El Congreso tacha de “injerencia” el conflicto planteado por el Senado
La Cámara baja cree que el PP está haciendo un “uso partidista” de la institución
La Mesa del Congreso, su órgano de gobierno, aprobará hoy un informe jurídico en el que califica de “improcedente” el inédito conflicto de competencias entre las dos Cámaras que el Senado aprobó la semana pasada para intentar paralizar la tramitación de la ley de amnistía. El documento, que fue repartido ayer entre los grupos, concluye que el objeto de esa actuación del Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta, “no constituye un conflicto de atribuciones sino, en su caso, un recurso de inconstitucionalidad”.
El informe insiste en que es “improcedente” y una “injerencia” del Senado para intentar modificar un acuerdo del Congreso que la Cámara baja ha adoptado en el ejercicio de sus funciones.
El pleno del Senado aprobó la semana pasada —con 148 votos a favor (144 del PP, 3 de Vox y uno de Coalición Canaria), la abstención de UPN y el voto en contra del resto del hemiciclo (112 senadores)— plantear un conflicto de atribuciones entre ambas Cámaras, una iniciativa que no se había producido nunca.
El PP ya había advertido, desde el inicio de esta XV legislatura y desde que el PSOE asumió la ley de amnistía, de que usaría todos los instrumentos y mecanismos a su alcance para intentar bloquear esa norma.
En esa estrategia, los populares modificaron el Reglamento del Senado —para alargar la tramitación de la ley— y encargaron o revalidaron informes de letrados para sustentar sus tesis de que la ley de amnistía es una “aberración democrática”. El PP sostiene que se trata de “una reforma constitucional encubierta” que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado con “arbitrariedad”
porque necesita el apoyo de Junts y ERC para seguir en La Moncloa; y, con ese argumento, han adoptado su último movimiento: plantear un conflicto de atribuciones sosteniendo que el Congreso no era competente para impulsar en solitario esa supuesta “reforma constitucional”.
El Congreso tenía hasta el 11 de mayo para responder al requerimiento del Senado, pero ha optado por hacerlo cuanto antes, porque la Presidencia de esa Cámara quiere zanjar lo que considera un uso partidista de la institución. Una vez que el Congreso ha rechazado el conflicto, el Senado debe decidir si acude al Tribunal Constitucional.
El informe se apoya en varias sentencias del Constitucional para sostener que la votación del pasado 14 de marzo en la que la Cámara baja aprobó la proposición de ley de amnistía no es “objeto idóneo del conflicto de atribuciones”.
En ese sentido, llega a catalogar de “invasora” la iniciativa. A la Mesa, prosigue, “no le corresponde efectuar un control de constitucionalidad, siquiera liminar, de las iniciativas parlamentarias”. Y en esa línea argumenta que, si se aceptara el intento del Senado de invocar sus competencias para tumbar la mera discusión de la propuesta legislativa aprobada en el Congreso, eso “supondría ignorar el derecho de los parlamentarios, tanto diputados como senadores, a la tramitación de las iniciativas por los cauces constitucionales establecidos”.
La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ya avanzó a primera de ayer su posición: “Hemos recibido el requerimiento y vamos a responder desde la lealtad institucional, desde el entendimiento que debe haber entre las Cámaras, sin politización, sino intentando mantener la institucionalidad del Congreso para dar respuesta desde el rigor y siempre pensando en la ciudadanía”, afirmó.
El documento que avalará la Mesa del Congreso cuestiona también los argumentos de
Armengol: “Vamos a responder desde la lealtad institucional”
Los populares advirtieron de que usarían todos los medios a su alcance
fondo del Senado, esto es, que la amnistía supone “una reforma constitucional o una ley inconstitucional”. Esa premisa, dice el Congreso, “pone de relieve, una vez más, que la verdadera pretensión del conflicto planteado es la de procurar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la norma por parte del Tribunal, lo que no procede en esta fase del procedimiento legislativo”. Un intento que se descalifica como “encubierto y extemporáneo”.
El Congreso rebate las alegaciones incluso formales del Senado sobre la tramitación de la proposición de ley de amnistía y las tacha de “clara injerencia en el principio de autonomía parlamentaria”. Cita el artículo 72 de la Constitución, que establece que “la función de controlar cómo ha aplicado su Reglamento el Congreso corresponde, en su caso, al Tribunal Constitucional, no pudiendo el Senado asumir funciones de fiscalización del funcionamiento interno de otros órganos constitucionales”.
La Mesa insiste en que ha ejercido sus funciones como fija la Constitución y que “no puede el Senado, bajo la apariencia de la defensa de sus atribuciones, intentar subvertir las legítimamente ejercidas por el Congreso”. Y concluye que el pretendido conflicto institucional “supondría así un artificio para evitar cumplir su obligación constitucional y suplantar al Congreso”. “Semejante pretensión supondría un incumplimiento directo y evidente de la doctrina del Tribunal Constitucional”, remata.