La defensa de Zaplana trata de desacreditar la investigación de la Guardia Civil
Los agentes atestiguan en el juicio al exministro que los documentos incautados ya apuntaban al blanqueo
Uno detrás de otro, los agentes de la Guardia Civil que declararon ayer en el juicio por el llamado caso Erial narraron que su experiencia en la investigación de otros casos de corrupción les ha llevado a saber que la unión de “adjudicaciones públicas” y “sociedades en Luxemburgo” son síntomas de una operativa de mordidas y blanqueo. Ante sus testimonios, la defensa del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del PP Eduardo Zaplana trató de desacreditar su trabajo, los registros en domicilios y despachos y la incautación de documentos.
El juicio a Zaplana por los presuntos amaños en las adjudicaciones de las ITV y los parques eólicos de la Comunidad Valenciana cuando él presidía la Generalitat comenzó ayer su fase testifical, momento en el que los investigadores empiezan a ratificar ante el tribunal lo plasmado en informes y diligencias. Los primeros fueron los guardias civiles que realizaron los registros en los que se incautó, entre otros, el documento que inició el caso Erial. En ese documento, de cinco hojas escritas a máquina y con tachaduras, la trama exponía, según la investigación, el resumen de los “trámites efectuados” sobre las adjudicaciones públicas, las empresas licitadoras y el importe que debían abonar estas para la obtención de los contratos. La prueba fue localizada en el transcurso de la investigación de otra causa en la que está implicado Marcos Benavent, el conocido como Yonqui del dinero. Según declaró en su día, el escrito que recoge la hoja de ruta de los amaños fue entregado por un ciudadano que alquiló una vivienda que había sido propiedad de Zaplana.
Los agentes defendieron ayer ante el tribunal la legalidad de la operación en la que incautaron los documentos y la fidelidad de las palabras del ciudadano sirio que les habló de la procedencia de esa hoja de ruta. Además, mantuvieron que el análisis de esta, unida a un recorte de un medio de comunicación en el que se hablaba de las adjudicaciones, ya les hizo sospechar. “Sugerían un posible amaño o intención”, explicó uno de los miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. “Después de 12 años de experiencia, dedicándome a la investigación económica y a otros casos de corrupción, una documentación así, para mí, significaba esa posibilidad de blanqueo”, insistió.
Esta no era la primera vez que se ha tratado de desacreditar o anular las pesquisas que dieron inicio a la operación por la que Zaplana acabó detenido en 2018, acusado de malversación, cohecho y blanqueo, entre otros delitos. El propio Benavent cambió en noviembre de 2021 su estrategia: de colaborar con la justicia pasó a tratar de torpedearla intentando sacar de la investigación documentos como el que señala a Zaplana.