de la pandemia en empresas estratégicas. El fondo destinó 475 millones a Air Europa, y otros 250 millones a Volotea, Air Nostrum y Plus Ultra.
El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sentenció en mayo de 2021 que el rescate a Air Europa fue legal por proporcionado y no discriminatorio. En esa misma fecha (19 de mayo de 2021) el Tribunal anuló las autorizaciones de la Comisión Europea a los rescates de TAP, aerolínea portuguesa, con un préstamo de 1.200 millones, y el respaldo holandés a KLM, con 3.400 millones. Lo mismo sucedió con Italia y el rescate a sus aerolíneas.
El contrato con el Instituto de Empresa incluía claúsulas de incompabilidad
La adjudicación de un concurso a Barrabés nunca pasó por el Consejo de Ministros
Cuarta. La segunda denuncia del PP. El PP también denunció un conflicto de intereses y un tráfico de influencias por dos cartas de apoyo firmadas por Gómez en julio de 2020 co
mo codirectora de una cátedra en la Complutense. Las firmas de Gómez apoyando a la empresa de Barrabés facilitaron, según el PP, sendas ayudas públicas de 4,8 millones y 3,6 millones otorgadas por Red.es en 2021, dependiente entonces del Ministerio de Economía y ahora del Ministerio para la Transformación Digital. Estas cartas aportadas por Barrabés —quien incluyó otras 31 idénticas en ambos procesos, entre ellas dos firmadas por el Ayuntamiento de Madrid (PP) — fueron publicadas por El Confidencial.
• Quinta. La relación de Gómez con la Universidad Complutense. Gómez entra por primera vez a trabajar en la Complutense en septiembre de 2014, tres meses después de que Pedro Sánchez fuera elegido en primarias secretario general del PSOE. Gómez codirige desde su creación —también en 2014— el Máster Propio de Fundraising [captación de fondos en inglés). Cinco años después, en 2019, la Complutense crea la Cátedra de Transformación Social Competitiva donde trabaja también Gómez. Esta universidad cuenta con más de 50 cátedras; todas ellas tienen director que siempre será un profesor de la propia universidad, no necesariamente un catedrático. Para ponerlas en marcha se requieren habitualmente 30.000 euros que provienen de patrocinadores. Los dos patrocinadores de la cátedra que codirige Gómez son la Fundación La Caixa y Reale Seguros, que firmaron en octubre de 2020 un acuerdo con la Complutense por cuatro años (finaliza en octubre de este año) a razón de 15.000 euros anuales cada una. “Esta cátedra nos pareció interesante porque existen muy pocas sobre sostenibilidad”, afirma un portavoz de
Reale. “Por razones presupuestarias decidimos hace meses no continuar a partir de 2025”, añade. La Fundación La Caixa está a la espera de la solicitud de renovación de la Complutense y, a partir de ahí, la valorarán, señala un portavoz.
Un año después de esta cátedra nace el Máster Propio en Transformación Social Competitiva, que codirige también Gómez y que cuenta prácticamente con el mismo profesorado, donde figura, entre otros, el periodista Jaime García Cantero, director de la revista Retina, editada por PRISA, empresa propietaria de EL PAÍS. Begoña Gómez, como codirectora de esta cátedra, ha ejercido como jurado de los Premios Retina. Otro profesor de la cátedra es Barrabés, propietario de la empresa Innova Next que ganó los concursos de Red.es. Barrabés ha rechazado responder a EL PAÍS. Innova Next llegó a un acuerdo con The Valley para concursar juntos. La firma The Valley cuenta a través de un portavoz que Gómez nunca tuvo vínculos con esta compañía.
• Sexta. Las cartas firmadas
por Gómez. Las misivas firmadas por Gómez, la supuesta prueba del tráfico de influencias que denuncia el PP, dicen lo siguiente: “Por medio de la presente manifestamos nuestro apoyo a dicho programa, que persigue detectar, formar e incorporar al mercado digital a jóvenes desempleados. Asimismo, mostramos nuestra intención de colaborar activamente en la difusión de sus convocatorias en nuestro ámbito de actuación que pudieran ser interesados”.
