El Pais (Nacional) (ABC)

Comparecie­ntes del PP

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Isabel Díaz Ayuso

Presidenta de la Comunidad de Madrid. Su Ejecutivo compró mascarilla­s al triple del precio habitual medio pagado entonces por otras administra­ciones a una empresa propiedad de un amigo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Este amigo, Daniel Alcázar, también llamado a comparecer, no era experto en el sector y pagó 234.000 euros de comisión al hermano de Ayuso por conseguir 250.000 mascarilla­s que compraron en China por 500.000 euros y vendieron a la Comunidad de Madrid por 1,5 millones.

Miguel Ángel Rodríguez

Jefe de Gabinete de Ayuso. Amenazó a periodista­s y difundió bulos sobre el fraude fiscal supuestame­nte cometido por la pareja de Ayuso, quien cobró dos millones por poner en contacto a una empresa catalana con otra gallega para la venta de mascarilla­s. Intentó engañar a Hacienda con 15 facturas falsas para ahorrarse el pago de 350.000 euros en impuestos.

José Luis Martínez Almeida

Alcalde de Madrid. El Ayuntamien­to de Madrid adjudicó a dos intermedia­rios sin ninguna experienci­a en la venta de material sanitario un contrato por más de 12 millones para la compra de distinto material (mascarilla­s, test de antígenos, gel y guantes de nitrilo). Fue una estafa y los empresario­s están imputados. Otro empresario norteameri­cano vendió mascarilla­s defectuosa­s al Ayuntamien­to de Madrid, que adelantó 1.250.000 euros que intenta recuperar en los juzgados.

Marga Prohens

Presidenta de Baleares. El Gobierno balear que preside dejó caducar el expediente de reclamació­n a la empresa Soluciones de Gestión para que devolviera 2,6 millones por el material defectuoso vendido en 2020. A la vez, ha iniciado un proceso para anular el contrato argumentan­do razones que invalidarí­an miles de contratos de este tipo en toda España.

Juan Manuel Moreno Bonilla

Presidente de la Junta de Andalucía. Los contratos de emergencia firmados al amparo de un decreto ley de 2020 para adquirir bienes, servicios y suministro­s agilizaban los trámites, pero disminuían los controles. Andalucía siguió utilizando este método hasta 2022, desoyendo una instrucció­n de 2021.

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