El caso del novio de Ayuso abre otra batalla en la Fiscalía
García Ortiz defiende la nota que desmentía las tergiversaciones del equipo de la presidenta madrileña contra el ministerio público
Los tambores de guerra vuelven a resonar en la Fiscalía. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, hizo ayer una declaración institucional para respaldar la actuación de la Fiscalía Provincial de Madrid en el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El máximo representante del ministerio público ha tomado la iniciativa después de que hayan comenzado a abrirse grietas dentro del organismo por la presentación de dos denuncias contra la institución a raíz de la emisión de un comunicado que desmentía informaciones tergiversadas que el equipo de la política del PP estaba vertiendo sobre la Fiscalía tras la apertura del procedimiento contra su novio, actualmente imputado por fraude fiscal y falsedad documental. “Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa”, expuso García Ortiz.
El fiscal general del Estado, que se encuentra enfrentado con el sector conservador de la carrera y señalado por el PP, ha decidido dar un paso al frente y colocarse en la primera línea de la batalla. De forma inesperada, aprovechando un acto convocado para la toma de posesión de varios fiscales, García Ortiz ha hecho una declaración institucional para defender a sus subordinados de la Fiscalía Provincial de Madrid. Pero, también, para negar que el ministerio público cometiera alguna ilegalidad al emitir esa nota de prensa sobre el caso del novio de Ayuso.
“Recibir libremente información veraz es un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución. La Ley atribuye al Ministerio Fiscal la relevante función de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de su competencia. No puede considerarse infringido el deber de reserva cuando el objeto de la comunicación es de dominio público fruto de indeseables filtraciones”, expuso García Ortiz ayer. “La comunicación de la Fiscalía no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa ni datos de carácter confidencial que tuvieren incidencia procesal alguna en un ulterior procedimiento judicial. [...] Ese comunicado se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios”.
Este punto resulta fundamental en este momento. Tras la emisión de dicho comunicado el 14 de marzo —que desmentía la versión del equipo de Ayuso de que el ministerio público había ofrecido un pacto a su novio, cuando realmente había sido al revés—, se presentaron dos denuncias contra la Fiscalía. Por un lado, lo hizo el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que no precisaba contra qué fiscal se dirigía su escrito. Y, por otro, Alberto González Amador, que actuó contra la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos de este departamento, Julián Salto. Esto provocó que se abrieran dos causas paralelas, que recayeron en dos fiscales diferentes.