La CIA protege los datos de la firma española que espió a Assange
William J. Burns alega ante el juez de Nueva York los posibles daños a la seguridad de EE UU
El director de la CIA, William J. Burns, se amparó en la Ley de Seguridad Nacional de 1947 y la ley de esta agencia de 1949 para no facilitar ninguna información a un juez del tribunal de Nueva York que investiga el espionaje al que fue sometido Julian Assange por una empresa española durante su estancia en la Embajada de Ecuador en Londres “porque podría causar graves daños a la seguridad de los Estados Unidos”.
El responsable del servicio de inteligencia remitió una declaración de ocho folios al juez John G. Koeltl, en la que pide se le reconozcan estos “privilegios para proteger fuentes, métodos y actividades” de la CIA que tuvieran relación con este caso. El magistrado del tribunal de Nueva York resolvió el pasado diciembre que la empresa española UC Global S. L y la CIA violaron los derechos y la privacidad de los ciudadanos estadounidenses que visitaron al fundador de Wikileaks durante su estancia en la legación diplomática ecuatoriana, derechos que garantiza la cuarta enmienda de la Constitución. Cuatro ciudadanos estadounidenses, dos abogados y dos periodistas demandaron a Mike Pompeo, exdirector de la CIA, a la agencia de inteligencia y a David Morales, exmilitar español y dueño de la compañía con sede en Jerez de la Frontera que se ocupaba de la seguridad en la Embajada londinense durante el Gobierno de Rafael Correa.
La declaración del actual director Williams J. Burns, a la que ha tenido acceso este diario, está fechada el pasado 27 de marzo y pretende anticiparse a la siguiente fase del procedimiento en el que los demandantes pedirán el discovery (la desclasificación de la operación de la CIA) y el juez podría autorizarla, según señalan fuentes jurídicas. Una misión secreta cuyos detalles (audios, vídeos, correos y documentos) fueron desvelados por una investigación de EL PAÍS. Pruebas que han presentado en su demanda las cuatro víctimas del espionaje ante la justicia de Nueva York.
Burns argumenta que “admitir o negar que la CIA tenga información implicada en las alegaciones de la demanda podrían causar serios, y en algunos casos, graves daños a la seguridad nacional de los Estados Unidos”. El responsable del servicio de inteligencia más poderoso de EE UU reitera que sus privilegios legales abarcan la negativa a la divulgación de la actividad de la CIA en este caso y toda la información relativa a fuentes, métodos e intereses clasificados.
Además de esta declaración, el responsable de la CIA entregó al juez un informe ex parte, de acceso exclusivo para el magistrado, donde explica con detalles que solo el instructor puede conocer por qué desclasificar esta operación de espionaje causaría un daño grave a la seguridad nacional de EE UU. El juez John G. Koeltl reconoció que se violaron los derechos de los demandantes cuando los empleados de UC Global S.L. se hicieron con sus móviles y fotografiaron sus claves y contenido, prácticas que considera ilegales. Pero desestimó las grabaciones con micrófonos de sus conversaciones con Assange en la Embajada y las fotografías de sus pasaportes, señalando en su resolución que no son ilegales.
Para el magistrado, las últimas actividades de los trabajadores de UC Global S.L. no constituyen delito “por la no expectativa de privacidad [de los demandantes] en esa embajada”, al ser un lugar público. Para el instructor del caso, los demandantes han presentado pruebas suficientes de que Morales, el exmilitar español dueño de la empresa, actuó como agente o colaborador y siguiendo instrucciones de la CIA y de su director Pompeo, ex secretario de Estado durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021).