Iberdrola y el Estado, responsables civiles por contratar con Villarejo
El magistrado instructor procesa al comisario jubilado y al exjefe de seguridad de la eléctrica
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón declaró ayer a Iberdrola y a la Administración del Estado responsables civiles por la contratación por parte de la compañía eléctrica de los servicios de espionaje del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Así lo ha determinado el magistrado instructor en un auto en el que también propone juzgar al agente encubierto, a su socio Rafael Redondo, y al que fuera director de Seguridad de la compañía Antonio Asenjo por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad de documento mercantil.
El instructor ordenó el pase a procedimiento abreviado —que implica el inicio de la fase intermedia que abre la vía para formular los escritos de acusación— de la pieza número 17 de la macrocausa Tándem, en la que se han investigado una decena de encargos irregulares que Iberdrola, a través de su exjefe de Seguridad, hizo al excomisario de Policía entre 2004 y 2014 por un importe total de 1.455.064 euros.
Tras más de cuatro años —en octubre de 2019 se inició la investigación sobre dichos trabajos realizados por Cenyt, el entramado empresarial liderado por el expolicía—, el juez considera que hay suficientes indicios para acreditar que Asenjo, en su condición de director de Seguridad de Iberdrola y “con pleno conocimiento” de que José Manuel Villarejo se encontraba en servicio activo como comisario de la Policía Nacional, encargó numerosos trabajos de “inteligencia” sobre personas físicas y jurídicas para proteger a la eléctrica frente a hechos que pudieran ser perjudiciales.
Según consta en el sumario, los primeros trabajos que Villarejo realizó para Iberdrola fueron en 2004, que se denominaron proyecto Arrow (hasta 2006) y proyecto Aglow (que se actualizó en 2017). El objetivo del primero era superar los obstáculos que estaban surgiendo para la puesta en marcha de una central de ciclo combinado en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera; mientras que el segundo era una solicitud de “colaboración permanente” con Iberdrola para obtener información que pudiera resultar de interés para la compañía y que le sirviera para defenderse frente a cualquier actuación que pudiera perjudicar sus intereses.
A la vez, Cenyt llevó a cabo el proyecto Black Board o B-B (2004 y 2005), para obtener información supuestamente sensible sobre las actividades del expresidente de Endesa Manuel Pizarro. En el marco de este espionaje, Villarejo también desarrolló el proyecto Quarter para obtener datos sobre las personas con las que Pizarro pudiera haber contactado en relación a la opa que en el año 2005 lanzó Gas Natural sobre Endesa.
A estos le siguieron otros trabajos bautizados como Front (2007), que tuvo por objeto la investigación de trabajadores de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) sobre los que había sospecha de haber facilitado información a terceros sobre la instalación; Gipsy y Posy (2009), relacionados con el presidente de ACS, Florentino Pérez, y un directivo de Iberdrola; o Sugus (2010), que consistía en investigar a Gustavo Buesa Ibañez, quien había sido designado consejero de la filial Iberdrola Renovables. El último de la lista es el proyecto Wind (2011), sobre el supuesto espionaje a la suiza Eólica Dobrogea.
Por estos hechos también estuvo investigado el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y su entonces cúpula directiva, si bien tras un año de imputación el juez se vio obligado a archivar la causa contra ellos por la prescripción de los delitos atribuidos.
La compañía pagó al policía 1.455.064 euros entre los años 2004 y 2014 Los trabajos afectaron tanto a personas como a otras compañías