La desolación cunde entre los jueces ante otra renovación frustrada del CGPJ
La carrera se queja del deterioro de la imagen de la justicia y el desánimo que provoca el bloqueo político, mientras el órgano se prepara para la salida de Guilarte
La marcha del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, que actuaba como mediador entre el PSOE y el PP para tratar de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace cinco años y cinco meses, ha enfriado las expectativas de alcanzar un acuerdo antes del verano y ha extendido la inquietud entre la carrera judicial. Las principales asociaciones de jueces han emitido comunicados en los últimos días instando a la renovación “inmediata” y advirtiendo de las consecuencias de esta situación, que no solo afecta al funcionamiento del CGPJ, sino que hace tiempo que se deja notar en el día a día de los tribunales, especialmente del Tribunal Supremo, y que, según lamentan los jueces, está deteriorando la imagen de la justicia.
Los efectos del bloqueo, señalan jueces consultados, son difíciles de concretar, pero lo impregnan todo. Los vocales del CGPJ defienden que ellos siguen haciendo su trabajo, pero los jueces se quejan de que, desde que el órgano está en funciones, no aborda planes a largo plazo que puedan servir para combatir problemas que se han agravado en el último lustro, como el aumento de la litigiosidad, o para tomar medidas ante las jubilaciones que se esperan (un 30% de la carrera cumplirá 70 años en la próxima década). “La sensación es que no se está haciendo nada que ayude a la justicia de base”, lamenta Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda más representativa y de tendencia moderada.
Esas carencias acaban trasladándose al ciudadano, que tiene que esperar más para que se resuelva su caso. Según los datos del propio CGPJ, la duración media de los procedimientos se ha duplicado en la última década en algunos órganos, desde los juzgados de primera instancia e instrucción encargados de los procedimientos civiles y penales a varias de las salas del Tribunal Supremo, el responsable de asegurar la aplicación uniforme de las leyes.
El Supremo es el órgano más afectado, ya que una reforma legal aprobada en 2021 prohíbe que el CGPJ cuando, como ahora, esté en funciones, realice nombramientos discrecionales, que es la vía por la que se elige a los presidentes de la Audiencia Nacional, de los tribunales superiores autonómicos y de las audiencias provinciales, y a todos los magistrados del alto tribunal. El PSOE impulsó ese cambio en un intento de presionar al PP para renovarlo. Tres años después, los populares siguen poniendo excusas cambiantes para mantener el CGPJ bloqueado y el Supremo tiene vacantes 25 de sus 75 plazas.
“Estamos pluriempleados, tapando agujeros. La situación no es de recibo”, se queja un magistrado de la Sala de lo Contencioso, que tiene vacíos 12 de sus 33 puestos. Los magistrados de esta sala están divididos por secciones, pero en los últimos años muchos de ellos tienen que incorporarse a secciones que no son la suya para conseguir que sumen los cinco jueces necesarios para formar tribunal. “Hacemos un trabajo que no nos corresponde, no sé si va a llegar un día que nos plantemos, pero esto no puede mantenerse así eternamente”, advierte este magistrado.
Aunque en otros tribunales las consecuencias de la falta de renovación no sean tan tangibles, los jueces aseguran que pesan como una losa. “Hay un desánimo general”, señala Edmundo Rodríguez,
portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, de tendencia progresista. El desaliento, aseguran los jueces, tiene varios focos. Unos de ellos, la sensación de carrera truncada de jueces que aspiraban a puestos en tribunales provinciales o autonómicos o a conseguir una plaza en el Supremo. “La gente ahora aspira a cumplir 62 o 65 años y jubilarse”, apunta Rodríguez. Un estudio presentado en febrero por la Francisco de Vitoria reveló que las jubilaciones voluntarias o anticipadas se incrementaron en algo más de 15 puntos en un solo año: del 31,4% que supusieron en 2022, al 47,4% de 2023.
En el ánimo de los jueces también influye que se está trasladando al ciudadano la sensación de que los políticos pueden acabar influyendo en el dictado de las sentencias. “Es legítimo que el ciudadano se lo pregunte. De lo contrario, ¿a qué viene tanto interés por controlar el CGPJ?”, advierte el portavoz de la Francisco de Vitoria. “El daño a la imagen que nos hace es impresionante”, añade la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistrate tura (APM), María Jesús del Barco, la mayoritaria y de tendencia conservadora, pero que se ha desmarcado abiertamente de la estrategia del PP respecto al Consejo y pide que se renueve el órgano sin condiciones. “No puedes obligar a un partido a hacer una reforma legal que no quiere, y ahí el PSOE no ha engañado nunca”, señala Del Barco respecto a la imposición de los populares de que, antes de renovar el Consejo, se reforme el sistema de elección para que los 12 vocales jueces sean elegidos por los miembros de la carrera. La APM aboga por esa reforma, que cree “irrenunciable”, pero no compar
que sea una condición previa a la elección de un nuevo Consejo.
La peor contribución a esta imagen de deterioro que lamentan los jueces la aporta el propio Consejo, un órgano diezmado en su composición (de los 21 miembros que le otorga la composición se ha quedado en 16 tras dos dimisiones, dos jubilaciones y un fallecimiento) al que un grupo de ocho vocales conservadores han convertido en un instrumento más para hacer oposición al Gobierno. Este bloque ha ido ganando peso tras las salidas de vocales y volverá a hacerlo cuando Vicente Guilarte, el actual presidente suplente (el segundo interino tras la dimisión en 2022 de Carlos Lesmes), confirme su renuncia, anunciada por él mismo para julio si no hay acuerdo entre el PSOE y el PP.
El sector conservador
Guilarte es un abogado y jurista conservador que, como el resto de vocales de este grupo, fue propuesto por el PP en 2013. Siempre se mantuvo al margen de las cuitas internas de su sector, pero se convirtió en presidente el verano pasado al ser el vocal de más edad y aprovechó la proyección para trabajar en todos los frentes a favor de la renovación. “No se lo han perdonado, le han hecho la vida imposible”, señala un vocal progresista. Guilarte también se ha apartado de los pronunciamientos de su grupo más críticos contra el Ejecutivo, como los acuerdos contra la amnistía o contra la designación del fiscal general, por lo que el sector progresista teme que su salida aumente el poder del núcleo conservador más duro. No obstante, el hecho de que su sucesor sea, también por edad, Wenceslao Olea, magistrado del Supremo al que se atribuye un “perfil institucional” y que tampoco forma parte de ese núcleo atrincherado contra el Ejecutivo, es visto por parte de los progresistas como “un mal menor”.
Para este sector, algunos de los últimos episodios de enfrentamientos entre bloques, como la elección de una letrada con plaza en Madrid para dirigir desde la capital la Escuela Judicial, con sede en Barcelona, constatan el afán de los conservadores por ejercer “un control absoluto” de todos los órganos del CGPJ. El siguiente capítulo se prevé para la próxima semana, cuando el pleno previsiblemente vote si se regula el voto telemático para las elecciones de las salas de gobierno del Supremo, la Audiencia Nacional y los tribunales superiores de justicia. El gabinete técnico del CGPJ lo avala, pero las salas de gobiernos de los principales tribunales, donde la mayoría de miembros electos pertenecen a la APM, se oponen a cambiar un sistema con el que han controlado tradicionalmente la cúpula judicial. Los conservadores del Consejo se preparan para desoír a su gabinete técnico, aseguran fuentes del órgano.
“La gente aspira a cumplir 62 o 65 años y jubilarse”, dicen desde una asociación
La conservadora APM se desmarca de la estrategia del PP y pide la renovación