La pelea de los funcionarios para cuidar a sus hijos enfermos
Un grupo de empleados públicos denuncia tener más trabas que en la empresa privada para la reducción de jornada
Un mismo hecho, tener a un hijo gravemente enfermo, genera unos derechos de cuidado u otros en función de la profesión de los padres. Esta es la queja de un grupo de familias organizadas en un chat de WhatsApp. Hay unos 700 integrantes, calculan que serán unas 500 familias, todas con algún funcionario o interino. Desde 2011, en España se puede pedir una reducción de jornada de al menos el 50%, percibiendo el salario íntegro, para atender a un hijo con cáncer u otras dolencias graves. Los padres se quejan de que los funcionarios, cuyos permisos son costeados por las administraciones, tienen más trabas para acceder a esta ayuda que en la empresa privada, donde la Seguridad Social asume el pago de las prestaciones.
Ana Ramos, con plaza de inspectora de Sanidad en la Administración General del Estado, tuvo que llegar a los tribunales porque el máximo que le otorgaban era del 73,34%. Pero su hijo, de apenas un año, padece una enfermedad rara y, si se descompensa, puede ser fatal. Ante cualquier sospecha, la consigna es correr al hospital. Le da 14 dosis de medicación distintas ocho veces al día, también de noche. Así no puede llevarlo a la guardería. Cautelarmente, y mientras espera al juicio, en enero de 2025, le han concedido una reducción de jornada del 99,9%.
Este grupo de familias no entiende las desigualdades, ni entre comunidades ni con la empresa privada. Y se queja del largo y costoso recorrido judicial al que muchas se ven abocadas. Assumpta Garrido tiene 49 años y una hija que “cumple los requisitos, multiplicados por ocho”. A sus 16 años, tiene encefalopatía epiléptica. La diagnosticaron siendo un bebé y no han encontrado ningún fármaco que calme sus crisis. No habla, no controla esfínteres, no tiene movilidad. Además, padece displasia de cadera, y han de sondarla cada tres horas, por un problema en la vejiga. “Es como si tuviera cuatro meses”, explica su madre. Cuando la niña cumplió ocho años y sus abuelos dejaron de poder cuidarla, Garrido pidió este permiso, pero en 2022 se lo denegaron. Ahora está pendiente de que se resuelva el recurso presentado por la Administración.
Las familias explican que, en el caso de la empresa privada, mientras se cumplan los requisitos, los hijos necesiten de cuidados permanentes, continuos y directos y se certifique con un informe médico, el proceso es más automático: el padre o la madre que vaya a disfrutar de la prestación decide qué reducción de jornada necesita y la mutua de la Seguridad Social determina si se otorga o no.
Se desconoce cuántos funcionarios e interinos hacen uso de este permiso retribuido. En el caso de la empresa privada, Aranda señala que eran unos 13.000 a finales del año pasado. Se trata siempre de situaciones graves. Muchos casos acaban en los tribunales. Como el de Ana Ramos, la madre del niño de un año con una enfermedad rara: hiperplasia suprarrenal congénita.
Tras su permiso por maternidad, Ramos tuvo que volver al trabajo, pero era imposible llegar a todo. Asimilando la enfermedad de su hijo y aprendiendo a vivir con los riesgos que conlleva. Tuvo que pedir una baja por la ansiedad que sufría. “Estaba desbordada”. Ahora está tranquila. Sabe que hasta enero de 2025 tiene las medidas cautelares que le garantizan una reducción del 99,9%. Aspira a volver a trabajar cuando el niño esté escolarizado.
El sindicato CSIF ha recibido quejas “puntuales” relacionadas con este permiso. “En la Seguridad Social es automático, pero en el caso de los empleados públicos nos estamos encontrando con que, por falta de información y poca sensibilidad por parte de los gestores, se producen trabas para el reconocimiento de estas situaciones”, apuntan. “Abogamos por un desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público”, añaden.
No existe un criterio común en toda España para fijar porcentajes
“Estaba desbordada”, dice una madre que acudió a la justicia