Las nuevas sanciones torpedean la difícil recuperación venezolana
La Casa Blanca, desde la Administración Obama, presiona al régimen de Maduro para lograr una apertura democrática
Estados Unidos ha recurrido una vez más a las sanciones como medida de presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Ayer, Washington reactivó las restricciones al sector energético suspendidas hace seis meses ante el veto a candidatos opositores como María Corina Machado, inhabilitada por el chavismo. En la práctica, no se ha renovado la llamada Licencia General 44, que permitió a Venezuela comercializar su gas y crudo en los mercados internacionales. Pero esa presión, ahora ejercida en plena carrera hacia las presidenciales del 28 de julio, no es nueva. Abarca tres administraciones en la Casa Blanca y se ha ido complicando progresivamente.
En 2015, bajo el mandato de Barack Obama, se impusieron las primeras medidas en el marco de la Ley de defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela, con la que se pretendía castigar a los señalados como responsables de violaciones de derechos fundamentales. Se trataba de sanciones individuales contra altos mandos de cuerpos de seguridad, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Policía Bolivariana y la Guardia Nacional, involucrados en la violenta represión de protestas antigubernamentales de 2014.
Las primeras sanciones de carácter económico se remontan a 2017. El Departamento del Tesoro a las órdenes de Donald Trump impuso restricciones a las operaciones, transacciones y negociaciones entre entidades y personas estadounidenses y el Gobierno venezolano. En los años siguientes, se fueron agregando sectores y organismos específicos. En 2019, en pleno pulso entre el opositor Juan Guaidó y Maduro, Washington golpeó a la petrolera estatal PDVSA, muy debilitada por la crisis económica y la corrupción, y sus empresas filiales. En esa ocasión, se suspendió el intercambio petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, un tradicional cliente y pagador de la petrolera sudamericana que le despachaba entonces unos 500.000 barriles diarios. De esta manera, se complicó la comercialización del crudo de PDVSA en los mercados internacionales y llevó al país caribeño a recurrir al mercado negro de petróleo, ofreciéndolo con grandes descuentos, y a tretas como el uso de buques fantasma para asegurar la venta o el trueque por mercancías o derivados de hidrocarburos de los barriles que se iban quedando en los muelles de PDVSA.
La flexibilización del bloqueo a la venta del petróleo venezolano empezó en febrero de 2022, cuando Rusia invadió a Ucrania. El desajuste del mercado energético global terminó acercando a Estados Unidos al Gobierno de Maduro. Largas conversaciones y al menos seis reuniones en Doha, auspiciadas por Qatar en paralelo a las negociaciones con la oposición que habían iniciado un año antes en México, llevaron a los Acuerdos de Barbados, con una serie de compromisos políticos, y a la implementación de la Licencia 44. Esta licencia abrió la puerta a la producción, extracción, venta y exportación de petróleo o gas desde Venezuela.
El alivio de las sanciones ha tenido un impacto limitado en el mercado energético mundial y en la economía de los venezolanos. Remontar la producción, después de años de desinversión y mala gestión, ha sido difícil para PDVSA, que no ha logrado elevar significativamente el número de barriles producidos.
Venezuela, un país que en otro tiempo llegó a más de tres millones de barriles diarios, no ha vuelto a superar el millón desde que registró sus mínimos en el momento de mayor crisis en las operaciones de la empresa estatal, que se agudizó con el veto de Estados Unidos al petróleo venezolano. Hoy se producen entre 800.000 y 850.000 barriles diarios. El dinero que ha entrado en las arcas del Gobierno de Maduro le ha permitido hacer inyecciones de dólares al mercado para mantener a raya la inflación. Pero el gasto social sigue contraído. Hace dos años que no se aumenta el salario mínimo en Venezuela, hoy equivalente a poco más de tres dólares mensuales.
El alivio de las sanciones despertó el interés de petroleras europeas, indias y chinas. PDVSA y la española Repsol firmaron el miércoles un acuerdo de extensión del área geográfica de la Empresa Mixta Petroquiriquire. La licencia 44 que Washington ha decidido no renovar ha sido sustituida por la Licencia 44A, que da mes y medio a las empresas para el cierre de las operaciones. “Venezuela con licencia y sin licencia va a seguir creciendo”, dijo Pedro Tellechea, jefe de PDVSA.
Las restricciones son la respuesta al veto de Caracas a candidatos opositores El país exportaba tres millones de barriles diarios; hoy no pasa de 850.000