Según una portavoz de The Valley, el texto de las cartas de apoyo se consensuó entre las dos partes de la UTE y era idéntico para todos. “Cada una de las partes se encargó de recopilar las recomendaciones de aquellos con los que, por su área de actividad, tenía una relación más directa. En este sentido, The Valley se centró en incorporar a las empresas privadas (Oracle, Barcelona Mobile, etc.)”. Otras dos cartas de apoyo similares están firmadas por el Ayuntamiento de Madrid (PP) en 2020, por Belén García Díaz, que entonces era la gerente de la Agencia para el Empleo de la capital y ahora es la directora general del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid (PP). Ambas administraciones gobernadas por el PP se niegan a dar explicaciones.
• Séptima. Así se otorgaron
las ayudas. Las ayudas otorgadas por Red.es a esta UTE ascendieron a 8,3 millones (sin IVA) con un beneficio industrial previsto del 6%. Se presentaron al concurso hasta 20 empresas. Las cartas de recomendación supusieron, junto a otros elementos, el 8% de la nota final. Ninguna empresa recurrió el concurso. La Mesa de contratación reunida en abril de 2021 aclara que no se elevó “cuestión alguna relacionada con conflictos de intereses”. En la valoración técnica que hace de las cartas no cita la firmada por Gómez ni la del Ayuntamiento de Madrid, pero sí la de empresas tecnológicas, como Microsoft, IBM y Orange, entre otras.
Siguiendo la tesis del PP, Sánchez debería haberse inhibido en una adjudicación que hizo otro órgano distinto al Consejo de Ministros.
• Y octava. Expertos jurídicos: “No ha sido una buena idea [firmar las cartas]. No hay caso jurídico, pero sí de imagen”. Elisa de la Nuez, abogada del Estado y socia de Hay Derecho, fundación sin ánimo de lucro que promueve la regeneración institucional contra la corrupción, cree que la resolución de la Oficina de Conflicto de Intereses sobre el caso de las ayudas a la compañía Air Europa es correcta. “Luego están las influencias que se puedan ejercer al margen”, subraya la letrada, “pero está claro que no hay caso”. Respecto a las cartas de apoyo a un empresario firmadas por Begoña Gómez, opina que es “imprudente”, sea Gómez o cualquier otro alto cargo del Estado. “No porque sea ilegal, sino porque tienes una posición relevante y se puede interpretar de otra manera. Las cartas de interés son muy habituales y no suelen tener relevancia. Desde el punto de vista jurídico no hay caso, pero sí desde la imagen. No ha sido buena idea”.
Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y autor del libro La corrupción en España
(Atelier), considera que la denuncia del PP por Air Europa y la conexión con Gómez está sacada de contexto. “[Si se asumiera la tesis del PP] Nadie de la familia del presidente del Gobierno podría hacer nada porque cualquier decisión podría afectar a su familia. Esto es una utilización político partidista de una normativa que debe entenderse en su contexto. No creo que haya nada desde una perspectiva jurídica. Es evidente que cualquier empresa que se relacione con la mujer del presidente puede interpretarse que es favorecida por algún contrato, pero estos hechos se utilizan siempre de una manera partidista fraudulenta”.
En cuanto a las cartas de recomendación, Villoria considera que la esposa del presidente no debería haberlas firmado. “Lo mejor es no firmar bajo ningún concepto. Ha habido un error involuntario. ¿Abandonar el cargo? Creo que este tipo de actividades no me parecen un tipo de actividades que generen graves conflictos de intereses. Sí creo que sería bueno que Gómez se protegiese más en este momento y tuviese mucho cuidado porque las posibilidades de crítica podrán ser muy elevadas”.
Fuentes del Gobierno responden que la esposa del presidente no tiene por qué renunciar a su actividad profesional tras la polémica desatada por las denuncias del Partido Popular, dado que no existe ni conflictos de intereses ni tráfico de influencias en los casos analizados.
De la Nuez: “Es imprudente firmar las cartas de apoyo, pero no hay caso”
Villoria: “Estos hechos se interpretan de forma partidista fraudulenta”