Cataluña pide doblar el número de municipios donde limitar el precio de los arrendamientos
La iniciativa supondrá incluir a pueblos de más de 2.000 habitantes y afectará al 90% de la población
La Generalitat ha comenzado los trámites para ampliar de 140 a 271 el número de municipios donde se limitará el precio del alquiler, según anunció ayer la consejera de Territorio, Ester Capella. Así, otros 131 municipios se sumarían a los 140 que, el verano pasado, ya se declararon zona tensionada en Cataluña. Si se aprobaran, la medida afectaría al 90% de la población catalana (es decir, a más de 7 millones de habitantes), según informa el departamento en un comunicado. El anuncio llega a menos de un mes de las elecciones autonómicas y justo cuando se cumple un mes de la entrada en vigor de esos topes que prevé la ley estatal de vivienda para frenar el aumento de los precios.
La propuesta de nueva ampliación afecta a municipios de más de 2.000 habitantes repartidos por la geografía catalana, incluida la zona de La Vall d’Aran (Lleida), que lo había solicitado y que ayer celebró su comisión de urbanismo, presidida por Capella en Vielha. La Generalitat asegura que, tras un periodo de 20 días de exposición pública, y publicando la resolución de la declaración en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), bastará con comunicarlo al Ministerio de Vivienda para que sean vigentes estas zonas tensas. En verano, indican fuentes de Territorio, los 140 municipios que se propusieron como zona tensa de vivienda en agosto fueron declaradas en octubre.
Pero el ministerio recuerda que la lista de los 131 municipios con mercado tenso debe ir acompañada de una memoria y un plan de medidas de la Administración catalana para revertir esta situación. No sería, por lo tanto, tan rápido.
Los nuevos municipios deben cumplir algunos requisitos que marca la ley estatal: que las personas o familias dediquen más del 30% de sus ingresos a pagar alquiler o hipoteca, incluidos gastos y suministros básicos, y que el precio de alquiler o compra de vivienda haya experimentado en los últimos cinco años un incremento acumulado de al menos tres puntos por encima del IPC.
Hoy se cumple el primer mes de la regulación de los precios del alquiler en 140 municipios de Cataluña. Una norma que busca frenar los precios del alquiler y que forma parte de la ley de vivienda aprobada hace casi un año en el Parlamento español, pero que solo Cataluña ha pedido aplicar. En estas pocas semanas no hay balance oficial con cifras sobre qué efectos ha tenido en precios o número de contratos, porque las fianzas de nuevos alquileres de los que bebe la estadística autonómica se pueden entregar hasta dos meses después de firmar. Pero sí hay evidencias: se han disparado (aún más) las ofertas de alquiler de temporada en los portales de internet, una fórmula con la que los propietarios esquivan la regulación. Y una constatación en la que coinciden profesionales del sector inmobiliario e inquilinos: los propietarios están recurriendo a prórrogas de los contratos para mantener el precio (y no tener que bajarlo si son grandes tenedores), lo que también les permite evitar gastos como los de la inmobiliaria, que con la nueva ley ya no pagan los arrendatarios.