EE UU da vagas garantías de que Assange no será condenado a muerte
Pocas horas antes de que culminara ayer el plazo dado por los magistrados británicos Victoria Sharp y Jeremy Johnson, el Gobierno de EE UU aportó ante el Tribunal Superior de Justicia garantías de que Julian Assange recibirá un juicio justo si finalmente abandona la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, a las afueras de Londres, y es extraditado a ese país. Sin embargo, el equipo jurídico del cofundador de Wikileaks, y su propia esposa, Stella Assange, expresaron su frustración y temor por la salud y la vida del exhacker ante el compromiso expresado por Washington, que creen muy poco solvente.
El tribunal consideró, a finales de marzo, que Assange tenía base jurídica para recurrir su extradición en tres aspectos determinados. El Gobierno de Estados Unidos, decía el fallo, debía asegurar que la libertad de expresión contemplada en la Primera Enmien“Estados da de su propia Constitución sería protegida; que el editor australiano no sufriría un juicio injusto por no tener nacionalidad estadounidense, y que no se condenaría a pena de muerte.
Unidos no ha entregado garantía alguna en relación con la Primera Enmienda [la posibilidad de que Assange pudiera ampararse en la libertad de expresión que contempla la Constitución estadounidense], y solo una garantía mínima en relación con la pena de muerte. No se compromete a retirar las afirmaciones previas llevadas a cabo por la Fiscalía de que Julian no puede gozar de los derechos contemplados en la Primera Enmienda porque no es un ciudadano estadounidense”, dijo su esposa en un comunicado. “En vez de eso, Estados Unidos se ha limitado a ofrecer palabras de una vaguedad descarada en las que afirma que Julian puede ‘intentar apelar’ a la Primera Enmienda si es extraditado”, aseguró la abogada experta en derechos humanos.
El equipo jurídico de Assange había depositado grandes esperanzas en palabras del presidente estadounidense, Joe Biden, que el miércoles reconoció por primera vez que se plantea aceptar una petición de Australia para poner fin al proceso contra Assange por poner en peligro la seguridad nacional de EE UU con la filtración en internet de miles de documentos clasificados hace 14 años. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, apoyó en febrero una moción en la Cámara baja australiana que reclamaba el regreso de Assange a su país de origen.
“Lo estamos considerando”, se limitó Biden a responder a los periodistas. Fue suficiente para que surgiera la esperanza de que Washington recapacitara y se olvidara de una persecución judicial con tintes vengativos iniciada por el expresidente Donald Trump.