Venezuela y su empresa estatal de petróleo recorren en paralelo el camino del declive
Cuatro directores de PDVSA en la era del chavismo han sido acusados de corrupción. La compañía fue modélica y registró superávit durante décadas
La decadencia de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), la empresa estatal de crudo, ha corrido en paralelo a la del país en los últimos años. La historia de Tareck El Aissami —ministro del Petróleo y hombre de confianza de Nicolás Maduro, que acaba de ser detenido por la Fiscalía por el desvío de miles de millones de dólares— no es una excepción; más bien es una regla. Cuatro directores de la compañía durante el chavismo han sido acusados de corrupción. Dos de ellos, sentenciados, uno se encuentra en el exilio y otro murió en prisión. La principal fuente de financiación venezolana derivó en una trama de codicia y deshonestidad.
Rafael Ramírez, presidente de PDVSA desde 2004 hasta 2013, el zar energético de Hugo Chávez en su mejor momento político y uno de los referentes tradicionales en las estructuras de poder revolucionario, está ahora en el exilio, enfrentado a acusaciones por corrupción formuladas por sus antiguos compañeros. A Ramírez y su entorno se les ha responsabilizado de malversar, junto a sus allegados, varios millones de dólares en gigantescas operaciones irregulares, desvíos de capitales, cuentas secretas, sobornos y lavado de dinero —él lo niega—. Antes, en 2016, los diputados de la oposición le habían hecho señalamientos muy similares.
Ramírez fue sustituido en 2014 por Eulogio del Pino. El 4 de septiembre de 2017, organismos de seguridad del Estado tocaron la puerta de su casa en la madrugada y se lo llevaron preso, acusado de peculado doloso (malversación de fondos públicos), agavillamiento (acaparamiento) y sobreprecio en operaciones millonarias en dólares en perjuicio del interés nacional. Los antichavistas siempre sospecharon de Ramírez y denunciaron su corruptela, hasta que el oficialismo actuó en su contra.
A Del Pino lo relevó Nelson Martínez, detenido por corrupción al año siguiente, el tiempo en el cual las calles del país crepitaban de ira ante la hiperinflación y la escasez de medicinas y comida. Martínez murió en la cárcel ese mismo año, a causa de padecimientos cardíacos crónicos agravados por su situación personal. Sus familiares denunciaron que llevaba un año detenido sin juicio.
Pasaron las administraciones de Manuel Quevedo y Asdrúbal Chávez, sin escándalos a la vista, pero gestionaron una compañía sancionada internacionalmente, necesitada de mantenimiento, con su personal cualificado emigrando y descapitalizada a una enorme velocidad gracias al anclaje cambiario que el Gobierno de Nicolás Maduro se negaba a derogar.
La producción petrolera nacional llegaba a una caída libre de 400.000 barriles diarios, cuando hace 10 años producía 2,5 millones. El último eslabón de esta historia lo escribe el propio El Aissami, la cabeza más importante de una nueva purga anticorrupción, en un caso, PDVSA-Crypto, que comprendió una sangría de dinero calculada en 21.000 millones de dólares. Tras unos meses de alivio a las sanciones petroleras, Washington volverá a imponer restricciones a la venta internacional este mismo jueves si Maduro no se aviene a celebrar elecciones con garantías el próximo 28 de julio.
El parteaguas histórico entre la nueva PDVSA, de los tiempos del chavismo, y la antigua Petróleos de Venezuela, fundada en la democracia, se concretó hace 22 años, el 11 de abril de 2002. Entonces, Hugo Chávez enfrentó una conjura para deponerlo a partir de un multitudinario movimiento ciudadano que salió a las calles a pedirle la renuncia después de un tormentoso periodo de estridencias y decisiones de Estado unilaterales.
Aquella fue la primera vez que PDVSA entraba en el huracán de un apasionado debate público: Hugo Chávez —consciente de que tenía en contra a la directiva de la compañía— llevó a cabo una campaña para colonizar con sus objetivos políticos los mandos de la organización. En un momento de ira, muy poco antes del golpe que intentó deponerlo, despidió a todos los ejecutivos en la cadena nacional de radio y televisión, con un casco puesto y un silbato en la boca.
La militancia chavista argumentaba por entonces que, si PDVSA “estaba bien”, pues “el país no lo estaba”. El Gobierno quería usar los ingentes ingresos de la compañía para orientarlos a la inversión social, a lo cual se oponían tenazmente los gerentes de la estatal. Chávez desarrolló una estrategia para arrinconar a la alta gerencia de PDVSA (estigmatizada con sorna como “la meritocracia”) acusándola de encarecer deliberadamente los costos de producción, de cobrar salarios excesivos, de obrar para los intereses de las empresas transnacionales y de constituir una élite privilegiada en una sociedad llena de necesidades.
“Para mí, el declive de la industria tiene que ver con la caída de la producción de petróleo y gas. El año clave es 2005”, recuerda Rafael Quiroz, economista petrolero y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Entonces el país bajó, para no recuperar jamás, del umbral de los tres millones de barriles diarios.