La Fiscalía pide que los líderes del ‘procés’ paguen 3,1 millones
La Fiscalía ha pedido que los principales líderes del procés —entre ellos, los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, y el exvicepresidente Oriol Junqueras— y otros exaltos cargos de la Generalitat sean condenados al pago de 3,1 millones de euros como responsables del uso irregular de fondos públicos para organizar el referéndum ilegal del 1-O de 2017 y para la promoción exterior del proyecto independentista. Así figura en el escrito de conclusiones entregado por el ministerio público a la magistrada instructora del Tribunal de Cuentas. La magistrada dará ahora un plazo a las defensas para registrar su informe y dictará sentencia en el plazo aproximado de un mes. En la causa hay en total 35 investigados. La petición fiscal —3,1 millones de euros— supone una ligera rebaja de lo que inicialmente reclamaba (3,4 millones).
El Tribunal Supremo ya condenó en 2019 por malversación a varios de los acusados, pero es el Tribunal de Cuentas el que tiene que contabilizar ese desvío de fondos. En todo caso, esta es una de las causas que serán previsiblemente amnistiadas cuando entre en vigor la ley de amnistía pactada por el PSOE con ERC y Junts a cambio del apoyo de ambos partidos independentistas a la investidura de Pedro Sánchez.
El escrito del fiscal jefe ante el Tribunal de Cuentas, Manuel Martín Granizo, explica que el entonces president [Puigdemont] y todos los miembros del Govern dispusieron “que los gastos” que ordenaron y autorizaron “realizar en el ámbito de cada Consejería, en orden a la consecución del referéndum”, fueran “sufragados por el presupuesto de la Generalitat”. Y añade que, “aunque el Sr. Puigdemont no interviniera en las siguientes fases de la tramitación presupuestaria, le resulta atribuible la presunta responsabilidad contable derivada de ser la autoridad que aprobó la totalidad de los gastos inherentes a la consulta”. A Oriol Junqueras le atribuye también la responsabilidad contable por la totalidad de los gastos, en su condición de consejero de Economía y Hacienda cuando sucedieron los hechos.