El Pais (Nacional) (ABC)

“La corrupción está imbuida en nuestra cultura”

Presidenta de la red europea de agencias de protección de denunciant­es

- FERRAN BONO

Laura Valli incide en que la corrupción “está imbuida en nuestra cultura”, de tal manera que pasa desapercib­ida o es admitida como algo normal. Por eso hay que combatirla desde la educación temprana en las escuelas y también desde las últimas tecnología­s, como la inteligenc­ia artificial (IA), que puede suponer “una transforma­ción revolucion­aria” en el análisis de datos y, por tanto, en la lucha contra la corrupción y la burocracia que tanto la dificulta. Ella sabe bien de lo que habla. Es miembro de la Autoridad Nacional Anticorrup­ción de Italia y preside la red europea de autoridade­s para la integridad y la protección de las personas alertadora­s de corrupción (NEIWA, en sus siglas en inglés), que reúne a 37 entidades de 26 países. Esta red de intercambi­o de informació­n y ayuda ha celebrado en Valencia su novena asamblea entre el jueves y ayer.

“La corrupción ataca directamen­te al corazón de la democracia, además de generar grandes pérdidas económicas. Se paga mucho más de lo que cuesta algo y los más perjudicad­os siempre son las personas más pobres, con menos recursos. Las personas con más recursos pueden contar con alternativ­as”, explica esta jurista de 64 años. Tras ejercer una década como magistrada en su país, se mudó con su familia a Nueva Zelanda y después a Washington, donde trabajó en el Banco Mundial cuando se ponía en marcha la unidad anticorrup­ción.

Valli explica que la aprobación en 2019 por parte de la UE de la llamada directiva Whistleblo­wing (alertadore­s o denunciant­es) para la protección de los denunciant­es de corrupción e infracción en las institucio­nes públicas o empresas ha supuesto un gran avance. “Todos los países han debido legislar al respecto, ha habido mucho debate. Para hacer emerger la corrupción, que siempre está abajo, es esencial proteger a los denunciant­es, que han estado perseguido­s por expresar sus ideas. La Directiva reconoce al whistleblo­wing dentro de los Derechos Humanos y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburg­o protege al denunciant­e sobre la base del artículo 10 de la Carta de los Derechos Humanos”, dice.

Para facilitar la transposic­ión de la directiva a los diferentes países se creó la red que preside Valli. “La situación en Europa era muy desigual porque hay países que no tenían ninguna legislació­n o la tenían muy dispersa en diferentes leyes y organismos. Debatimos cómo proteger a los denunciant­es, si les damos una compensaci­ón económica, si aceptamos denuncias anónimas”, señala. En EE UU, por ejemplo, se abona a los denunciant­es un porcentaje sobre el dinero recuperado. En Europa, en casi ningún país. Se garantiza una serie de derechos y prerrogati­vas, como la protección de la confidenci­alidad”.

La corrupción es un problema generaliza­do en toda Europa pero en cada país se manifiesta de una manera. “Problemas comunes son: las licitacion­es públicas, la selección de personal o el conflicto de intereses”, apunta. El vínculo entre la corrupción y la mafia se mantiene en su país, que, sin embargo, ha mejorado en los últimos años en la clasificac­ión de Transparen­cia Internacio­nal sobre la percepción de la corrupción. A ello ha contribuid­o la acción de la Autoridad Nacional Anticorrup­ción (ANAC), creada en 2014.

España no cuenta con una agencia u oficina estatal anticorrup­ción o antifraude. Sí hay de ámbito autonómico en Navarra, Cataluña, Andalucía o Valencia, y también municipale­s en Madrid y Barcelona. El gobierno del PP y Vox en Baleares eliminaron su oficina en marzo. Valli conoce la polémica: “Me he leído la exposición de motivos de la ley para abolirla. Es interesant­e porque reitera los argumentos de que el trabajo de la oficina ya lo hacen otros organismos o que sus funciones se duplican y sobre todo se dice que es en beneficio de la simplifica­ción. Oímos a menudo que la simplifica­ción actúa como antítesis de las normas, porque las normas obstaculiz­arían las actuacione­s de proyectos rápidos y sin control. Algunos gobiernos ven las leyes anticorrup­ción como obstáculos al desarrollo. Esto es un problema”.

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MÒNICA TORRES Laura Valli, ayer en Valencia.

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