Una víctima de pederastia: “Lo que más me duele es quedar como un mentiroso”
Una decena de afectados relata su indignación y frustración al ver cómo se han tratado sus denuncias. La Iglesia ha desechado la mayoría como “no probadas”
La frustración y la indignación son unánimes en muchas de las víctimas que aportaron su testimonio a EL PAÍS y luego se dirigieron a la Iglesia para corroborarlo, pero ahora descubren que no fueron creídas, según la lista interna de la gestión de cada caso publicada por este diario. Otras cuentan incluso que nunca las atendieron o se hizo de forma decepcionante. El informe Para dar luz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), publicado en diciembre, contabiliza solo 1.057 acusados —quedan fuera cerca de 400, según la base de datos de este periódico— y, de ellos, considera probados o verosímiles 358. Agustín José Llop contactó con los mercedarios para denunciar los abusos que sufrió en los setenta en Reus (Tarragona), “como catarsis y para sumar, pero convencido de que de nada serviría”. Pero su tristeza es mayor al ver la lista publicada: “Lo que más me duele es quedar como un mentiroso, con el daño que me ha producido de por vida. En fin, la Iglesia es como la banca, nunca pierde”. Los mercedarios no aparecen en la contabilidad de la Iglesia y este caso, oficialmente, no existe.
La CEE presentó Para dar luz como el informe definitivo sobre el escándalo, pero ha resultado ser una controvertida maniobra para reducir el número oficial de casos y contrarrestar la auditoría que los obispos encargaron al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. Para ello, la CEE utilizó un informe provisional que les filtró su topo en el bufete, Alfredo Dagnino, luego despedido por ello. Pese a que el despacho advirtió de que era un listado deficiente que debía ser desechado, la CEE lo asumió. Realizó un copia y pega del documento, erratas incluidas, y secundó su polémica clasificación de casos, que distinguía entre probados y no probados, algo inédito en los trabajos de este tipo. De hecho, muchas diócesis y órdenes protestaron a la CEE porque esa catalogación se hizo a sus espaldas.
La diócesis de Bilbao es un ejemplo. En esa lista interna, registra 32 denuncias y oficialmente solo se cree dos (una probada y otra verosímil), aunque este obispado precisa a EL PAÍS que nunca clasificó así sus casos. K. Zubeldia, por ejemplo, habló con la diócesis de Bilbao para denunciar abusos en los sesenta de un sacristán de la parroquia de Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando. Ahora ve que su caso, el número 32 de la lista de Bilbao, figura como “no probado”. “Me parece inverosímil. Esto es una afrenta a mi integridad. Además el uso de ‘supuestamente’ marca claramente el sesgo de la persona que compila el reporte. Yo era menor de edad y el abusador fue el sacristán. No hay ‘supuestos’ en esto. Me parece insultante que me traten de esta manera”.
Leonor García, que denunció abusos del cura Martín Valle García en los setenta en el hospital de Santa Marina de la capital vizcaína, también está desolada. El suyo es el caso número 10, “no probado”: “Mi experiencia con la comisión de víctima de la diócesis no es buena, nunca hicieron nada, no me dieron información que tenían, jugaron al despiste conmigo, solo me ayudó el obispo”. La CEE aún no ha rectificado esta clasificación, ni ha aclarado si continuará aplicándola.
En la lista oficial de la Iglesia hay tres que han sido declarados “falsos”. Uno de ellos, registrado como “caso 1” de la diócesis de Oviedo, fue revelado por EL PAÍS: es el de V. C., una de las primeras víctimas que escribió a este diario para acusar al sacerdote Eustasio Sánchez Fonseca de abusos cometidos en Villaviciosa (Asturias) en los ochenta. Relató que en 2002 su madre llamó al ahora cardenal Carlos Osoro, entonces arzobispo de Oviedo, para pedir ayuda y la ignoró, algo que Osoro admitió luego a este periódico como un error. En 2015, también escribió una carta al actual arzobispo, Jesús Sanz, que después de reunirse con ella le cerró las puertas de la diócesis. “Me dijo que era mi palabra contra la suya”, asegura.
El informe de la CEE también es muy confuso sobre cómo ha gestionado los cientos de casos que le ha remitido EL PAÍS. Entre 2021 y 2023, este diario entregó a los obispos y al Vaticano cuatro informes con más de 700 testimonios contra 545 clérigos y laicos, pero la Iglesia siempre ha argumentado que si las víctimas no se ponen luego en contacto con la institución no pueden investigar. Sin embargo, son muchas las que lo hicieron y no obtuvieron respuesta o fueron ninguneadas. Por ejemplo, S. L., que denuncia abusos en el colegio salesiano Santo Domingo Savio de Valencia por parte del profesor E. L. en los sesenta, escribió al correo electrónico que abrió la CEE en junio de 2022. Explica que solo recibió un mensaje automático: “Buenos días: Acusamos recibo y agradecemos el envío de esta información. Sentimos el dolor que haya podido sufrir. Saludos cordiales”. No lo llamó nadie nunca.
En otros casos la Iglesia respondió, pero para hacer lo mínimo. Como a Vicente Cortés, que acusó de abusos en 1965 al párroco de Higueruelas (Valencia), Enrique Cogollos. “Denuncié ante el obispado mi caso y no dijeron nada sobre la credibilidad que daban a mi testimonio, solo que ese sacerdote se había secularizado hacía tiempo y no pidieron perdón”. Se ha enterado ahora, por la lista revelada por EL PAÍS, de que la Iglesia considera su caso, el número 4 de Valencia, como “no probado”.
La lista secreta de la Iglesia sobre cómo gestiona sus casos evidencia que en la mayoría de las ocasiones el testimonio de la víctima no tiene ningún valor, más aún si el acusado ha fallecido. En esos casos pasa a ser “no probado”. Esto lleva a una llamativa contradicción en muchas ocasiones porque no se cree, pero se produce una petición de perdón, acompañamiento o ayuda psicológica. En realidad hay un doble juego, porque a la víctima nunca se le dice que no se la ha creído.
Algunas víctimas deciden acudir directamente al Papa, para ver si en Roma las escuchan. Como ha hecho B. M., que denuncia abusos en el colegio Europa de Málaga de un sacerdote que incluso apareció en Interviú en 1987, Antonio Muñoz Rivero, con cinco hijos secretos y cuyas tres hijas lo acusaban de abusos. Cuando salió en la revista desapareció del colegio, pero la única medida fue enviarlo a Venezuela. Fue este diario quien identificó al sacerdote, porque el obispado nunca le dio información. Salvo unos meses después, cuando le escribió un mail: “Me dijeron que por la defunción del sacerdote se archivaba mi caso”. No figura entre los cuatro que dice tener registrados este obispado, donde la base de datos de EL PAÍS señala 11. De la Iglesia española no espera nada, solo le queda el Papa.
“La Iglesia es como la banca, nunca pierde”, asegura uno de los denunciantes
Algunos acuden directamente al Papa porque ya no esperan nada de la CEE
Si conoce algún caso que no ha sido denunciado o no figura en esta información, puede hacérnoslo llegar a través del correo electrónico abusos@elpais.es.