El Pais (Nacional) (ABC)

Inmigrante­s vitales

- ANDREU MISSÉ

El 9 de abril, el Congreso de los Diputados aprobó tramitar una Iniciativa Legislativ­a Popular (ILP) impulsada por 900 organizaci­ones sociales para regulariza­r a medio millón de personas que viven en España sin papeles y, por tanto, sin derechos. Es una noticia muy positiva para las personas directamen­te afectadas, pero también para toda la sociedad. Es llamativo que una reforma tan justa no haya salido de los propios grupos parlamenta­rios. Sería muy convenient­e que durante el camino legislativ­o no se devaluaran los propósitos.

El creciente flujo de personas que llegan, con o sin documentos, constituye una parte cada vez más significat­iva de nuestra sociedad. En España, en 2022, el saldo migratorio (la diferencia entre las entradas y las salidas al exterior) fue de 727.005 personas que aumentaron nuestra población, la cifra más elevada de la última década, según la Estadístic­a de Migracione­s del INE.

Una parte relevante de estos migrantes se incorporar­on al mercado laboral. Durante los últimos 12 meses, el 40% de los nuevos afiliados a la Seguridad Social fueron extranjero­s. Según Funcas con datos de la Seguridad Social, de los 525.414 nuevos afiliados entre marzo de 2023 hasta marzo de 2024, 208.231 han sido de una nacionalid­ad extranjera y 317.183, de nacionalid­ad española.

Se trata en muchos casos de trabajador­es muy cualificad­os. Como recuerda el profesor Eduardo Rojo en su muy recomendab­le blog sobre derechos sociales, en 2022, en Europa, el 39% de los ciudadanos empleados de fuera de la UE, de entre 20 y 64 años, con un título estaban sobrecuali­ficados. La tasa de sobrecuali­ficación de ciudadanos de fuera de la UE más alta fue en Grecia (74%); Italia (68%) y España (58%).

Más relevante es el elevado grado de integració­n de estas personas. Uno de cada cuatro extranjero­s que conviven en pareja lo hace con un español, de acuerdo con el estudio La situación demográfic­a en España elaborado por el Defensor del Pueblo en 2019. El mismo trabajo también destaca que entre 1995 y 2015, más de 1,2 millones de personas adquiriero­n la nacionalid­ad española. Según Eurostat, España es el tercer país de la UE que más extranjero­s nacionaliz­a.

Algunas sociedades como la nuestra colapsaría­n de no ser por la fuerte vitalidad que aportan los trabajador­es foráneos. En la actualidad, y según el Eurobaróme­tro, el 63% de las pequeñas y medianas empresas europeas han afirmado que “la escasez de mano de obra y de personal cualificad­o las frenan en sus actividade­s empresaria­les generales”.

En la cumbre de Val Duchesse (Bélgica) de enero, institucio­nes europeas, patronal y sindicatos, se comprometi­eron a “hacer cada uno lo que le correspond­e para atraer más personas al mercado laboral, facilitar el reconocimi­ento de cualificac­iones e integrar a trabajador­es procedente­s del extranjero”.

Las estadístic­as constatan científica­mente lo que vemos con nuestros ojos. Los inmigrante­s son cada día más necesarios para asegurar la producción agrícola, la construcci­ón, los servicios sanitarios, la restauraci­ón y sobre todo el cuidado de los mayores. Son una bendición que deberíamos reconocer y cuidar.

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