La conjura contra Trapero: el debut de la policía patriótica
Villarejo y mandos policiales investigados por corrupción maniobraron contra el ‘major’ de los Mossos d’Esquadra
Lluís Trapero alcanzó, en el verano de 2017, unas cotas de popularidad impropias de un policía. El entonces major de los Mossos fue la voz firme y serena que se elevó sobre el caos de los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils. Sin tiempo para asimilar esa popularidad, el referéndum ilegal del 1-O —en el que la policía catalana evitó cargar— le convirtió en héroe del independentismo y villano del Estado, que le llevó a juicio (acabó absuelto) por sedición. Pero en noviembre de 2009, ocho años antes, Trapero era un perfecto desconocido. Ni siquiera personas que habían hecho del tráfico de información una forma de vida lo conocían. “¿Quién es Trapero?”, preguntó el comisario José Manuel Villarejo a dos policías con los que conspiraba en un restaurante de Madrid. Pronto iba a saberlo. Fue el comienzo de una venganza de un grupo de policías amigos de Villarejo, a los que el major había llevado a la cárcel.
EL PAÍS ha accedido a la denuncia que Trapero presentó hace dos meses, cuando la conversación en el restaurante (entre otras grabaciones y anotaciones de Villarejo) salió a la luz. Todo ese material confirma lo que íntimamente había sospechado: que un grupo de policías afectado por sus investigaciones había influido en el desarrollo de una causa judicial (el caso Macedonia) para lograr su imputación. “La delincuencia organizada se instaló durante un largo periodo en despachos oficiales”, señala la denuncia. Trapero asegura que los casi 10 años que duraron esas “maniobras de destrucción personal” le causaron “un evidente malestar, físico y emocional”, lo dejaron en “un estado de alerta continuada” y le obligaron a dar “explicaciones en el ámbito familiar y personal”.
Los policías llevaron a cabo una “investigación perversa y prospectiva” contra él, actuaron “con total impunidad” empleando recursos públicos y “engañaron e influyeron” a un juez de Barcelona para que le imputara por proteger a un narcotraficante, algo que finalmente no sucedió.
Todo empezó con un coche en una calle de Barcelona. El 28 de mayo de 2009, un traficante, Juan Miguel Bono, recogió del maletero una bolsa que, supuestamente, contenía más de 50 kilos de cocaína. El chivatazo de un rival, que le tendió una trampa, permitió a la Guardia Civil detenerlo. En el calabozo, Bono recibió la extraña visita de un inspector del Cuerpo Nacional de Policía de Cornellà, Ramon Santolaria, quien apenas unos días antes había concluido que Bono formaba parte de un grupo dedicado al tráfico de drogas dirigido por un tal Manuel Gutiérrez Carbajo.
Gutiérrez Carbajo es un personaje determinante, el hilo de que lleva hasta la conspiración contra Trapero. Aunque nunca fue condenado por tráfico, tenía excelentes conexiones con el mundo criminal de Barcelona. Y se convirtió en confidente policial. Su testimonio fue decisivo en dos operaciones que desprestigiaron a parte de la cúpula de la Policía Nacional en Cataluña. En el caso Gamba Roja, que estalló en 2005, ayudó a descubrir una trama de policías que se lucraban con el tráfico de drogas en el puerto; uno de los detenidos fue el inspector Antonio Giménez Raso, que tras su caída en desgracia fue acogido por Villarejo como socio y se convirtió en su hombre en Cataluña y princiJosep
La caza empezó con una operación antidroga en Barcelona
La venganza se fraguó desde un restaurante de Madrid
pal impulsor de la vendetta. En el caso Riviera y Saratoga, el confidente señaló a veteranos mandos que cobraban a cambio de proteger la actividad de esos dos macroburdeles de Castelldefels.
Bajo la batuta de Trapero, entonces jefe de investigación de los Mossos, las detenciones por la trama de los prostíbulos se efectuaron en marzo de 2009 y alcanzaron a un comisario de Policía, Luis Gómez, que había sido jefe en Cornellà, la misma comisaría desde la que llegó el inspector a interrogar a Bono por el incidente de la droga. Solo habían pasado dos meses de la detención de Gómez. El episodio se volvió aún más extraño cuando resultó que la mayor parte de la cocaína era solo azúcar y yeso, lo que llevó al juez Joaquín Aguirre a pensar que los guardias civiles podrían haber dado el cambiazo. Y ocho meses después llegó la charla entre Villarejo, Giménez Raso y el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera, también socio del comisario jubilado.
En esa comida se sientan las bases de una conspiración que, en un primer momento, se centró en Gutiérrez Carbajo (quieren pincharle el teléfono y sostener que “lidera una organización donde puede haber guardias civiles, mozos (sic) d’esquadra”); en el fiscal anticorrupción David Martínez Madero (“ya deslizaríamos en la nota que el Madero recibe 7.000 euros todos los meses; eso se monta y luego que se explique”); y, en menor medida, al todavía desconocido Trapero.
La muerte súbita del fiscal en 2011 y la causa sobre la droga del maletero pusieron a Trapero en la diana. El juez Aguirre quiso que Trapero le pidiera intervenir los teléfonos de los guardias civiles que participaron en el incidente. Trapero contestó que no tenía ningún indicio y no iba a hacerlo pero que, si él se lo ordenaba, cumpliría. La relación se quebró. Y el juez pasó a sospechar de los mossos, hasta el punto de mantener imputados durante ocho años (fueron exculpados sin llegar a juicio) a los miembros de la unidad anticorrupción. El grupo de Villarejo encontró en esa instrucción, llamada caso Macedonia, la oportunidad de imputar a Trapero.
La Fiscalía se alejó de las teorías de la sospecha del juez, que permitió al sindicato Manos Limpias ejercer la acusación popular. Lo que empezó como una venganza de policías pasó a ser un encargo oficial en 2012, con el comisario Eugenio Pino como director adjunto operativo (DAO) de la Policía. Por las anotaciones de Villarejo, Trapero asegura que “manipularon y engañaron” al juez, con el que lograron establecer una “interlocución directa”. Pero tampoco le sirvió para imputarlo. Trapero salió airoso, pero ya convertido en otro objetivo de la Operación Cataluña.